Tarija, la gran ausente del debate energético boliviano

Por Boris Gómez Úzqueda. Analista en energía y columnista de El País. Máster en Administración de Negocios y consultor del sector privado. Síguelo en twitter @bguzqueda

Llevar el título de “primera región productora de gas natural” debiera ser suficiente motivo para liderar la propuesta nacional y el debate de una nueva Ley de Hidrocarburos LH, formulando –desde el consenso de Tarija- una NPE Nueva Política Energética para Bolivia.
Desde siempre hemos sostenido que Tarija es el motor de la economía boliviana del nuevo tiempo: la formulación de una visión en donde Bolivia exporte energía como valor agregado al Continente tendrá como base de sustentación los reservorios de gas descubiertos y por descubrir del Chaco y los negocios que en base a ello se lleven a cabo en beneficio boliviano.
Varias personalidades académicas, políticas, institucionales de la dirigencia de Tarija han expresado su preocupación –a la que me adhiero- de la falta de propuesta de NPE desde Tarija para liderar el debate de una nueva LH. Desde Tarija al Parlamento debiera llevarse un proyecto de LH moderno atractivo de capitales y abriendo el país al mundo en inversión petrolera y gasífera.
Analistas y entendidos coincidirán conmigo que Tarija debe liderar el nuevo tiempo boliviano en temas de hidrocarburos, sin desmerecer a ninguna región, Tarija debe convocar a las regiones productoras a lograr consensos e ideas que deban plasmarse en una LH.
Es la oportunidad histórica boliviana para convertir a Tarija en su “canal de Panamá” o en su “Dubai” de los negocios energéticos, por donde confluyan gasoductos, líneas eléctricas y se transporte energía, entendida como excedentes de diesel a partir del gas natural, excedentes de electricidad generada por gas, una nueva gama de productos plásticos producidos a partir del gas y para mercados del cono sur continental y conviertan a Tarija en un centro de negocios especializados en la industria de hidrocarburos, moderno, con nueva infraestructura y tecnológicamente acorde a las exigencias del mundo moderno.
¿Porqué no hacer de Tarija, por ejemplo, el centro internacional de negocios de América Latina? una especie de Dubai (ciudad de Emiratos Árabes Unidos) latinoamericana un hub de negocios en energía.
La actividad de los negocios en valor agregado en gas van a generar actividades adyacentes: construcciones, inversiones financieras y movilización del aparato industrial y productivo de Tarija, haciendo de Tarija un centro geográfico continental en donde la energía para las industrias y la producción sea a costo cero y se exporte energía para países de alta demanda como Argentina, Brasil y Chile.
Los temas de Tarija en energía son los temas de Bolivia y del cono sur latinoamericano. Por ello subrayar en el seguimiento a los proyectos que ejecuta la gobernación de Tarija, en materia de hidrocarburos, que deben dar prioridad a la industrialización de gas en valor agregado.
Ver cómo van los proyectos relacionados a interconectar a Tarija al Sistema Interconectado Nacional de Electricidad – SIN en tanto haya una nueva termoeléctrica para consumo local y exportación de excedentes de electricidad, ver cómo va la eventual sociedad entre Tarija y ENDE.
Asimismo ver cómo va la marcha del proyecto de la planta separadora de líquidos que YPFB anunció que estará en marcha el año 2013, y que es de conocimiento público.
Si bien es cierto ha habido importantes esfuerzos regionales en “masificación” del uso del gas, instalando redes primarias, secundarias e instalaciones domiciliarias se debe concentrar la atención de Tarija en lo principal y estructural: Tarija debe proponer una nueva LH al país, ante la inacción del ejecutivo central.
Los grandes temas de Tarija son los temas de Bolivia. No es la primera vez que se le ofrece a Tarija proyectos de industrialización del gas para generar más ingresos y empleos. ¿Pero cómo van esos proyectos?
Se debe volver a insistir en que Tarija y sus instituciones deben conocer cuánto de reservas de petróleo y gas tiene el país y principalmente el departamento necesarios para una planificación energética en el marco de una NPE.
Tarija debe liderar nuevas propuestas –a ser incluidas en una LH- para ver cómo se va a redistribuir ingresos por regalías e IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), e insistir en una búsqueda global de capitales externos en exploración a escala del territorio nacional y regional.
Dado que la nueva CPE en su artículo 300 faculta a los Gobiernos Autónomos Departamentales “participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos en el territorio departamental en asociación con las entidades nacionales del sector” Tarija debe empezar a realizar los proyectos y a exigir ejecutarlos.
En lo inmediato está pendiente el estudio para verificar la relación entre los campos Margarita y Huacaya
Finalmente, y no menos importante, reiterando que Tarija debe liderar y una propuesta de LH debe ser parte de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EIBH), evaluando la factibilidad de varios proyectos para industrializar el gas y obtener productos con valor agregado, aportando criterios y nociones en proyectos concretos como GTL (gas a líquidos) para producir diesel y gasolinas ‘ecológicas’ y polietilenos, entre otros.
Se debe pasar del análisis a la acción.
La EBIH anunció que varios proyectos –hoy en análisis de factibilidad- utilizarán como materia prima los líquidos que se obtendrán con la instalación de la Planta Separadora de Líquidos que YPFB y Enarsa pondrán en marcha hasta el año 2013 en Madrejones, Tarija.
¿Y que dice Tarija ante estos proyectos?
Anexo a la industrialización de gas en valor agregado viene el tema de movilizar parte de las RIN –reserva internacional neta- que alcanza a casi 12 mil millones de dólares y que deben ser puestos, en una proporción, en negocios de escala de valor agregado y por supuesto que será en suelo de Tarija y tendría que tener la opinión técnica de Tarija.
A ello agregar que como Bolivia es un país gasífero por lo que tiene la potencialidad y la posibilidad de llevar adelante proyectos de petroquímica a partir de la trasformación química del gas natural, y también proponer –vía nueva LH- inversiones concretas para avanzar en una planta de Amonio, fertilizantes fosftados para la fabricación de explosivos y en la producción de úrea como proyectos que “van de la mano” con otros como la producción de polietilenos polipropilenos planta de metanol, planta de cloro-soda, PVC, y otros.
Todos éstos criterios pueden ser plasmados con un nuevo escenario político de establidad, con una NPE y una nueva LH que sea impulsada desde Tarija

