Tarija está desplazada de las decisiones energéticas

El recientemente clausurado Primer Congreso Internacional YPFB Gas & Petróleo, organizado por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y clausurado por el vicepresidente Álvaro García Linera hubiera sido el “momento más importante para que el Estado muestre su política energética a largo plazo y su proyecto de Ley de Hidrocarburos”. pero ninguno de esos dos hechos se concretaron con el agregado que Tarija y el Chaco, como región productora de gas, siguen “ausentes de la definición de una Nueva Política Energética”, es el criterio del analista y ejecutivo del sector privado Boris Gómez Úzqueda.
“Hubiera sido interesante que el gobernador de Tarija exponga cuál el anhelo de la región con relación a proyectos de industrialización de gas”, agregó Gómez, quien agregó que tampoco se notó mucho la presencia del cabeza de sector el ministerio de Hidrocarburos ni de la estatal a cargo de la industrialización, la EBIH (Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos).
Aunque anunciaron que en 2012 el enclave se repetirá en Tarija, Gómez lanzó dos desafíos: “el primero, que el gobernador de Tarija en coordinación con el Chaco y su brigada parlamentaria elaboren un proyecto de Ley de Hidrocarburos y la presenten ante la Asamblea Plurinacional en los próximos seis meses y, el segundo, que el Presidente boliviano promulgue una nueva Ley de Hidrocarburos y exponga las políticas públicas hasta antes o en el evento a organizarse en Tarija en mayo 2012”.
El analista fue claro en expresar que durante el congreso no se escuchó ni se conoció una propuesta oficial del Ejecutivo boliviano con relación a las políticas públicas que debieran establecer el rumbo de tan importante sector ni de cuál su postura con relación a un proyecto de Ley de Energía e Hidrocarburos, “aspectos que se viene reclamando prácticamente desde la asunción de los administradores a la dirección del Estado, en enero 2006”.
Tampoco se conoció proyectos oficiales sobre su propuesta política más importante relacionada a industrialización de gas con valor agregado ni proyectos de financiamiento de actividades en petróleo y gas desde el Estado vía, por ejemplo, la urgente movilización de las Reservas Internacionales Netas (RIN).
Para el ejecutivo, los únicos que fueron “convocados” a invertir mayores recursos financieros en tareas de exploración y explotación fueron las compañías de capital privado extranjero. “Ciertamente tanto exploración de nuevas áreas como la producción no han sido el mejor flanco de esta administración en los últimos cinco años”, dijo.
Los dirigentes estatales indicaron que ahora es “el momento oportuno” para invertir en Bolivia en lo que han señalado “cuatro motores que mueven la economía nacional: el gas, el litio, el hierro y la actividad agrícola”. “Es evidente que la dirigencia estatal no pasó del análisis a la acción proponiendo, por ejemplo, alianzas financieras entre el Estado (léase YPFB o EBIH) y capitales privados externos en procesos de exploración intensiva de todo el territorio boliviano, mejora de las condiciones de producción, mejora de la capacidad de refino y transporte y definitivamente tareas de ejecución de proyectos de industrialización en valor agregado del gas”, manifestó.
“Hubiera sido interesante, en ese escenario, que se hubiera distribuido y expuesto la posición oficial estatal con relación a una Nueva Política Energética (NPE) y cuál su proyecto oficial de Ley de Energía e Hidrocarburos”, agregó.
El rezago boliviano en materia energética no puede ser corregido con análisis de apenas dos días en escenarios que no son los adecuados: para ello en la Asamblea Plurinacional debiera ya estar agendado un amplio debate sobre una NPE y la respectiva legislación sectorial, eso sería dar confianza a los prospectos de inversionistas. “Se debería hacer énfasis en proyectos concretos de financiamiento de proyectos (con las RIN que están mal empleadas y con legislación nueva). No olvidemos que dinero y legislación moderna van a traer consigo tecnología, procesos de exploración con nuevas técnicas, nuevos mercados potenciales para adquisición de valor agregado e intensiva movilización de capital en áreas que continúan abandonadas, pero siguen dando prioridad a una agenda exportadora de materia prima” expresó.
Gómez añadió que “definitivamente el discurso de la ‘nacionalización’ fue reemplazado por el lenguaje de las inversiones, apertura del país, nuevas reglas y oportunidades de negocios”, conceptos impensables para una régimen socialista y marxista –como se autodeclararon hace meses atrás-. “Sin embargo, un enhorabuena para ellos si es que realmente quieren convertir a Bolivia en un país exportador de energía (valor agregado) y con los excedentes crear nuevos modelos de desarrollo antipobreza, para la educación superior, salud e infraestructura”, mencionó.
Con relación a planes de exploración “tampoco mencionaron cómo financiaran su Plan de Exploración de nuevas áreas del país porque, seguramente, cuando los capitales externos vengan a Bolivia van a exigir seguridad jurídica, marcos legales modernos y aporte de capital del socio estatal”.
Se volvió a manejar el criterio que Bolivia cuenta con 56 áreas libres para exploración y tiene un potencial de 54 trillones de pies cúbicos (TCF) con un agregado de potencial petrolífero de más de 1.400 millones de barriles (MMBbl), “cifras que remontarán en los próximos años a 100 TCF con la adecuada inversión en exploración”.
Adicionalmente a las anunciadas “rondas de negocio” que los dirigentes estatales desplegarán tanto en Estados Unidos y Europa para “explicar, persuadir y convencer” –según dijeron- a otras compañías extranjeras sobre “facilidades e incentivos” que brinda el país a los nuevos socios que decidan participar en el Plan de Exploración 2010-2020, Gómez agregó deberían debatir y primero tener una NPE y una Ley de Energía e Hidrocarburos. “Siguen pensando que haciendo las cosas en forma desordenada van a generar alianzas y sociedades comerciales, sería mejor que en Bolivia haya primero una nueva Ley de Hidrocarburos antes de realizar cualquier viaje al exterior, porque cuando los inversionistas pregunten sobre la ley del sector estarán obligados a mostrar una ley que data de 2005 y no es creación de esta administración estatal”, dijo.
Sobre el referido plan, refirió que, de acuerdo con datos públicos, tiene programado para este año una inversión de 351 millones de dólares para encarar tareas de exploración, cifras que no responden a la realidad de un proyecto serio de exploración en todo el territorio, cuya cifra debería llegar a los 5.000 millones de dólares.