CONSULTA PREVIA VS. “CONSULTA DESPUES” Por Ismael Schabib Montero VICEALMIRANTE DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA La Constitución Política del Estado en su Artículo 352 dice: “La explotación de los recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada…” Previo, previa. Adj Anticipado: discusión previa . La Consulta Previa es la aplicación de la Constitución Política del Estado. Exigirle al gobierno el cumplimiento de esta ley, por parte de los habitantes del TIPNIS; el pedido de que los visite el Sr. Presidente para hablar de este asunto cuando su slogan era “Gobernando obedeciendo al pueblo”, porque se estaba por ejecutar la construcción del tramo II de la carretera Cochabamba-Beni pasando por el medio del Parque Nacional y la negativa del Sr. Morales al pedido de los indígenas; fue el detonante para que se lleve a cabo la Octava Marcha que tuvo como consecuencia la aprobación de la Ley 222 y la aceptación por parte del gobierno de que se había equivocado. La “consulta después” es la consecuencia del reclamo de los campesinos, falsos indígenas, que tienen otros “usos y costumbres”, sembradores de coca para cocaína. Que el gobierno hubiera borrado con el codo la ley 222 que reconocía la intangibilidad del TIPNIS dio lugar a la Novena Marcha. Entre el 16 y 18 de junio del presente año se llevó a cabo en la UDABOL el Primer Simposio Internacional “Pensar Santa Cruz: Ayer, Hoy y Mañana”; uno de los oradores invitados fue el ex Vicepresidente de la República, Lic. Víctor Hugo Cárdenas, quién señaló muy claramente que el interés del gobierno por avasallar el TIPNIS es solamente porque las tierras donde se produce coca ilegal, en el Chapare, coca para cocaína, está en franca degradación y que cada hectárea en la actualidad produce el 50% solamente de la que producía hasta hace 5 años; se hace imperioso para los sembradores de coca reemplazar esas tierras cansadas por otras frescas y, desgraciadamente, las de ese parque nacional, son las elegidas por su ubicación . La “consulta después”, que mañana domingo 29 de julio se va a realizar, está viciada de todo tipo de ilegalidad e ilegitimidad; por lo mencionado líneas arriba y porque se llevará a cabo luego que el gobierno envió brigadas a realizar proselitismo político anticipadamente, donde el soborno y la prebenda fue la moneda corriente; mostrándolo en los medios de comunicación como si fuera una hazaña; en esta tarea las FFAA han cumplido un importante papel y hasta el mismo Presidente Morales se ha prestado como peón de su propia jugada. Circula por internet un documento apócrifo titulado ADEMDUM-DEL ALBA, que uno debiera ignorar, pero por su contenido y el cumplimiento que hacen los gobiernos de algunos países que profesan esa ideología; pareciera auténtico; consta de 6 Capítulos; el Capítulo V lleva el título “Cómo lograremos recursos económicos”; textualmente dice, “Una revolución se basa en tres conceptos según Napoleón: dinero, dinero y dinero. La única revolución que hicieron los pobres fue la francesa. Hoy nuestra lucha no sería posible sin recursos del petróleo venezolano y la cocaína Bolivia”

