Los números de la ‘nacionalización’ confiscatoria

Las dos banderas políticas de la dirigencia estatal fueron ‘derrotadas’ por su propia impostura e inconsistencia: la abortada ‘Constitución’, que refleja el nihilismo más absolutista, y el ‘modelo’ energético de ‘nacionalización’, que es la confiscación de los ingresos de los hidrocarburos a regiones productoras y no productoras.
Resulta evidente el manejo discrecional de las cifras sobre producción y recaudación en el sector de los hidrocarburos, que desde abril de 2007 no tiene actualizadas las planillas de liquidaciones oficiales de pagos recibidos ni documentos acreditativos por ingresos al fisco, lo que generó un evidente perjuicio a los beneficiarios del IDH y las regalías.
El desbarajuste resulta mayor si consideramos que, al margen del recorte ilícito del IDH, que debió ser destinado a salud, educación e infraestructura, y no así para alimentar ‘rentismos’, las prefecturas han generado ya una deuda cobrable a la dirigencia estatal, que debe adicionalmente a las regiones por incremento de los precios de venta de gas en el mercado internacional.
No vamos a redundar en el atraso de inversiones, en la falta de herramientas de gestión ni en la inexistente industrialización de gas con valor agregado, ni tampoco en la ausencia de planificación a largo plazo, pero sí vamos a alzar la voz porque el incremento de los precios de venta de gas a Brasil (de $us 3,38 a 4,45 por millar BTU) y Argentina (de $us 4,54 a 5,76) son mayores a los proyectados por ingresos en el Presupuesto General de la Nación. ¿El resultado? El Poder Ejecutivo adeuda a las regiones un monto cercano a Bs 1.000 millones y el ciudadano es el único perjudicado.
Cifras más, cifras menos, esos incrementos reflejan un ‘veranito de dinero’ para el país, que, por cierto, no son por una buena negociación de la dirigencia estatal con demandantes internacionales de gas, sino por la propia inercia del mercado energético global.
Hay una cantidad exorbitante de dinero fiscal que la dirigencia gubernamental, al mando del ‘refundado’ YPFB y el TGN, debe explicar adónde fue destinado, más aún ahora que el país está en emergencia por los desastres naturales y ante el empecinamiento de pagar una ‘renta solidaria’ (otro Bonosol), para lo cual echa mano de recursos públicos regionales. La fiesta del despilfarro tiene que dar cuenta sobre el 70% de recursos del IDH que se recortaron a las prefecturas (algo más de Bs 1.290 millones), que imposibilitan mejorar las condiciones de vida en las regiones; se trata de una prueba contundente de que hay la intención de liquidar la única trinchera de defensa de la democracia contra el autoritarismo, conformada por Tarija, Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Pando.
Esta danza de números de la nacionalización –que no funciona, pero quita dinero– tiene que responder a las prefecturas por una cifra superior a Bs 450 millones, que por incremento de precios del gas en el segundo semestre de 2007 ha reconfigurado –con nuevos precios aplicados al cálculo– un nuevo monto del IDH favorable a los gobiernos departamentales, sin mencionar deudas similares que la dirigencia estatal mantiene con los municipios y el sistema universitario autónomo, de manera que sólo por la gestión 2007 el Estado adeuda a La Paz, su principal bastión de soporte político, más de Bs 135 millones y a Santa Cruz, Bs 120 millones. Todo esto completa el cuadro: incapacidad de los ‘gestores del cambio’ en el manejo gerencial de la cosa pública, que gastan a manos llenas plata ajena.

FUENTE: http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-03-15/vernotacolumnistas.php?id=080314210536