El 6 de agosto fue motivo de análisis por parte de instituciones privadas y de expertos ligados con la marcha del país. Particularmente estoy convencido de que estamos en la ‘era del gas’. De la castaña al estaño y ahora al gas, Bolivia basa y basará su economía en los hidrocarburos.
Quienes afirmen lo contrario no están valorando que la ‘vocación natural’ de Bolivia son los hidrocarburos. Bolivia puede convertirse en un país ‘especializado’ en productos de valor agregado del gas mediante su industrialización.
Varias organizaciones especializadas en el estudio del fenómeno económico boliviano coinciden en que la administración estatal no tiene medidas creativas para salir de la situación en la que estamos, debido a la crisis económica internacional y a la reducción de ingresos por la venta de gas.
Seguramente esa inacción estatal bien puede ser criticada desde el ámbito del análisis económico. En la perspectiva energética esa inacción estatal es aún peor: la nacionalización, que debió ser la punta de lanza de la activación económica boliviana y el instrumento para salir de la pobreza según sus mentores, sencillamente no sirvió a sus propósitos y nació muerta.
Si bien es cierto que nuestra economía es ‘enfermizamente’ dependiente de los hidrocarburos y la minería, y que sería bueno diversificar nuestra industria, agricultura y otras áreas, lo importante es dirigir toda la capacidad financiera estatal a fortalecer nuestra vocación de país.
Hubiera sido importante que en estos tres años de administración se haya diseñado una política energética de largo plazo, que se sustente en una nueva ley de hidrocarburos, de energía y de electricidad, con reglas claras, estabilidad impositiva, estabilidad contractual e incentivos para invertir en áreas que lideran la economía boliviana y que generarán empleo y emprendimientos ligados a la industria de los hidrocarburos.
La respuesta a la crisis que vive el país no va a solucionarse con el anuncio de inversión de $us 1.000 millones prometidos por el Gobierno para la reactivación del sector hidrocarburífero. No es suficiente. Con una buena planificación a largo plazo, parte de las reservas internacionales de Bolivia ($us 7.000 ó 8.000 millones) deberían apalancar nuevos financiamientos para programas de exploración, producción, petroquímica y emprendimientos compartidos entre el Estado y las compañías internacionales.
¿Pero no sería mejor poner parte de esas reservas como inversión estatal en proyectos compartidos con compañías para nuevos emprendimientos en sectores de la cadena hidrocarburífera poco desarrollada, como exploración, o iniciativas como el GTL y otros, en vez de que ese dinero esté ‘durmiendo’?
La importación de LNG al continente por parte de Brasil, Chile y Argentina, aunque no crean los pesimistas, nos da un respiro para reordenarnos internamente y volver a ofrecer nuestra capacidad de oferta de energía en los próximos años.
Claro que la economía no se va a arreglar con despilfarros no sostenibles. En vez de bonos se podría pensar en dirigir importantes cantidades de capital a sociedades de exploración de nuevos bloques, desarrollo de campos e iniciar la industrialización –que es la verdadera apuesta boliviana– para posicionarnos como país generador de productos de venta masiva (electricidad, plásticos y diésel vía GTL) a otros países.
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