Retomar la batalla por recuperar el IDH: redistribución !

Por Boris Gómez Úzqueda*

Las regiones productoras de hidrocarburos Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca apoyadas convenientemente por Beni y Pando debieran retomar la batalla por el IDH (impuesto directo a los Hidrocarburos) que entre septiembre y octubre llevó al país al caos producto de la tozudez estatal en confiscar dineros públicos de propiedad departamental. No hacemos mención a Cochabamba porque está bajo control oficialista.

La batalla debe ser a) recuperar los fondos que les fueron confiscados por el Ejecutivo y, fundamentalmente b) evitar que una falsaria redistribución sea impuesta bajo capricho.

Mi propuesta concreta: la nueva distribución del IDH debe ser desde la gestión 2010 -retroactivo 2009- de la siguiente forma: Gobernaciones productoras 25%; gobernaciones no – productoras 8%; Municipios, 30%; Tesoro General de la Nación 7%; universidades 10%; Fuerzas Armadas y Policía 5%; Fondo Indígena 5% y Renta Dignidad 10%.

Algunos apuntes: es importante que las gobernaciones productoras tengan un incentivo adicional no sólo para costear infraestructura sino para hacer negocios compartidos con capitales privados en parte de la cadena de hidrocarburos. Habría que considerar no una “compensación” sino un porcentaje razonable para las regiones que no perciben regalías. En algún momento los departamentos no-productores podrían convertirse en productores y entonces los productores “tradicionales” tendrían derecho también a esa porcentualidad. Esto es reciprocidad.

Es importante buscarle otra fuente de financiamiento a la “renta dignidad” porque es gasto.

Hoy los recursos se destinan así: prefecturas 9,9 %; municipios 33,7 %; TGN, 17,8 % ; Renta, 27 %; universidades, 6,6 %, y Fondo Indígena, 5 %.

Las gobernaciones productoras deben estar alerta: reducirles ingresos por IDH es, también, desarticularlas y neutralizarlas. No hay posibilidad de defensa de la Democracia contra el autoritarismo sin recursos: no se pueden concebir gobernaciones débiles. La autonomía no funciona sin dinero.

La reducción de ingresos del Estado boliviano -producto de la inexistente política energética que no supo captar inversiones multinacionales en un área sensible como es la exploración y producción de hidrocarburos- y la baja del precio de crudo también redundará en baja de ingresos a las gobernaciones productoras y Municipios como vinimos alertando en columnas anteriores. El propio ministro del sector señaló que habrá 40% en reducción de ingresos por exportación de gas con respecto a la gestión pasada, porque el barril de crudo estará más o menos en 50 USD y el presupuesto general fue calculado a 73 USD barril, precio que va “de la mano” del precio de gas exportado.

Obviamente los problemas políticos en el país son muy grandes y la batalla por el IDH está relegada. Hay propuestas de “redistribuir” el IDH en base a un posible “pacto fiscal” sobre el "uso eficiente" de los cerca de 25.000,oo millones de bolivianos de ingresos que se tiene presupuestado para 2009.

El análisis debe ser claro: a) una auditoría de cuánto aportaron las regiones productoras al TGN los últimos 25 años, b) cuánto es el aporte potencial considerando nuevos proyectos y diseño de nuevos negocios en industrialización de gas, c) cuánto fue el dinero de gasto fiscal del Ejecutivo en las regiones aportantes comparativamente sus aportes; d) y cuál la propuesta del Ejecutivo para administración de recursos producto de venta de hidrocarburos destinados a las regiones productoras.

Adicionalmente a criterios "poblacionales", "demográficos" y de "transferencia de competencias", que se aplican en la distribución habría que considerar un “criterio de negocios” de manera de incentivar a que gobernaciones productoras realicen operaciones de negocios de industrialización de gas, particularmente, a través de un presupuesto especial que vendría de sus ingresos. Vale decir que habría que considerar seriamente incrementar ingresos de Tarija, por ejemplo, cuya potencialidad en nuevos negocios energéticos es indiscutible, necesitando para ello mayor flujo de caja fiscal para ser una especie de “contraparte” a algunos emprendimientos privados que surgirían en downstream.

No podrá haber “pacto fiscal” si es que desde la Constitución no se permite a las gobernaciones productoras ser parte del diseño y ejecución de política energética y de hidrocarburos. En lo financiero las gobernaciones deben tener la capacidad de endeudarse basado en apalancamientos sustentados en sus presupuestos, de allí la necesidad que el IDH y las regalías -y otros ingresos estatales producto de venta de hidrocarburos- sean sometidos urgentemente a análisis para evitar el despilfarro estatal en “bonos”. Tampoco es conveniente crear un “fondo” especial sobre ingresos de venta de hidrocarburos, la noción de “fondos de desarrollo” ya no están para solucionar temas que son de exclusiva competencia de autonomías departamentales.

En cuanto a las regalías, que son otro acápite, debieron haberse fijado en un mínimo de 20% siguiendo el criterio que las gobernaciones deben hacer alianzas en negocios relacionados a exploración y hasta explotación de hidrocarburos.