Bolivia: sobre llovido mojado

Por Boris Gómez Úzqueda

No fue suficiente que la economía en el país esté mal, o que sea el segundo país inflacionario de América Latina, tenía que ocurrir que el descalabro en el sistema energético boliviano haga crisis casi terminal con el debilitamiento de compra del principal mercado exportador de gas: el brasilero.

Con las lluvias en el gigante suramericano sus represas se llenaron con mejor y mayor capacidad de generación de electricidad les permitió reducir el suministro de gas boliviano.

Es culpa, una vez más, de no haber continuado con la política de mediados de los noventa: el triángulo energético, que proponía no sólo la reestructuración de la concepción de la energía e hidrocarburos, abría mercados y capitalizaba operaciones en la siempre debilitada industria estatal de gas y petróleo.

Adicionalmente a las lluvias, obviamente la reducción de consumo eléctrico y de combustibles por la crisis internacional movieron a Brasil a reducir sus compromisos de compra, acción que representará caída de ingreso al TGN.

El Ente Nacional Regulador del Gas argentino (Enargas) redujo a un promedio de 1,8 Mmm3D (millones de metros cúbicos), dándole –sin querer- a Bolivia mayor disposición de gas para su propio consumo interno o para llevarlo a Brasil y completar su cota máxima de 30 Mmm3D que se puede transportar por el gasoducto. Argentina llega a pagar 10 US$ por millón BTU.

Pero el volumen a Brasil llegó a reducirse a 20 Mmm3D, la mayor caída de nominaciones de gas a nuestro principal mercado. Eso de poner "todos los huevos en una misma canasta" y no haber diversificado a tiempo otros mercado genera éste tipo de situaciones, que hasta podrían ser "movidas" políticas para que a Brasil ya no le molesten –como se hizo en pasado reciente- con eso de "aumento de precios".

Como consecuencia de la caída del precio internacional del petróleo están abaratándose derivados (diesel, gasolina, fuel oil, y otros líquidos) que los hacen más baratos con relación al precio de exportación del gas boliviano que para el contrato GSA con el Brasil mantiene una compleja fórmula de cálculo que mantendrá en precio de gas a 7-8 US$ por millón de BTU.

La "buena noticia" de éste momento es: habría mayor disponibilidad de volúmenes de gas para Bolivia y que la relación contractual GSA es modalidad Take or Pay por lo que están obligados a pagar por un mínimo de 24,8 Mmm3D, consuma o no el gas boliviano, cláusula que sirvió, entre otras, para motivar fuertes inversiones en los noventa para el tendido del ducto.

Habría que tomar ventaja de ésta reducción brasilera de consumo para re direccionar ese gas remanente y no consumido a tres potenciales requirentes: el mercado del occidente boliviano, cuyas industrias están al borde del colapso, cumplir con los ya incumplidos contratos a Cuiabá y al de Comgas (Brasil) o renegociar con Argentina el envío de mayor cupo, aunque ellos ya parece prefieren reducir dada la crisis.

Algunos calculan una posible pérdida de US$ 300 millones menos en este primer trimestre. Cifras más o menos la cuestión es que la nacionalización no atendió debidamente éste importante pilar de la economía como es hidrocarburos.

Adicionalmente a las malas noticias no estamos preparándonos para iniciar con inversión multinacional mayor E & P (exploración y producción), ni en gas ni en petróleo, ni menos se está impulsando desde el Estado proyectos en nuevas energías: vía industrialización de gas y utilización exclusiva de reservas en éste propósito como GTL (gas a líquidos, como diesel Premium) o DME (dimetil éter sustituto del GLP y de electricidad). Obviamente nada hay en energías no fósiles como geotérmicas, hidráulicas, eólicas, etc.

Algunos dicen inmediatamente "vendamos gas a Chile" reflejando una reacción al anuncio brasilero de reducción de adquisición, dado que en lo inmediato Chile podría absorber hasta 10 Mmm3D de gas sin necesidad de mucho upgrade a la capacidad de transporte de gaseosos. Pero no es tan fácil como decirlo.

Chile es un país demasiado serio como para atendernos a la primera rabieta brasilera o a la primera reacción boliviana. En Chile están en pleno proceso de construcción de infraestructura para recibir LNG (gas licuificado) y hasta sustituyendo por carbón algunas de sus generadoras que funcionan a gas. Tiene ya listas una terminal de regasificación en Quintero (precio de LNG a 5,5 millón de BTU) y terminal Mejillones. Para que Chile tenga "en cuenta" la opción de gas boliviano, que de todas maneras a mediano o largo plazo también será necesario para la creciente industria chilena, deberá formularse un precio muy competitivo al LNG y considerar transportarlo vía gasoductos a través de Argentina. No hay planes de un gran gasoducto entre Bolivia-Chile.

Pero hay una evidente falta de seriedad en lo que Bolivia se dice y hace: en 2003 cuando la mirada a futuro era diversificar mercados a través de venta de LNG a California y gas a Chile, entre otros, los que hoy están al mando del Estado alzaron el grito al cielo. Era un pecado mortal pensar en vender gas a Chile. Hoy el canciller del régimen boliviano Tchoquehuanka no descarta ese mercado ni se desbautiza.

Pero en Chile pedirán, con todo derecho, dos condiciones que quizá no podremos cumplirle: además de precio competitivo, exigirán seguridad en el suministro y estabilidad política. En algún momento, como no se incrementaron en Bolivia inversiones en exploración ni menos en certificación de nuevas reservas Chile corre el riesgo de recibir el mismo trato de Argentina: reducirles el envío. A ello sumar los graves conflictos políticos y de inestabilidad que Bolivia está atravesando: un referéndum por una nueva Constitución rechazada por cinco de nueve regiones, la anunciada modificación de la ley de hidrocarburos y en puertas otra convocatoria popular a elecciones presidenciales. Mucho ejercicio democrático que pone nerviosos a cualquier inversionista.

En todo caso ésta crisis nos da una oportunidad, quizá una de las últimas, pero oportunidad: el Presidente debiera con urgencia convocar a un Consejo Nacional de Energía e Hidrocarburos, para que en conjunto con regiones, políticos, técnicos y sector privada elaborar algo que le falta al país: una NPE Nueva Política Energética que de prioridad a urgente inversión multinacional de mucho más de 20 000 mil millones de dólares para los próximos 5 años, como ya nos recomendaron, que perfile una coherente Ley de Energía e Hidrocarburos y que propicie la industrialización de valor agregado (gas a líquidos, gas a electricidad, gas a petroquímica y fertilizantes, gas a LNG) en vez de la tradicional exportación de materia prima.