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FOTO: Manfred Reyes Villa B. ex candidato presidencial boliviano y ex gobernador del estado de Cochabamba-Bolivia.
Arlington VA, diciembre 16 de 2010
Señora:
Dra. Navanethem Pillay
ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Ginebra.-
Distinguida Señora:
Cuando a poco de dejar mi país en enero de este año le escribí una carta a su representante en Bolivia (carta a la que por cierto jamás recibí respuesta), denunciando que se canceló la separación de poderes y que se empleaba la justicia boliviana para descabezar a la oposición, demandando un pronunciamiento de Naciones Unidas sobre los procesos en mi contra, posiblemente dio la impresión que se trataba de un intento de legitimar la salida del país por parte de una ex autoridad sospechada de corrupción y contra la que el gobierno boliviano había interpuesto 18 demandas en un año.
Tras la sistemática suspensión de alcaldes y gobernadores de oposición ejecutada durante este año, mediante procedimientos jurídicos forzados cuando no dudosos, amparados en modificaciones al procedimiento penal que violan el sistema garantista, ejecutadas por autoridades judiciales designadas por el Poder Ejecutivo y siempre bajo el argumento de corrupción e irregularidades en la función pública, creo que Naciones Unidas habrá cambiado en algo su percepción inicial sobre los procesos a dirigentes de la oposición y el respeto del gobierno boliviano por los derechos humanos.
Hace poco el jefe de mi bancada en la Cámara de Diputados y mi ex portavoz visitaron nuevamente la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia con el cometido de entregar una carta en la que, acogiéndonos a la preocupación y las recomendaciones vertidas durante su visita a Bolivia, pedíamos a la Alta Comisionada solicitar al estado boliviano autorización para realizar una auditoría convencional, con el fin de constatar si los operadores de justicia, los instrumentos jurídicos y las acciones/decisiones judiciales respetaban los principios de derecho internacional que han comprometido respetar todos los países miembros de la comunidad de naciones.
Tras esa reunión, ambos me transmitieron su sensación de que efectivamente Naciones Unidas ha dejado de ver con excesiva benevolencia las acciones jurídicas que desde el estado se realiza contra autoridades y ex autoridades de oposición.
Pude constatar aquello, cuando a pocas horas de la reunión sostenida entre mis representantes y el abogado Miguel Desogus, el representante del Alto Comisionado en Bolivia Dennis Racicot se pronunció en medios periodísticos nacionales demandando “fundamentos reales” en los juicios contra opositores (PÁGINA SIETE, diciembre 09 de 2010), pedido que fue airada e inmediatamente respondido por la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Nardi Suxo que “invitó” a la OACDH a “revisar e interiorizarse” de los procesos a autoridades de oposición (LA RAZÓN, diciembre 11 de 2010).
Creo que esta apertura pública del gobierno boliviano a que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos revise de manera oficial los procesos a ex autoridades y autoridades de oposición, abre la oportunidad invaluable de que la Alta Comisionada instruya una auditoría convencional, que nos permita establecer, de manera técnica: a) si las leyes con las que se juzgan a dirigentes de oposición, b) las autoridades judiciales que ejecutan esos procesos y c) las sentencias y fallos evacuados respetan los protocolos y convenciones que el país ha suscrito en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción.
Considero además que, dadas las presiones que ejerce el gobierno boliviano sobre organismos nacionales e internacionales en el país, esta debe ser una tarea que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos asuma y ejecute al más alto nivel.
Finalmente quiero expresarle que comparto la percepción de su representante en Bolivia, el Sr. Racicot, sobre que el problema de la justicia es un problema estructural, y no de este gobierno. La inequidad y las limitaciones en el acceso de las grandes mayorías al sistema judicial, al igual que la discriminación y la corrupción procesal, son sin duda pasivos arrastrados por muchos años.
Pero sería inadmisible emplear esa realidad para disculpar el hecho de que – pretextando introducir ajustes al sistema judicial – se han aprobado leyes, administrado juicios y dictado sentencias que vulneran garantías protegidas por el sistema de naciones unidas y el sistema interamericano de derechos humanos, en el afán de descabezar sistemáticamente a la oposición en Bolivia.
Negarnos a ver que, a título de luchar contra la corrupción y contra el racismo, en Bolivia se está proscribiendo y privando de debido proceso a un grupo específico por sus ideas políticas, sería consentir este atropello que ya canceló, o está en proceso de cancelar, el mandato democrático, los derechos civiles y la libertad de expresión de los líderes de oposición en Bolivia y de todos los bolivianos en última instancia.
Cuando denuncié la naturaleza viciada y política del sistema judicial en Bolivia, quizás el representante en Bolivia de la OACDH tuvo la impresión de que mi denuncia representaba la posición personal de una ex autoridad, que alegaba persecución política para defenderse de las demandas interpuestas por el estado boliviano. Creo que hoy la Alta Comisionada coincidirá en que ya no es posible discutir el uso político de la justicia boliviana y que esto se está convirtiendo en un problema estructural que amenaza no sólo los derechos humanos, sino la alternabilidad y el equilibrio democrático en Bolivia.
Atentamente,
Manfred Reyes Villa Bacigalupi
Ex candidato a la Presidencia de Bolivia y ex gobernador del estado boliviano de Cochabamba
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