No puede incrementar precio de combustibles en Bolivia

• El Parlamento tiene la obligación de debatir una nueva Ley de Hidrocarburos
• El Ejecutivo tiene la misión de preparar la NPE

Por Boris Gómez Úzqueda, máster en administración, consultor en negocios.

No existe argumento técnico ni económico para que se incremente el precio de carburantes en el país.
Siendo Tarija la potencia nacional y continental en proyectos y negocios en hidrocarburos desde Tarija se debe sugerir al Ejecutivo nuevos modelos de pensamiento en el negocio energético.

Medidas que evitarían gasolinazos
Hubiera sido importante que el Estado central exija la conversión a GNV de vehículos chutos, basados en los registros informáticos que cursan en la Aduana.
Los Municipios del país que fueron receptores de los vehículos denominados chutos y que fueron desechados en otros países podrían cargarles un impuesto municipal adicional, para desincentivar su adquisición y reparar en algo el daño ambiental que generarán, además de todo el consumo extra de combustible, grasas, lubricantes etc.

En el fin de acrecentar que todos los vehículos se conviertan a utilización de gas natural comprimido o GNV se debe incorporar a las gobernaciones a esquemas financieros de los subsidios de instalación de GNV y además a los municipios para que otorguen comodatos de terrenos en donde se deben instalar “corredores azules” a capitales privados”. Se denomina corredores azules a los puntos de carga de GNC.

Adicionalmente entre otras medidas para evitar gasolinazos están las de reducción de costos en “empresas estatales” de fábricas de cartón, de leche, proyectos de compras de aviones, satélite y otros que no son rentables, y más bien incentivar con dinero fresco a que las subsidiarias estatales de petróleo suban producción de líquidos en campos administrados por el Estado, para de alguna manera romper con la dependencia de diesel venezolano y romper la barrera de producción de líquidos que está estancado en menos de 45 Mil barriles diarios.

