IDH: Desarticulando a prefectos opositores

Por: Boris Gómez Uzqueda
Sin dinero los prefectos opositores pasarán a ser simples funcionarios elegidos sin mayor capacidad de gestión sujetos, por tanto, a crítica de sus electores.

Al presente una de las principales fuentes de ingresos de las prefecturas es el IDH (que no fue creado por éste Gobierno) que permite ejecutar obras, servicios básicos, educación, salud y otros de beneficio regional.

Naturalmente la baja gestión de los dirigentes estatales y su torpe participación en política (contra las regiones opositoras) les obligó a “subir” en popularidad apelando a un nuevo bono demagógico.

A título de beneficiar a los ciudadanos de la tercera edad –a quienes les asiste el derecho de recibir toda cooperación estatal- los dirigentes gubernamentales han decidido hacerle la guerra a prefectos opositores para estrangular sus presupuestos y, por esa vía, hacerlos caer en descrédito en sus regiones.

Es un “gran” cálculo el motivado por la “indefensión” de los ancianos, cálculo que, sin embargo, no fue el mismo cuando se dictó la “nacionalización” que hasta la fecha no funciona y que nos condenó a todos: a los ancianos a no percibir su Bonosol –creado por un partido al que la dirigencia estatal odia-, a la clase media: a sufrir la falta de combustibles porque el refino, producción y exploración de hidrocarburos están en cero, y al sector productivo: a quebrar porque la falta de electricidad, de gas y de diesel es tan notoria que las operaciones comerciales e industriales son de mera subsistencia.

No es racionalmente comprensible cómo es posible que perviva en estado comatoso nuestra capacidad de hacer de Bolivia un centro atractivo en negocios de gas y energía y el rentismo siga siendo la causa principal de lucha de la dirigencia estatal que tiene una deuda con el país: en lo político corregir su ausencia de valores democráticos y en lo social: cumplir con la agenda de El Alto cuando pidió nacionalización de hidrocarburos. Hoy no hay ni democracia ni hay energía para sostener al país.

Y nadie entiende cómo fue posible que hayan engañado al pueblo con su slogan de “nacionalización” que a más de un año de vigencia no benefició a nadie. De a poco la racionalidad está derribando idealizados mitos arquetípicos, estilo junguianos, que falsarios profetas milenaristas/comunistas incrustados en la dirigencia estatal quisieron implantar en el mundo indígena boliviano, engañándolo y apropiándose de esa noble bandera de inclusión. Es una constatación que los indígenas de Bolivia quieren inclusión con respeto a la diversidad, no están en contra la democracia, la gobernabilidad, la modernidad ni el progreso nacional vía los hidrocarburos. Recientemente un círculo de académicos, intelectuales y pensadores indígenas me invitó a conversar con ellos sobre hidrocarburos como herramienta para la inclusión y el crecimiento. Y tuve la oportunidad de escuchar su pensamiento alejado del absurdo por el cual la dirigencia estatal está hoy planteando un “nuevo modelo” de Estado basado en el odio racial y utilizando, para ello, a los indígenas. En el coloquio comprendieron que la lucha por el gas en octubre 2003 cayó “en saco roto” porque hoy no tenemos una política energética de largo plazo, y que la conquista del IDH fue plasmada en una ley promulgada por un gobierno “neoliberal”. ¿Y qué hicieron, finalmente, en la actual dirigencia estatal para hacer del gas la herramienta del desarrollo? ¡No hicieron nada!

La confiscación a la que son objeto las prefecturas, municipios y universidades, de su IDH, obedece a un ciego propósito: desmantelar la acción política democrática de los prefectos que, hoy por hoy, se han convertido en última trinchera contra el totalitarismo porque los valores ciudadanos de Democracia, Inclusión y Participación no son compartidos por los dirigentes estatales !

Por ello la reducción de los presupuestos prefecturales del 32.5 por ciento menos reduciéndoles su IDH por una “inteligente” “redistribución” del impuesto para ¿garantizar? el pago de la demagógica renta “Dignidad”, creada con propósitos electoralistas antes que como parte de un enfoque estructural de lucha contra la marginalidad y la pobreza. ¿Si no pudieron garantizar el pago del Bonosol cómo podrán garantizar ésta otra renta? ¿En el futuro echarán mano del total del IDH dejando a las prefecturas, a municipios y a universidades sin éste ingreso?

Alegan como justificante la “baja ejecución presupuestaria” de las prefecturas resultado de una “falta de capacidad de inversión”; pero lo cierto es que les fue fácil, a los dirigentes estatales, tomar un dinero que legalmente ya tiene un destino y para ello apelaron a la sensiblería, y en jugada estratégica decidieron subir el ingreso municipal y mantener el universitario, pero continuar afectando a los prefectos. Obviamente ésta medida tiene un claro afán: neutralizar a los prefectos de Cochabamba, de Santa Cruz, de Tarija, de Pando y de Beni, quienes son contestatarios a la dirigencia gubernamental.

Y seguimos en una “guerra del gas” de nunca acabar.