ZoOn EneRgEtIkOn: Falso debate de la nacionalización, caso Bonosol vs. Renta Dignidad

Osvaldo Pareja M.

La baja producción de hidrocarburos que se dio en la década de los noventa (que incluso hubiera obligado a importar el crudo para atender la demanda nacional de productos derivados de la refinación del petróleo), por una parte, y, por otra, las limitaciones económicas del país que no permitía apoyar las actividades de exploración y explotación de YPFB, fueron los motivantes para plantear una ingeniosa forma de atracción de capitales (la Ley de Capitalización)

a través de la convocatoria por licitación pública internacional a empresas que deseen constituir asociaciones mixtas con el gobierno, en las que las empresas suscriptoras, a través de un garante y mediante un fiduciario, se comprometan a una inversión para suscribirse como accionistas, inversión que debería hacerse en un plazo máximo de 8 años para trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Andina, Chaco y Transredes fueron las empresas que capitalizaron a YPFB, convirtiéndose en accionistas junto con el gobierno boliviano (a través de YPFB), para el negocio hidrocarburífero. El monto de inversión suscrito por la Empresa Chaco Sociedad Mixta, compuesta por Amoco Netherlands Petroleum Company (como sociedad suscriptora), Amoco Corporation (como garante) y City Trust (como fiduciario), fue de $us 306.667.000, con un compromiso de inversión en ocho años.
El contrato establecía que de no cumplirse el Plan de Inversiones, la sociedad suscriptora y el garante pagarían una penalidad de un monto equivalente a la tasa Libor más dos puntos porcentuales calculados sobre el saldo no invertido del monto de suscripción. Además, se establecía que a través de la inversión del monto de suscripción, la sociedad debería alcanzar un nivel de reservas probadas no inferior al del año anterior. Con similares condiciones, el monto de suscripción de Andina fue de $us 264.777.000 y el de Transredes fue de 263.500.000 dólares.
Las utilidades obtenidas a través de la comercialización eran compartidas entre las empresas y el gobierno en proporción al número de acciones. Las utilidades correspondientes al gobierno, rentabilizadas a través de las AFP, son las que financiaron el pago del Bonosol desde su creación. Es lógico suponer que con el aumento de los volúmenes de exportación y el continuo incremento de los precios del gas, de mediar un adecuado manejo por parte de las AFP, el pago del Bonosol no sólo que es sostenible sino que aún podría incrementarse a futuro.
Es cierto, entonces, que el Bonosol no es pagado con fondos del Tesoro General de la Nación ni con el resultado de la comercialización de los hidrocarburos, sino que se financia con las utilidades en cada gestión – en la cuota parte de nuestra participación accionaria - del negocio de la explotación del gas.
Por otra parte,

no es cierto que el Bonosol fue “un asistencialismo prebendalista politiquero”, pues la transferencia de la propiedad de las acciones del patrimonio que el Estado forjó a todos los bolivianos con derechos civiles (es decir que hayan alcanzado la ciudadanía) al momento de firmarse la Ley de Capitalización, no es asistencialismo; al contrario, es un acto de justicia y de gran sensibilidad social sobre todo porque dispone prudentemente que el Bonosol sea pagado sólo cuando alcancen la edad de 65 años,

edad en la que requieren el apoyo y la solidaridad de la sociedad.

Es necesario recalcar que antes de la capitalización, según informe de YPFB, en enero de 1996 nuestras reservas probadas y probables de gas alcanzaban sólo a 5,3 TCFs. Como resultado del proceso de capitalización, las reservas se decuplicaron (se multiplicaron por 10) hasta 54,9 TCFs. Como socios que somos de las capitalizadas (seguimos siendo aun después de la “nacionalización”), compartimos la propiedad en un 49%, de modo que lejos de haber sido “despojados” o haber “regalado” nuestros recursos, hemos conseguido aumentar en 27 veces el patrimonio nuestro que está en explotación.

Es este patrimonio incrementado (que ha permitido ampliar los volúmenes de exportación) el que con la aplicación del IDH (producto de la nueva Ley de Hidrocarburos y no de la “nacionalización”), ha dado lugar a los millonarios ingresos con los que el gobierno pretende pagar la Renta Dignidad, eliminando el Bonosol. Tres puntualizaciones son necesarias: 1). La distribución del IDH está normada por ley y la reducción de los ingresos por concepto de coparticipación tanto de prefecturas, municipalidades como de universidades, es arbitraria e ilegal. 2). El Bonosol no se paga con los recursos del IDH ni del Tesoro General de la Nación, por lo que su sustitución por la Renta Dignidad es un simple juego político para minimizar el mérito, la justicia y la modalidad propuesta por el gobierno de Sánchez de Lozada. 3).

La ilegal y arbitraria confiscación del Fondo de Capitalización Colectiva correspondiente al sector petrolero (dispuesta por el decreto de nacionalización) para su transferencia a YPFB (con el compromiso de que asumiría la cuota parte que le correspondía)

, obviamente ha disminuido el monto que las AFP disponen para rentabilizar nuestras utilidades en las capitalizadas y garantizar el pago del Bonosol.
La mentira sistemática, la manipulación de la información y la ausencia de líderes y medios de comunicación que orienten a la población han generado paradigmas como el de que la capitalización enajenó nuestros recursos, o el de que la nacionalización (... ¿cuál nacionalización?) los recuperó.
Pero, la mentira no prevalecerá contra el poder de la verdad. Parafraseando el lema que otrora adoptaron las organizaciones mediáticas de occidente, podemos decir: