La estigmatización de la capitalización por Oswaldo Pareja.

En la sección Escenario Político el domingo 21 de octubre, Opinión registra un artículo de Don Flavio Machicado con el título “El Bonosol: ¿Muerto en su laberinto?”, en el que habla de las dificultades que tuvo en su financiamiento el “desafortunado bono que se encargó de tirar por la borda la política de capitalización” (sic). Consideramos, por una parte, que como el Bonosol es financiado con la rentabilidad del Fondo de Capitalización Colectiva y las utilidades de las empresas capitalizadas (de las que somos socios con un 49% de acciones), no se justifica hablar de dificultades de financiamiento si los mecanismos de nuestra representación como accionistas garantizasen el control en los respectivos directorios de las asociaciones mixtas constituidas.
Es cierto, sin embargo, que como él dice, los creadores y defensores de esta medida (los miembros del MNR) guardan silencio y no han tenido la capacidad, valentía y consecuencia con los postulados políticos de su partido.
Por otra parte, es respetable el punto de vista del destacado miembro de la Asociación Boliviana de Ciencias Económicas de que mejor hubiera sido repartir las acciones entre los beneficiarios (los bolivianos con derechos civiles, es decir los que hayan adquirido la ciudadanía al momento de la promulgación de la ley), dando lugar a un proceso de ahorro – inversión que hubiera permitido mayor crecimiento. Pero, es innegable que la asignación del Bonosol a los bolivianos con más de 65 años, no sólo que es un acto de justicia y solidaridad social, sino que dinamiza el movimiento económico porque éste bono es utilizado fundamentalmente para la adquisición de productos de la canasta familiar.
En otro artículo (publicado en Opinión el mismo domingo 21) titulado “Bonos ... y más bonos, ineficiencia y demagogia” el Lic. Abad Patiño califica a la capitalización como “...una de las más cínicas formas de enajenación de nuestro patrimonio estatal, un gran engaño...” (sic). Enajenar, según la Enciclopedia Universal Sopena es transferir, desposeerse, privarse de algo; pero, la capitalización fue en verdad una ingeniosa forma de atraer capitales (1.519,5 millones de dólares ), con los que se conformó el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) que administrada por las AFP, junto con la rentabilización de las utilidades correspondientes a nuestra participación accionaria en el negocio del gas, permite el pago del Bonosol.
Es obvio suponer que con el incremento del precio del gas y el aumento del volumen de exportación, el pago de este beneficio en las condiciones fijadas en la Ley de Capitalización, no requiere vender nuestras acciones (como presupone el Lic. Patiño), hasta que el último boliviano que cumplió 21 años al 31 de diciembre de 1995 haya fallecido, momento a partir del que deberán diseñarse nuevas formas de utilización del fondo de capitalización colectiva. Otra cosa es que la arbitraria confiscación del FCC correspondiente al sector petrolero para “capitalizar” a YPFB sin que esta empresa contribuya con la rentabilidad del fondo confiscado, hará difícil mantener el pago del Bonosol en el monto estipulado. Pero, ese no es un problema de la capitalización sino del autoritarismo con que este gobierno maneja el Estado.
La demagogia, la falacia y la retórica de los gobernantes hacen del pueblo un colectivo demasiado vulnerable y propenso a la manipulación generando paradigmas que estigmatizan a la capitalización, limitando los instrumentos para el razonamiento crítico y no teniendo en consideración la coyuntura internacional y nacional al momento en que se tomó esa decisión. En efecto, a nivel mundial se inició una onda privatizadora que inducía a los Estados a transferir a la iniciativa privada parte de sus responsabilidades. A nivel nacional, las propias autoridades de YPFB expresaban sus temores de que las reservas de hidrocarburos que disponíamos en ese entonces no garantizaban la atención a la demanda interna y el cumplimiento de los compromisos de exportación del gas que se habían adquirido, agravada por la incapacidad técnica y financiera de YPFB para proseguir con trabajos de exploración y explotación.
Ante esta realidad, parecía lógico que en vez de que el Estado actúe como máquina de respiración artificial que prolongue la agonía de empresas exhaustas, se inicie una política de atracción de capitales y tecnología que sean útiles al desarrollo económico del país. Como proceso ingenioso, la capitalización no enajenó nuestros recursos, sino que planteó una estrategia en la que nosotros poníamos nuestra riqueza (el gas) y las capitalizadoras ponían la inversión necesaria para hacer factible la exploración, la explotación, el transporte y la comercialización. Otra cosa es que la antigua Ley de Hidrocarburos (Ley 1689) establecía una regalía de 18% para los llamados “hidrocarburos nuevos” y una regalía de 50% para los “hidrocarburos existentes”, diferenciación ésta que junto con el intento de exportar gas a Chile o por Chile, originó una conmoción social conocida como la “guerra del gas” que terminó con la renuncia de Sánchez de Lozada.
Más tarde, se formuló una nueva Ley de Hidrocarburos que respetando la regalía del 18% establecida en la antigua ley, creaba un Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de 32%, lo que dio lugar a una difícil negociación para la suscripción de nuevos contratos. Todo este proceso pudo evitarse eliminando la discriminación absurda conceptualmente y sin ningún fundamento técnico de “hidrocarburos nuevos “ e “hidrocarburos existentes”, simplemente abrogando la Ley 1731, posterior a la Ley 1689 y que no figuraba como marco legal en los contratos petroleros.
Si se actuaba con racionalidad, con inteligencia, al margen del apasionamiento político que hacía execrable la Ley 1689, podíamos obtener una regalía de 50%, sin los traumatismos que precedieron a la nueva Ley de hidrocarburos.

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Osvaldo Pareja M. es ingeniero.