Con el dinero de la subvención Bolivia podría tener planta de GTL
Aunque es algo tarde se podría ahorrar subvención carburantes 2012 de USD 755 millones, que sumado a lo que se gastó en 2011 de casi USD 600 millones y a la subvención de años 2007-2008-2009-2010 que llega a USD 600 millones, se tiene casi una cifra exorbitante de casi 2000 MM USD (dos mil millones de dólares) despilfarrados.

Si el actual ejecutivo central hubiera puesto en marcha una nueva Ley de Hidrocarburos y su promesa de industrialización a escala de gas natural, abriendo al país a inversiones externas, destrabando la CPE y estableciendo facilidades fiscales a proyectos de industrialización de escala, y dándole una solución estructural al tema hidrocarburos en el país, y poniendo en marcha el proyecto de planta de GTL (gas a líquido, gas to liquids) que sería puesto en marcha entre 2010-2010 a un consumo de 4 Mmm3d en una planta que debió empezar a construirse en el Chaco boliviano ya se avizoraría la producción de 12750 PDD Diesel, 2500 PDD Nafta y consumiendo un promedio de 4-5 Mmm3d de gas natural, sin que afecte el consumo interno ni el nivel de provisión de gas natural. Según ese plan gubernamental, que está en varios portales estatales, se habrían requerido 5 años de construcción con operaciones previstas para 2015 y a una inversión de 500-600 Millones USD.

Lógicamente era mucho más barato tener una planta de conversión de gas a diesel para mercados externos y el interno que haber despilfarrado dinero en subvenciones.

Esquema de financiamiento de industrialización
Pese a que hay voces disonantes en el país que indican que una planta de GTL no es posible por su costo y porque el país no tiene “espalda” financiera para tal proyecto, sería importante realizar un esquema de financiamiento que permita movilizar las RIN hasta 6000 millones de dólares y movilizar dineros de la banca nacional sumados a capitales externos, lo que daría como resultado un importante capital para proyectos de ésta naturaleza que tendrán un efecto en la rentabilidad muy importante porque el Estad se convierte en socio y esperará rentabilidad en vez de rentismo.

De todas formas hace falta más gas

Por Boris Gómez Úzqueda-Máster en Administración de Empresas.

