¿Distribución directa de la renta petrolera a mayores de 18 años?, por Boris Gómez Úzqueda

La oferta es buena, siempre y cuando se respete: a) una previa política integral de energía que privilegie la industrialización por sobre la exportación de gas como materia prima b) que sea parte no-fundamental del destino de los recursos que deben ser orientados irrenunciablemente, en países pobres, a pago de infraestructura, gas domiciliario, carreteras, salud, educación, aeródromos, etc. c) que esa renta sea distribuida en un contexto de país con autonomías, en donde las Gobernaciones distribuyan ésta propuesta, sin intermediación del Poder Ejecutivo; d) que sea implementada en la próxima gestión de gobierno, y no en ésta para evitar prebendalismo y paternalismo, especialmente en zonas rurales; e) que no recorte ingresos (derechos adquiridos) de Municipios, de universidades ni de Gobernaciones (Prefecturas) y finalmente f) que tenga una logística de distribución, fiscalización y transparencia incuestionables.

La agencia gubernamental de noticias registra que el ex presidente del Banco Central Juan Antonio Morales, junto a los académicos Roberto Laserna y Fernando Molina, propuso "la distribución directa de recursos que ingresan por la actividad hidrocarburífera".
Es básicamente otro Bono anualizado o mensual que establece la entrega a cada ciudadano boliviano mayor de 18 años -de acuerdo con la rentabilidad que ofrezca el sector-, para ello utilizaron cálculos sobre la rentabilidad del 2007 que pretende recaudar hasta 1400 millones de dólares por los réditos de la actividad petrolera, repartiéndose una tercera parte de esa suma, vale decir unos 500 millones de dólares, por lo que se tendría que cada ciudadano en éste universo de personas recibiría 100 dólares y por tanto cada familia obtendría entre 200 y 300 dólares al año.

Con ello los proponentes estiman que habrá una participación eficaz y directa además de "simple y transparente" otorgándole al ciudadano la capacidad de intervenir en la economía, dinamizándola.

La oferta no es nueva: es el mismo esquema de pensamiento del casi liquidado Bonosol que atendía a la tercera edad, con otros montos y otros volúmenes de personas. Ahora se abre el espectro a ciudadanos "mayores de 18 años" y se posibilita, con la oferta de los proponentes, una especie de "salario básico" mensual que podría ser de unos cien darles.

Aunque en principio es rentismo puro, salvo que se confirme que sólo una parte de esa rentabilidad sería utilizada a su repartija pública, se entiende -creemos verlo así- que habría un principal remanente parte para cubrir operaciones propias de un Estado moderno: educación, salud, infraestructura, vivienda social, defensa, seguridad, etc. y que actualmente se financian por la actividad de los hidrocarburos. Bolivia es un país de gas y sus ingresos fiscales están directamente casados a éste acápite, por ello la necesidad de que éstos planteamientos no perforen ni al Estado o a sus instituciones ni sean motivo para dispersar recursos que no vean un fin público: ejemplo carreteras que no se construyen o ciudadanos con algo de dinero en el bolsillo pero en un entorno empobrecido (sin escuelas, sin hospitales, sin presencia de Estado…)

Lo cierto es que en ésta gran "fiesta" que la "nacionalización" y el gas han provocado en Bolivia desde el boom gasífero de los noventa, guerrita de gas incluida en 2003, todos estamos en derecho de opinar la mejor forma de distribuir los ingresos generados por una actividad que está subexplotada, porque no hemos caminado al siguiente paso: la industrialización de derivados que redundará en mayores ingresos, porque se habrá creado y fortalecido una verdadera industria de la energía en el país, con resultados financieros excedentes y con industrias que crezcan, con empleos, en derredor de la industria energética principal, y dejaremos de pensar en bonos y bonos.

La alternativa planteada por los ciudadanos indicados no es mala, ni mucho menos, siempre y cuando obedezca a una concepción estructural y global del negocio energético que tiene que estar sustentada en una política energética de largo plazo, una public policy, traducida en una legislación moderna que privilegie la industria de derivados por sobre la materia prima, que privilegie la asociación estatal con capitales multinacionales en negocios complejos y poco conocidos por los bolivianos como la industria de la generación eléctrica a partir del gas, o del diesel ecológico (el GTL), o la petroquímica especializada, o plantas de úrea, fertilizantes y la no fantástica fabricación del DME (di metil eter, sustituto del GLP en el Asia) a partir del gas, siendo así las ofertas de bonos y distribuciones directas serán una pequeña parte de una visión estructural de la energía que bien podría poner a Bolivia en el centro mismo de la distribución energética continental.

Lo lamentable de la propuesta es que –según dijo públicamente el ex presidente del Banco Central de Bolivia- disminuirá los recursos que reciben prefecturas y municipios, lo que resultará negativo porque nuevamente se atenta contra la autonomía municipal de manejo de recursos –tipo IDH- o se liquida, de frente, la naciente autonomía de los departamentos porque se corta la capacidad de gestión de las gobernaciones (prefecturas), lo que nos parece no muy saludable ya que la oferta de la dirigencia estatal va por el mismo camino: enfrentar a los ancianos a título de darles un bono mensual con las prefecturas pero reduciéndoles sus presupuestos, moviendo para ellos toda la parafernalia y la sensiblería a la que la dirigencia estatal nos tiene acostumbrados, con el claro afán de liquidar a los hoy únicos visibles líderes defensores de la institucionalidad y los valores democráticos, que son los gobernadores.

Los proyectistas argumentan que su medida se da "mayor confianza a la población de que haga un uso sano de esos recursos", pero lo cierto es que si no se tienen instrumentos político-institucionales fortalecidos, como Municipios y Prefecturas, las personas estarán condenadas a cualquier intento de establecimiento de régimen autoritario, a título demagógico de repartición de ésta renta ¿quién repartirá éstos ingresos a los mayores de 18 años? ¿la actual dirigencia gubernamental? Creo que están dándole insumos para que prebendalicen su permanencia en el Estado.

La propuesta, según otro su otro exponente Fernando Molina, tiene por fin también "terminar con intermediarios de los recursos", o sea Municipios y Prefecturas. En el actual contexto es impensable poner en manos de la dirigencia estatal un bono de las características planteadas porque sería una forma de coadyuvar su "sueño dorado" de atornillarse en el poder, reduciendo a las Prefecturas a simples oficinas sin poder político ni capacidad de gestión.