• Decreto Supremo no puede normar destino de fondos de “licuables”.
Santa Cruz, (EL DIARIO).–
El reclamo reciente de las prefecturas de las regiones productoras de hidrocarburos, por el que han iniciado una nueva batalla contra el Gobierno, a fin de evitar que los recursos por los “licuables” del gas natural sean utilizados exclusivamente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), está en el tapete de la discusión.
El consultor en hidrocarburos e industria Boris Gómez Úzqueda, consultado por EL DIARIO, reclamó que la Ley de Hidrocarburos está siendo “violada por decretos del Poder Ejecutivo” y reiteró que los recursos que genera la venta de gas están bajo jurisdicción de una Ley de Hidrocarburos “que no es de ésta administración gubernamental”.
En lo que calificó de “jugada maestra de cintura pseudo jurídica” el consultor en hidrocarburos mostró que la administración gubernamental “al haber fracasado en su oportunidad de planificación energética a largo plazo echa mano a los pocos recursos que se generan producto de contratos suscritos en la década de los noventa, en detrimento de las regiones productoras por los líquidos que acompañaban al gas exportado en el contrato GSA a Brasil”.
Esos departamentos productores son Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, “a las que el autoritarismo les retiene ‘amén de otras confiscaciones IDH’ parte de ganancias, cerca de 35 millones de Dólares”.
“Gas rico”
Explicó que la fijación de precios del gas para exportación “de acuerdo a Ley de Hidrocarburos” llamado “rico” descompuesto en “despojado” (o “seco”, con poder calórico medido de 1000 BTU) y el de licuables (fraccionamiento de GLP, y gasolina natural superior a 1.000 BTU por pie cúbico), y que han sido tema de diversos debates en su momento y que si bien es cierto que no se viola el contrato de exportación de gas por fraccionar GLP y evitar que se lo lleve “la corriente” en el gasoducto se entiende que la legislación de hidrocarburos precisa que la liquidación de regalías a regiones productoras es sobre base del precio de gas “efectivamente pagado” para exportar.
Dijo que “es muchísima la viveza criolla de los dirigentes estatales” analizando que por decretos No. 29434 y No. 29444 “ilegalmente re–direccionaron para que recursos financieros logrados por el fraccionamiento de GLP y gasolina natural del GSA (separación técnica) se calculen en lugar distinto a Río Grande (punto referencial de entrega del gas destinado al GSA a Brasil), por una falsaria confabulación técnica–jurídica, ganando así unos pesos extras para seguir movilizando huestes y Dios sabrá para que tanto dinero ingresado a las arcas del TGN”.
Boris Gómez Úzqueda reiteró que esto es por una “falacia jurídico–contable de separar el cálculo de los licuables fuera del cálculo de regalías e IDH” que, según el consultor es “medida ilegal parte de la gran confiscación de recursos económicos de departamentos productores”.
En lo técnico la separación de GLP del GSA significa por esa venta adicional a nuestros vecinos cariocas “una buena cantidad que los afectados calculan en algo más de 150 millones de dólares adicionales al contrato principal”, explicó indicando que por “lo bajo 15% (11 por regalías y 4 por IDH) correspondería a regiones productoras, hoy nuevamente afectadas”.
Accionistas
Como justificativo autoridades del Poder Ejecutivo han señalado que esos recursos generados de la separación de licuables serán para “industrialización” a cargo de la estatal YPFB, y será destinado “dicen también” para recuperación de las capitalizadas Chaco, Andina, Transredes y Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), según D. S. No 29444.
“Con la finalidad de solucionar en alguna medida éste nuevo lío al que la dirigencia estatal quiere poner en jaque a las regiones, se sugiere que las gobernaciones (prefecturas) sean, entonces, accionistas de las capitalizadas, porque los dineros con los que se adquirirá las acciones para lograr mayoría y control fiscal de las mismas vienen de las regiones productoras y no del Estado central”, concluyó el consultor y ejecutivo de un importante gremio industrial y comercial Boris Gómez Úzqueda.
Con esto se habrá reparado “en algo” la injusticia y se evitará “una segunda confiscación de dineros a las regiones productoras” explicó, “porque eso de que harán ‘industrialización’ con recursos de los licuables en medio de un ambiente político altamente volátil como el que nos obligan a vivir es imposible por el momento” concluyó.
FUENTE:
www.eldiario.net/noticias/nt080312/3_06ecn.php
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