Los planes de exploración de nuevos bloques y de certificación de nuevos reservorios en el país no han avanzado como esperaban en éste quinquenio y en el año y las inversiones externas e internas en el negocio energético tampoco han sido de las mejores. Aunque no estamos a fin de año ésta será la frase de fin de año: no hubo avance en materia de hidrocarburos.
Un caso concreto que va “apurando” la necesidad de gas: el tema de la industria siderúrgica del Mutún, bajo administración multinacional, que requerirá entre 6-8 Mmm3d (millón de metro cúbico diario) de gas natural para el arranque de su primera fase del proyecto y entre 9-11 para el segundo estadio del proyecto. Hace un par de años en una columna comenté que el gigante proyecto siderúrgico, como el del litio en Potosí, requieren grande volúmenes de gas por día y adicionalmente a ello requiere ser transportado desde los centros de explotación hasta el Mutún. En el caso de la siderúrgica requieren gas para la transformación del acero y para la generación de electricidad. Casi todo el volumen de gas consumido internamente!
Por ello era importante haber definido una NPE Nueva Política Energética en 2006 para proyectar y tener una visión de país por los próximos 30 años, de manera que no hubiera ocurrido éstos desbalances a los que la administración estatal está obligada a hacer malabarismos por falta de oferta de gas natural, particularmente.
En otro prueba de la “seriedad” del Estado boliviano hace unos días el propio ministro del sector energético dijo que la compañía multinacional a cargo del proyecto podría “irse”.
Al margen de los contratos que Bolivia tiene de provisión externa de gas natural con Argentina y Brasil, hay un tema preocupante de falta de gas para el consumo interno.
Cada vez los industriales de Cochabamba, Tarija y de La Paz se quejan –con justicia- de falta de oferta de gas.
La producción de gas natural nunca superó la barrera de los 45 Mmm3d. Nunca! Ni los mejores analistas ni los técnicos del Estado podrán desacreditar la cifra indicada. La producción rondó siempre entre 38-40 Mmmm3d.
En el mercado interno la demanda debe ya sobrepasar los 10 Mmm3d y apenas se le oferta menos de 7 Mmm3d. Siempre se hizo malabarismos con los compradores externos: por varios años se cesó la exportación de gas a Cuiabá y se redujo entregas a Brasil.
Para el 2015 Bolivia va a requerir mínimamente entre 75-80 Mmm3d, considerando que el proyecto Mutún estará ya funcionando a capacidad, se iniciará un proyecto de industrialización a escala de gas (la planta de conversión de gas a líquidos, por ejemplo), se cumplirá con los requerimientos internos de consumo, etc.
Lo que se reclamaba hace 5 años sigue siendo materia de debate: no existe una NPE, no hay la Ley de Hidrocarburos, no se mejoró las condiciones de refino, no hay mayores ductos, no se tienen cifras importantes invertidas en desarrollo de campos, ni en exploración intensiva y lo que es peor y es para reclamar: se han endulzado la boca –los que sabemos- con el tema de la industrialización de gas y a la fecha no existe nada de eso.
Pero bueno, más allá de las quejas y consideraciones, más allá de los “aliados” y “grandes amigos” que el régimen boliviano mantiene con los totalitarismos de Venezuela e Irán –que por cierto les importa un reverendo rábano la situación energética boliviana, dado que esos regímenes tienen sus propios proyectos, mercado y geopolítica energética muy diferente a la nuestra- lo cierto es que hace falta más gas para el consumo interno. Los cortes de luz –impensables en los “detestados” gobiernos neoliberales- hoy son frecuentes. Los “foquitos ahorradores” son la gran solución de los administradores del Estado ante un hecho que debiera enfrentarse en su real dimensión: Bolivia es un país del gas y para su desarrollo requiere capitales externos para explorar, explotar, comercializar e industrializar el gas, pero con mentalidades abiertas, globales y no endurecidas por falsos principios.

Amnistía con Amnistía se paga, columna del exdiputado boliviano Luis E. Siles

Amnistía con Amnistía se paga,
columna del exdiputado de Bolivia Luis Eduardo Siles Pérez

Hoy se confirma una verdad que a pesar de los muchos intentos por esconderla, ha salido a la luz pública y constituye un aporte valioso a la verdad histórica que poco a poco se va reconstruyendo sobre los lamentables y violentos sucesos de septiembre y octubre 2003.

Inmediatamente luego de asumir el mando de la Nación, el 31 de octubre de 2003, el señor Carlos Mesa emitió el primer Decreto 27234 para establecer una inverosímil y sui géneris amnistía selectiva para todos los líderes sindicales que participaron en las movilizaciones liberándolos incluso de una investigación, en el juicio de Evo Morales contra Gonzalo Sánchez de Lozada.

De esta forma “amnistió” a los que organizaron la violencia, secuestraron, emboscaron con armas de fuego al Ejército, asesinaron, interrumpieron las comunicaciones, el transporte y el flujo de ambulancias y socorro medico, quemaron oficinas públicas y propiedades privadas, usando armamento como fusiles, dinamita, y bombas molotov. De ahí en adelante, el Juicio de Responsabilidades sólo continúa para los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. Las Fuerzas Armadas de la Nación por exclusión, son las castigadas, ellas, que evitaron que las muertes y daños fueran mucho mayores y que preservaron la unidad nacional hasta hoy amenazada.

