Recientemente los Prefectos que asumieron el control constitucional de las regiones han señalado la vital importancia para que los Departamentos complementen sus planes de desarrollo regionales con la visión integral de país, más aún si ese desarrollo estará sustentado en recursos naturales.
Basados en la premisa de que Hidrocarburos (o, en su concepto global energía) y minería son puntales del nuevo tiempo regional, la Prefectura –remozada política y organizacionalmente- bien puede encarar la elaboración, formulación y diseño de políticas sectoriales coordinadas con el Poder Ejecutivo nacional relacionadas a explotación, comercialización e industrialización de gas natural, petróleo y minerales. Todo para ampliar cobertura de acceso a electricidad, cambio de la “matriz” energética regional y posibilitación de abaratamiento de costos que redundará en nuevos procesos agregados de reducción de costos en cadenas productivas. Inclusive el nuevo YPFB debe ser reestructurado –o “refundado”- respetando la premisa de que debe ser una entidad de gas y petróleo con fuerte presencia en proyectos y procesos decisorios a nivel local.
La visión de país por los próximos 50 años, junto a la visión de región, deben ser elaboradas basadas –concretamente en el caso que nos importa- en la premisa: energía/minería integrada al agro, al desarrollo social, a la infraestructura, los servicios básicos, educación e industria. La estructura política prefectural tiene que tener la competencia para diseñar un modelo económico basado en políticas regionales –que aporten a la estrategia nacional- en materia de diversificación de inversiones para la industria del gas, petróleo y minería. Concretamente Cochabamba, Tarija y Santa Cruz son regiones productoras de petróleo y gas. Y en el caso de Santa Cruz junto con el Mutún es la reserva de minerales más importante del oriente boliviano.
El incremento de consumo de electricidad a nivel regional (Cochabamba, Tarija y Santa Cruz) hace pensar no sólo en la expansión del servicio –a base del gas- sino en su universalización, democratización y abaratamiento para estimular industrias generadoras de empleo. Desde la Prefectura una dirección departamental de Energía, Hidrocarburos y Minería estaría llamada a articular entre Ministerio de Hidrocarburos, de Minería y Superintendencias del sector para que la prometida “nacionalización” se lleve a efecto sin dañar interés colectivo (ni nacional ni de departamentos productores de hidrocarburos).
El complejo sistema de inversiones en gas –y también para el Mutún- necesitan de una estructura política prefectural especializada para que los proyectos elaborados, la búsqueda de financiamientos, la coordinación con el Poder Ejecutivo central y ejecución de planes estén a la altura de la demanda ciudadana: liderazgo y proactividad. Y que no ocurra lo que en Potosí o Camiri: explotación irracional de minerales y petróleo –respectivamente- sin que la región se beneficie con alta inversión pública, ni infraestructura ni nada.
FUENTE: http://www.petroleumworldbo.com/extrabolivia021006.htm
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