FOTO: Carlos Sánchez Berzaín era ministro de Defensa de Bolivia durante el corto periodo de gobierno del Presidente de derecha Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) derrocado por una insurrección indígena liderada -entre otros- por el entonces diputado indígena de ultraizquierda Evo Morales, hoy convertido en Presidente de Bolivia.
El ex ministro de Defensa boliviano hoy está en Estados Unidos desde 2003, cuando salió del país por el caso de ‘octubre negro’.
Luego de ocho años insiste en su inocencia y contrataca al afirmar que hay pruebas para procesar a Evo Morales y su entorno.
-En estos días el Gobierno insiste en su presencia en el país para juzgarlo por el caso denominado octubre negro…
-El juicio de responsabilidades por octubre negro es una gran farsa jurídica de Evo Morales y un acto de persecución política.
Es una farsa jurídica porque es un proceso iniciado por los responsables del derrocamiento de un gobierno constitucional, el 17 de octubre de 2003. Entonces, quienes están de acusadores deberían ser los acusados. La gente que se llena la boca diciendo que los que estábamos en el Gobierno en ese momento cometimos delitos son en verdad los criminales que, rompiendo el proceso democrático, incurrieron en delitos comunes como el asesinato, bloqueo de caminos, secuestro de personas, daños a la propiedad. Así lograron derrocar a un Gobierno. En base a esa ‘victoria’ llevaron al poder a Evo Morales.
No hay nadie más interesado que yo en que esos hechos se investiguen y se esclarezca no solo lo que pasó en octubre de 2003, sino también en febrero de ese año, con todo el proceso previo de complot y sedición. Porque cuando llegamos al poder el 6 de agosto de 2002 y Gonzalo Sánchez de Lozada se posesiona, ese mismo día Evo Morales hace una declaración pública y convoca a derrocar a Goni.
Luego viene un proceso que se llama las mesas de diálogo que yo dirijo, como ministro de la Presidencia. Porque en ese momento no es que había un mal Gobierno, pero había una crisis económica mundial que había afectado a Bolivia. Banzer y Quiroga nos dejaron el país en mal estado, por eso hicimos las mesas de diálogo, con unas fuerzas sociales poderosas e inquietas dirigidas por Felipe Quispe en el altiplano y por el dirigente cocalero Evo Morales.
Ese diálogo avanzó hasta diciembre, pero el proceso se rompió por insistencia de Evo en los primeros días de enero de 2002, con un bloqueo cocalero que produce las primeras confrontaciones en el trópico de Cochabamba.
Después viene el caso llamado febrero negro, donde, aprovechando un motín policial, hay un intento de derrocar a Sánchez de Lozada. Después hay otro proceso para complot y subversión, en el que se incorpora al vicepresidente Carlos Mesa. A principios de agosto, estando en medio de otro diálogo nacional, convocado por la Iglesia católica, Evo rompe luego de volver de Caracas con el dinero suficiente para poner en marcha el proceso de derrocamiento.
- ¿Usted tiene pruebas de todas estas afirmaciones?
-Casi ocho años después, no necesito más pruebas porque las pruebas están en la prensa y en la boca de los propios actores.
Comencemos: en Bolivia Evo Morales y su gente se han llenado la boca diciendo que derrocaron a Goni Sánchez, por tanto, han confesado públicamente, no solo una sino decenas de veces. Han puesto su participación en el derrocamiento de Goni como un mérito para formar parte de la nueva burocracia que hoy maneja el país.
Otra prueba: hoy en día, la gente en Bolivia no tiene ninguna duda de que ese quiebre institucional no se hubiera producido de no haber sido por Carlos Mesa, que tenía el desespero de ser presidente de la República, que traicionó al Gobierno democrático. Si no hubiera sido Mesa que da su famoso paso al costado y permite que Evo Morales acelere el destrozo institucional y llegue a un proceso electoral en 2005, tampoco todo esto hubiera pasado.
Son hechos que se llaman jurídicamente pruebas evidentes, que están en la opinión pública.
Por otro lado, Felipe Quispe ha salido a decir que ellos tendieron la emboscada de Huarisata. Los periódicos han reflejado que los primeros muertos en ese lugar fueron soldados que estaban defendiendo a la gente que venía de un secuestro de varias semanas en Sorata.
Hay cosas que no se saben de octubre, como por ejemplo que había gente atacando los cuarteles. No precisaba la tropa salir, la gente iba hasta ellos. Eso está documentado, pero esos documentos no salen de los cuarteles porque los mandos están subordinados a Evo Morales.
- ¿Con estas pruebas se puede llevar a juicio a los que ahora son los acusadores?
- Tendría que ser así, pero no se puede esclarecer un tema cuando los autores de los delitos son los dueños de los jueces, los dueños de los fiscales, los dueños de un ambiente de temor público que se ha instaurado en Bolivia.
Yo acuso públicamente a Evo Morales, a gente que está en su gabinete, al entorno de la dirigencia cocalera, al propio Sacha Llorenti, de haber llevado adelante una conspiración para derrocar al Gobierno de Sánchez de Lozada, para romper la democracia y tomar el poder. Queremos que eso se investigue, llevando adelante en primer lugar la derogatoria de los decretos supremos de amnistía firmados por Carlos Mesa.
- ¿Cuánta influencia tienen esos decretos?
- Carlos Mesa firma a los pocos días del derrocamiento de Goni el decreto 27234, del 31 de octubre de 2003, con el que básicamente perdona por todos los delitos cometidos a la gente que atacó el orden público, a la gente que bloqueó, a la gente que robó, a la gente que mató.
Ese decreto es un acto de perdón, y no se perdona a inocentes. El hecho mismo de dictar una amnistía es una confesión de los delitos cometidos. Con esto quedan librados desde Evo Morales hasta el último tirapiedras.
Pero como la gente se estaba librando de la cárcel más allá de lo que ellos querían, dictan un segundo decreto supremo, el 27237, que establece que la amnistía del decreto 27234 alcanza únicamente a los ciudadanos cuyas acciones se hubieran realizado entre el 5 de agosto y el 2 de noviembre de 2003, en el ámbito de la protesta social, en contra de las decisiones asumidas por el Gobierno. ¡Ellos mismos están fijando las fechas de su conspiración en documentos públicos!
- ¿Con estos documentos y pruebas, usted acepta un juicio en Bolivia?
-¿Cómo quiere usted que exista un juicio justo para la gente del Gobierno? Yo no tengo problema de estar en juicio para que surja un esclarecimiento histórico y que la gente sepa la verdad. Pero cómo se puede pretender que exista un juicio justo si la gente que ha causado el problema está con amnistía. En cambio estamos incluidos en el proceso las personas que teníamos la obligación legal de mantener el orden público.
Yo me pregunto, qué hubiera pasado si estos señores comienzan a realizar bloqueos, aíslan La Paz y nuestro Gobierno cruza los brazos. Se habría incurrido en el delito de incumplimiento de deberes. Lo que hicimos fue actuar según lo que la ley manda, a través de decretos, por eso actuaron la Policía y las Fuerzas Armadas. Los criminales que causaron los desmanes son perdonados con dos decretos de amnistía y la gente que salió a defender la democracia está enjuiciada.
Yo quiero un juicio, pero con jueces imparciales, no con los jueces que ha nombrado Evo Morales. Yo quiero un juicio con toda la gente que participó en los hechos de octubre, porque la base de un juicio es la investigación, la búsqueda de la verdad, pero no vamos a encontrar la verdad si los tipos que están acusando son los que han cometido los crímenes.
Los fiscales y los jueces que conocen estas causas son gente que ha llegado haciendo de la promesa de una sentencia de culpabilidad (contra nosotros) parte del mérito para ascender en su carrera. Para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, para llegar a ser fiscal, hay que decir que se debe condenar a Sánchez de Lozada, que hay que traer a los ministros que están perseguidos o exiliados, y que hay que encarcelar a la gente que está en Bolivia.
Para que exista un proceso justo, como principio universal, tiene que haber presunción de inocencia, que en Bolivia no existe; debe haber un debido proceso, que tampoco existe; tiene que haber amplitud de la investigación, pero aquí una parte de los protagonistas tiene amnistías; debe haber juez imparcial, pero los jueces son de ellos; y además el juez, así lo establece también la Constitución, tiene que ser uno designado con anterioridad a los hechos que se juzgan, y esa es otra condición que no se cumple.
Lo mismo ocurre con el caso de Leopoldo Fernández, el caso del supuesto terrorismo en Santa Cruz, pues las acusaciones contra gobernadores opositores son actos de persecución política. La única diferencia con el juicio de octubre negro es que nosotros fuimos los primeros. Y hubo gente que creyó que ahí se acababa todo, que haciendo leña de los que salieron del país a ellos les podía ir mejor. Pero mucha de la gente que pensaba eso también se encuentra en el exilio. O está perseguida por el mismo mecanismo. En Bolivia se ha judicializado la política y se ha hecho de la justicia un instrumento de persecución. El caso de octubre negro es nada más el primero, tal vez el más importante porque hay un presidente del país involucrado. Pero todos los expresidentes, incluido Carlos Mesa, el traidor, están amenazados por el mismo mecanismo.
- ¿Por qué cree que cada vez sale a relucir esto del juicio?
- Es un buen sistema de propaganda, todavía les sirve, aunque menos que antes. Creen que derrotando a Sánchez de Lozada terminan con el neoliberalismo. Lo que han hecho es terminar con la democracia. Ellos creen que pueden justificar a partir de eso el inicio de un proceso que llaman de cambio, pero que es en verdad un proceso de liquidación de las libertades en Bolivia.
El caso de octubre negro les sirve como bandera porque sostienen económicamente a un grupo de personas para hacer manifestaciones. Manipulan políticamente a sus víctimas, porque no son víctimas del Estado, son víctimas de Evo Morales y su movimiento subversivo.
Por eso, insisto, este juicio es una farsa. Una farsa que puede hacer un Gobierno que se da el lujo de invitar a un ministro iraní perseguido por terrorismo; un gobierno que denuncia la convención de Ginebra. El día que tengamos un juicio en serio, tendremos a Evo Morales sentado en el banquillo del acusado y al país enterándose de la verdad.
El único resultado de este juicio, además de la propaganda, es que ha generado exilio político. El primero fue el presidente Sánchez de Lozada, y hay ministros en varios lugares del mundo. Hay rehenes, esa gente enjuiciada, que no puede salir del país. El otro día han agredido al exministro Adalberto Kuajara. Hay presos políticos, como el general Juan Véliz. Evo Morales ha convertido a Bolivia en el sindicato cocalero que él manejaba, donde no había ley ni regla que no fuera la suya.
Los textos de la sindicación
Primer decreto. El decreto 27234, emitido el 31 de octubre de 2003, establece, en su artículo 2: “Se decreta amnistía para los delitos comprendidos en la Ley 2494 de 4 de agosto de 2003, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con relación a las acciones realizadas a partir del momento de la vigencia de la Ley y hasta el momento de entrada en vigencia del presente decreto”.
Segundo decreto. El 4 de noviembre se emitió el decreto 27237, que establece: “La amnistía decretada en el artículo 2 del Decreto Supremo 27234 del 31 de octubre de 2003 alcanza únicamente a ciudadanos cuyas acciones se hubieran realizado entre el 5 de agosto y el 4 de noviembre de 2003, en el ámbito de la protesta social, en contra de las decisiones y políticas asumidas por el Gobierno nacional”.