Gracias a esta “amnistía” los señores Evo Morales, Felipe Quispe, Jaime Solares y Roberto de la Cruz, por mencionar solo algunos, nunca fueron investigados a pesar de que en enero de 2003 firmaron públicamente la creación del “Estado Mayor del Pueblo” para “la movilización y masificación del bloqueo en todo el territorio nacional, tanto en el campo, como en las ciudades contra el gobierno…”. A pesar de que algunos dirigentes reconocieron que dieron órdenes de emboscar a las Fuerzas Armadas, ni siquiera fueron convocados como testigos. A pesar de que hicieron reiteradas y recurrentes convocatorias a la guerra civil, la fiscalía ni siquiera los mencionó.

Más tarde, cuando la Comisión de Fiscales responsable de la investigación rechazó la proposición acusatoria -ya que no había igualdad de justicia si una parte había sido extraída del juicio, el señor Carlos Mesa la disolvió, y en 24 horas, anuló la Resolución, cambió al Fiscal General, cambió a nueve Fiscales de Distrito y nombró inconstitucionalmente a jueces de la Corte Suprema en lo que se llamó “Viernes Negro” del 30 de julio de 2004.

La participación del Señor Mesa en los meses previos al 17 de octubre de 2003 debe aun ser esclarecida. Lo que es ya evidente es su manifiesto interés en ratificar que se le atribuya toda la responsabilidad, jurídica y política, al Ex presidente Sánchez de Lozada. Así, su propio rol queda eximido de un papel mucho más cercano al de la deslealtad, o peor.

La reciente decisión de la Asamblea Legislativa de liberar al señor Mesa del juicio de responsabilidades por los llamados “petrocontratos” confirma y ratifica en forma estridente el manejo absolutamente político de la justicia, cuando amnistía con amnistía se paga.



Luis Eduardo Siles Perez fue Diputado Nacional de Bolivia y ahora es jefe del opositor centroderechista MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario.

Carlos Mesa, Evo Morales y sus decretos de Amnistía

Por (foto) Carlos Sánchez Berzain, exministro de Defensa, exministro de Gobierno y exministro de la Presidencia de Bolivia (2002-2003)

El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) ha publicado en rotativos bolivianos el domingo 4 de septiembre pasado un artículo titulado “Sobre el juicio de octubre”, en el que respalda la írrita sentencia dictada por los tribunales de justicia de Evo Morales contra los miembros del Alto Mando Militar y dos exministros del gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997; 2002-2003). Trata de justificar los decretos de amnistía (27134 y 27237) que firmó para perdonar a los causantes, responsables y ejecutores de los hechos luctuosos que en octubre de 2003 dieron a Mesa –su traición por medio- la Presidencia de la República de Bolivia. Sobre la sentencia, lo que hace Carlos Mesa es respaldar el resultado totalmente antijurídico y violatorio de los derechos humanos del tribunal de Evo Morales. Lamenta la sentencia contra el Almte. Aranda al que califica como militar de honor y ejemplo de respeto institucional, pero a quien con la amnistía y acciones en este proceso ha mandado premeditadamente a la cárcel. Todos los miembros del Alto Mando hoy convertidos en “presos políticos”, han sido siempre militares de honor y ejemplo de respeto institucional, no porque Mesa lo diga sino porque son generales de la democracia, con servicios impecables, que defendieron al país, no mataron ni mandaron a matar a nadie, actuaron de acuerdo a su competencia constitucional, bajo la autoridad y responsabilidad del poder político democráticamente establecido. Es un “linchamiento” anunciado desde la acusación hecha por Evo Morales, con quien Carlos Mesa pactó la denominada “agenda de octubre” para llevar adelante el juicio contra las autoridades derrocadas. La Corte Suprema rehusó dar curso al trámite y fue la presión del gobierno de Mesa la que impuso remitir los antecedentes al Congreso. La Comisión de Fiscales responsable de la investigación rechazó la proposición acusatoria y querellas porque no encontró materia justiciable valorando los decretos de amnistía sólo para los agresores del orden público, y los miembros de esta Comisión fueron suspendidos y procesados por el Fiscal General y el Fiscal de Distrito designados por Carlos Mesa; disolvieron esta comisión y formaron otra para producir una sentencia de culpabilidad. Mesa omite el detalle que el pleno del Congreso Nacional rechazó la acusación por mayoría y él, Carlos D. Mesa, desde el Palacio de Gobierno, forzó ilegalmente una segunda votación (el caso estaba terminado) haciendo incluir a todo el gabinete y a los miembros del Alto Mando. La opinión pública se da cuenta que el juicio ha sido urdido por Carlos D. Mesa y Evo Morales para tapar sus crímenes; así lo pactaron en la “agenda de octubre” y los decretos de amnistía son parte del pacto. Sin el desprestigio público del presidente derrocado y de los miembros de su gobierno, la traición y conspiración de Mesa se hacen evidentes y los crímenes cometidos para el derrocamiento encontrarán sus autores nacionales y extranjeros liderados por Evo Morales. No se da amnistía a un inocente, la amnistía es admisión de la comisión de delitos. Ignorando deliberadamente esta verdad Mesa trata de justificar sus decretos como “una decisión política” con dos falsos argumentos: “contribuir a la pacificación del país” y “neutralizar la arbitraria Ley 2494 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana promulgada en agosto de 2003”. Sobre esto, el Vicepresidente de Goni olvida deliberadamente: 1.- Que la convulsión social fue promovida en el occidente del país, iniciada por Evo Morales, quien rompió en agosto de 2003 el dialogo nacional propiciado por la Iglesia Católica. Los hechos de violencia hicieron crisis en septiembre con el secuestro de turistas nacionales y extranjeros en Sorata y la emboscada armada a la columna de evacuados en Warisata. Más de dos tercios del territorio nacional nunca estuvieron en conflicto, de donde “pacificación de país” es sólo un pretexto; prueba de ello son los lugares de los muertos y heridos con los que Evo y Mesa hacen política hasta ahora. 2.- La Ley 2494 del Sistema de Seguridad Ciudadana fue redactada y aprobada en julio y agosto de 2003 por Mesa, entonces Vicepresidente de la República y Presidente del Congreso. Es una ley tramitada y sancionada bajo la presidencia legislativa de Mesa. Si consideraba que era una ley arbitraria ¿por qué no se opuso a su tramitación, por qué la aprobó y mandó al Ejecutivo para su promulgación?... ¿que cambió de agosto a octubre de 2003? 3.- El DS 27234 de 31 de octubre de 2003 de Mesa, establece: “Artículo 2 (AMNISTÍA) .I.- Se decreta amnistía para TODOS LOS DELITOS comprendidos en la Ley 2494 de 4 de agosto de 2003 –Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana- con relación a las acciones realizadas a partir del momento de vigencia de la ley y hasta el momento de entrada en vigencia del presente Decreto Supremo”. Esta ley no introdujo nuevos tipos delictivos, agravó las penas. TODOS LOS DELITOS de dicha ley son “instigación pública a delinquir, evasión, fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas, asfixiantes, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, lesión seguida de muerte, robo, robo agravado y extorsión”. Si se lee la descripción de estos delitos, ¿cómo Mesa puede sostener –confesando su felonía- que tenía que perdonar delitos comunes para pacificar al país y perdonar sólo a quienes crearon las condiciones para que él llegue a la Presidencia? ¿No se da cuenta que al defender este perdón está mostrando su propio interés en la amnistía? ¿Se ha olvidado –además- de los muertos en su gobierno? Si el propósito es el encubrimiento mantengan la amnistía. Si son capaces de enfrentar la verdad Morales debe derogar los decretos de amnistía de Mesa. ¡No es difícil entender la diferencia!

Los Caifaces en acción. Recuerdos del presente

Por Humberto Vacaflor Ganam/Analista político boliviano

La exhibición de actitudes canallescas contra la marcha de los indígenas de diversas étnias por el parque TIPNIS en el centro del territorio boliviano hace inevitable identificar a expertos en movimientos sociales que han optado por olvidar todos sus principios y convertirse en obedientes sátrapas.

Durante años, esos expertos habían estado acumulando experiencias sobre la manera cómo actúan los movimientos sociales. En algunos de ellos parecía una especie de apostolado. Hasta que decidieron quitarse las máscaras.

