En defensa de EMTAGAS

Por Boris Gómez Úzqueda
No es extraño que el régimen eche mano de recursos regionales, particularmente en hidrocarburos, o establecer tentáculos de poder en empresas estratégicas. Cercenan recursos IDH (impuesto directo a hidrocarburos) desde 2007 y posteriormente quitan a las regiones productoras una serie de derechos que atentan aspiraciones autonomistas legítimas.
Ahora le tocó al turno a EMTAGAS (la empresa tarijeña del gas), símbolo departamental de gerenciamiento de proyectos energéticos con alto contenido social: implementar y administrar el servicio de gas domiciliario, creado a instancias de la entonces corporación de desarrollo CODETAR y del Municipio desde hace ya 21 años con status de empresa pública de servicio descentralizada (y con D.S. de aprobación de creación No 22048). Ya tiene cobertura en nueve municipios y más de medio millón de metros lineales de redes.
La distribución de gas natural por redes cumple siempre una función social: busca transformar la ciudad en un ente productivo urbano cambiando su matriz energética y al mismo tiempo abaratar costes de acceso ciudadano a la energía. EMTAGAS tiene por principales accionistas a la Gobernación de Tarija (94% del paquete accionario), municipio de la capital (0,1%) y la estatal petrolera YPFB (5.93%).
Desde la “Nacionalización” imperante no existe una política de estado clara en materia de gas natural. Menos en industrialización y menos aún en el cambio de matriz energética. Por ello es que –argucias leguleyas de por medio- la dirigencia gubernamental quiere “administrar” –o mejor dicho cooptarla- para, principalmente, establecer una “cabecera de playa” en Tarija y desde esa institución, con algunos recursos, empezar a artillar contra las instituciones tarijeñas. Los servicios de gas que el usuario paga no van más allá de los Bs 20 mensuales y la “acometida” o instalación de la red al domicilio corre por cuenta de la Prefectura. ¿Cuál será, entonces, el argumento del Estado central para “tomar” a ésta empresa de características sociales?: ninguna. Inclusive la (nueva) Constitución oficialista –tachada de ilegal e ilegítima- establece la competencia exclusiva de los gobiernos autónomos participar en “empresas de industrialización, comercialización y distribución de hidrocarburos en asociación con YPFB”. Exactamente lo que ocurre en EMTAGAS. No hay, desde la CPE, la “obligación” de que la estatal YPFB deba ser “accionista mayoritaria” ni mucho menos. Además que, conociendo los “logros” de la estatal, y de sus escándalos, resulta una torpeza querer pensar en que en EMTAGAS harían una gestión mejor.
Para mejorar EMTAGAS quizá podrían adscribirse como nuevos socios otros gobiernos municipales, o instituciones de la sociedad civil, pero permitir que el Estado central controle la gestión y dirección de EMTAGAS en ésta coyuntura no sería lo mejor.
A Tarija le han robado su proyecto de expansión energética que venía de la mano de la exportación de gas (vía liquid natural gas LNG), le han robado proyectos de industrialización a escala, le han robado IDH y ahora pretenden quebrar la columna vertebral de su entidad de recambio de matriz energética urbana.