Estuvieron muchos años preparándose para la llegada de este momento, cuando ellos, haciendo de ministros del gobierno del caudillo, debían actuar sin ningún miramiento, sin concesiones a la moral ni a la decencia. Este, para ellos, es el fin de la historia. Son los Caifaces del movimiento indígena.

Desde que comenzó la marcha, el 15 de agosto, el despliegue de actitudes cobardes, de acusaciones deshonestas, con escuchas telefónicas, con maquinaciones para engatusar a los indígenas, con amenazas hechas a través de terceros, con un coro de medios oficialistas y oficiosos empeñado en mostrar a los machistas como golpistas y perversos, quedó claro que la octava marcha indígena hacia La Paz se las estaba viendo con un poder inescrupuloso y canallesco.

La maquinaria de difamación de la marcha fue despiadada. Se dijo que los dirigentes estaban borrachos, una acusación que entró en silencio sólo cuando un dirigente indígena recordó que el caudillo también marchaba borracho cuando solía protestar. Se dijo que los dirigentes de la marcha eran sirvientes de una agencia de cooperación internacional, hasta que alguien recordó que más de un ministro del gobierno, y el propio hoy presidente de Bolivia, recibieron ayuda de alguna de esas organizaciones. Por momentos dio la impresión de que todo el conflicto enfrentaba a marionetas manejadas por organizaciones no gubernamentales extranjeras, de ambos lados.

El trabajo de esta canalla consiste en mentir, para ocultar que la carretera debe pasar por el parque sí o sí, como lo admite el caudillo, porque hay contratos firmados y comisiones vigentes. Deben tratar de marear la perdiz de la opinión pública diciendo que el gobierno ofrece siete, ocho y más “alternativas” para el segundo tramo de la carretera, pero ocultan que todas esas “alternativas” consisten en pasar por el corazón del parque. Deben ocultar que el caudillo ha prometido a los cocaleros de la zona denominada Chapare nuevas tierras para explotar, y que el parque es la “tierra prometida”, además de los otros parques nacionales. Deben negar que en el Choré ya existe una zona de exclusión, con narcotraficantes colombianos, igual que en Colombia, donde los cocaleros se han hecho fuertes ante la oposición de los campesinos de Yapacaní. Deben negar que el único propósito del caudillo es cumplir con los cocaleros. Que la Pachamama (diosa de la Tierra) le importa un rábano al cocalero. Que eso de ser líder indígena es algo que le colgaron de la solapa (cuando usaba solapa y no los bordaditos, tan monos, que usa ahora) quienes querían que él fuera un estadista. Duro trabajo tienen estos “expertos”.

Sólo me queda una curiosidad. ¿Saben, estos expertos, que el país los ha identificado? ¿Cómo explicarán a sus hijos que en algún momento tuvieron que hacer el trabajo sucio, alquilados por el caudillo?

Racionamiento eléctrico en Bolivia y Venezuela

por Boris Gómez Úzqueda

Tengo la obligación como boliviano de aportar, en la medida de mis conocimientos y posibilidades, al diseño de políticas públicas para el desarrollo, en el caso concreto relacionadas a energía e hidrocarburos.

Por ello es que desde 2006 sugerí tanto al Poder Legislativo como al Presidente de Bolivia la urgente convocatoria a un consejo nacional de energía e hidrocarburos como espacio de notables ciudadanos que entiendan a cabalidad los temas relacionados a gas, petróleo, electricidad y energía. En Bolivia hay bastantes técnicos entendidos y muy bien capacitados que bien podrían ser convocados por la dirigencia estatal.

Bueno empecemos el tema: no es nuevo pero es recurrente. Ya están empezando algunas voces a pedir “uso racional de electricidad” lo que de por sí no está mal, pero que refleja tres realidades: 1. la oferta de electricidad está en menor proporción que la demanda. 2. El gas aún no está siendo utilizado como fuente principal de generación eléctrica a través de nuevas termoeléctricas y 3. Urge una reforma del sistema eléctrico boliviano, desde lo técnico hasta su legislación.

El sector industrial disparará los niveles de consumo eléctrico y la baja afluencia de capital externo –o interno- en generación van a hacer crisis en algún momento.

Y volvemos a Venezuela: allá hay racionamiento eléctrico. Resulta inconcebible que en una potencia petrolera con ingresos multimillonarios deba hacer racionamientos de electricidad. Sobre el tema: la Corporación Eléctrica Nacional advierte en el informe correspondiente al primer semestre de este año que va entre 2008 y el primer semestre de 2011, solo se han incorporado 1.590 MV (megavatios) o 11.3 % MV del total ofrecido en el plan 2008-2014 para satisfacer la demanda eléctrica venezolana. Este nivel de potencia en generación que equivale a 11,3% del total ofrecido en el plan de la actual administración estatal venezolana -aliados incondicionales de sus pares bolivianos-, el cual alcanza 13.980 megavatios, al sumar los proyectos de generación eléctrica que entre 2008 y 2014 se comprometieron a realizar Corpoelec, Petróleos de Venezuela y la Siderúrgica del Orinoco.

La analogía entre lo que ocurre en el "socialismo del Siglo XXI" venezolano y Bolivia es muy preocupante. Allá no están pudiendo satisfacer su demanda eléctrica y aqui los problemas están empezando a presentarse.
Muchos empresarios e industriales de todo el país han afirmado que la ausencia de políticas públicas claras relacionadas a energía e hidrocarburos son parte de ese problema: el no atraer inversiones en nueva infraestructura energética son parte del problema.

No hace mucho el presidente de la Cámara de Industrias de La Paz manifestó que el sector industrial del país prevé “una crisis de energía eléctrica a partir del mes de agosto”. Además de otras quejas de otros sectores por falta de oferta de gas industrial. En Tarija ni qué decir.

La clave no está en el racionamiento, que si bien es importante, no es la solución al problema. La clave está en tener una nueva Ley de Hidrocarburos y una nueva Ley de Electricidad. Entre ambos instrumentos promover el ingreso de capitales externos para mayor exploración de gas, mayor certificación de reservas, producción y consecuente construcción e instalación de termoeléctricas con visión de futuro: cubrir mercado interno y exportación a mercados externos. Allí se habrán “matado dos pájaros de un tiro”. Por un lado generar electricidad vía termoeléctricas de gas natural y cubrir demanda interna y por otro lado empezar la exportación de valor agregado de gas como electricidad a mercados circundantes generando mayores divisas que por venta de materia prima.

En ésta época del año las cifras se ponen críticas: tanto en electricidad como en gas natural: la oferta eléctrica y de gas estarán casi “empatadas”. Creció la demanda pero no la oferta. Cualquier economista sabría explicar esto. Cifras más o menos: Bolivia genera electricidad en cerca de 1.081 megavatios (MW) y la demanda in crescendo es 1.030 MW.

Las “reservas” de electricidad deben estar cerca a 100 MW lo que, sin dudas, es muy poco considerando que debieran haber entre 150-250 MW para garantizar crecimiento de industrias, y comercio.

Y la planta de Entre Ríos (Tarija) junto a la generación de “ciclo combinado” de Guaracachi (Santa Cruz) van a “salvar” la demanda, pero la idea es mirar más allá. Y aquí entra en juego El Alto, Cochabamba y Trinidad. Plazas que con termoeléctricas debidamente planificadas podrían cubrir demandas internas y externas. Toda la demanda estará “sostenida” por las plantas Carrasco y Valle Hermoso (Cochabamba) y Kenko (La Paz) con algo así como 150-160 MW.

Una verdadera política pública en energía contemplaría un agresivo plan de infraestructura eléctrica: fabricación, instalación, montaje y puesta en servicio de las unidades de generación eléctrica en base a gas natural, para mercado interno y exportación.

Si no se incorpora al gas como llave central en la concepción de la generación eléctrica boliviana las cosas no marcharán bien. Pero bueno, son ideas a consideración.

* Boris Gómez Uzqueda es Máster en administración, tiene estudios en hidrocarburos y es ejecutivo y consultor del sector privado.