Foto: Vicealmirante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Ismael Schabib férreo opositor del régimen comunista de Evo Morales. SOBRE EL RÉGIMEN COMUNISTA EN BOLIVIA: CARTA PARA EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA Sr. José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA; Como un boliviano común le doy la bienvenida a Bolivia, mi país; expresarle que sé de su admirable carrera política, de la excelente formación moral y académica que ha recibido; Dios, el Gran Arquitecto del Universo, le dio los padres que tuvo y las universidades e institutos superiores donde estudió. Quisiera decirle que en mi país vivimos la pesadilla de una dictadura de nuevo estilo, un poco diferente a la clásica de los gobiernos militares de la Guerra Fría. Esta es una dictadura más perversa porque tiene fachada democrática; llegó mediante unas históricas elecciones donde el actual gobernante ganó con mayoría absoluta, inédito en la joven democracia boliviana. Según algunos analistas políticos se eligió por mayoría absoluta a una persona con el perfil del Sr. Evo Morales Ayma, porque los partidos políticos se habían desgastado y los gobiernos no habían solucionado el problema social por corruptos e incapaces; permítame decirle que discrepo parcialmente con esa hipótesis, el problema radica en que esos gobiernos, excepto el del Sr. Morales, administraron la pobreza de Bolivia con los precios de nuestras exportaciones por los suelos, sin embargo, le crearon falsas expectativas al pueblo, generando una gran decepción; más que incapaces fueron demagogos. El Sr. Morales fue elegido con mayoría absoluta por una población atemorizada por sus “movimiento sociales”, integrados por gente pagada con financiamiento desde el exterior; volvió ingobernable a Bolivia con sus bloqueos de carreteras y calles, cinco años antes de llegar a la presidencia; mucha gente, especialmente del Occidente de Bolivia, pensó que para salir de esa horrible situación la solución era darle el gobierno, porque suponían que al poco tiempo se caería; nunca imaginaron que detrás del MAS había todo un andamiaje político y económico, como el Foro de San Pablo, algunas ONGs, el gobierno venezolano, el de Cuba, el millonario Jorge Soros y otros, y que nuestras exportaciones llegarían a tener excelentes precios, recursos que también se utilizan para comprar conciencias. Desde el gobierno se apoderaron del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de la Corte Nacional Electoral, de las FFAA y la Policía Nacional, amedrentando y corrompiendo con el “billetazo”; lo novedoso de este modelo de dictadura es que neutralizó a la oposición amedrentándola, organizando matanzas para luego endilgarles la autoría y acusarlos de genocidas, de separatistas y terroristas; ha convertido al poder Judicial en un órgano de represión;se violan los Derechos Humanos, hay presos políticos acusados como delincuentes, (algunos pueden serlo); hay perseguidos, exiliados y autoexiliados; no se respeta la pluralidad, los indígenas de las tierras bajas, los auténticamente humildes, han sido brutalmente reprimidos, discriminados, denigrados e irrespetado sus derechos. Existen miles de cédulas de identidad duplicadas, triplicadas, la mía entre ellas, como una señal de que algunas elecciones que ya se realizaron y las que vendrán serán fraudulentas, manejadas a conveniencia del gobierno. Como si lo anterior no fuera gravísimo, estamos inundados de cocaína, e inundando a los países vecinos, simplemente porque a mayor producción de hoja de coca, mayor producción de cocaína; nuestro Presidente, el Sr. Evo Morales, es también Presidente de las federaciones de cocaleros; el epicentro del narcotráfico en Bolivia es el “Chapare”, ahora intocable para las fuerzas de interdicción, “casualmente” allí es donde el gobierno tiene su mayor sustentación política. Tengo la percepción que por nuestra causa marítima usted no hará nada, tiene las manos amarradas, porque es chileno y no le conviene por sus legítimas aspiraciones a la primera magistratura de su país, pero, como demócrata que es y cabeza de un organismo supranacional como la OEA, le pido, como un ciudadano boliviano común, que somos la gran mayoría, que interponga sus buenos oficios, para que en Bolivia recuperemos nuestra democracia. Ismael Schabib Montero VICEALMIRANTE DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA

Carta a Presidente de Bolivia Evo Morales, por los atropellos contra el estado de Tarija-Bolivia, suscrita por el asambleista Alan Echart

Tarija, 10 de abril de 2012

Señor:
Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional
La Paz

De nuestra mayor consideración:
La población tarijeña a conocido que este próximo 19 de abril la empresa “Gaffney and Cline” presentará un informe final en el que darán a conocer el factor de distribución de las regalías provenientes del Mega Campo Margarita, al respecto le recordamos que en nuestro País todos debemos cumplir la Constitución Política del Estado, tal como lo previene su art. 410.I y quienes incumplen la ley deben ser sancionados conforme lo dispone la norma penal.
De consumarse la injusticia más grande de los últimos años realizada en contra de los Tarijeños, se vulneraría el derecho constitucional de los departamentos a percibir el 11 % de regalías provenientes de su producción de hidrocarburos fiscalizada dentro de su territorio (Art. 368, 351.IV C.P.E.), hecho ilegal que pretende ser consumado en base a un fraudulento y cuestionado estudio, contratado irregularmente y alimentado por informes parcializados de la Empresa Transnacional REPSOL, la que pisoteó la soberanía nacional a gusto y antojo, sobreponiendo intereses económicos foráneos a los de nuestro Estado, informe que es sustentado por un Reglamento de Campos Compartidos (R.M. 497-011 y 033-012) que no puede desde ningún punto de vista regular la aplicación de derechos fundamentales (art. 109 C.P.E.) y que fue enmarcado en una ley de Hidrocarburos irretroactiva (art. 123 C.P.E.) inaplicable al Mega Campo Margarita de anterior data y abiertamente contraria al marco constitucional positivo.
Nos apena ver a nuestro pueblo una vez más… olvidado y utilizado, POR LO QUE NO ACEPTAMOS NI CONSENTIMOS la gran injusticia que se cometerá al conculcar nuestro derecho fundamental a percibir el 11 % de regalías, derecho que es la base para nuestro desarrollo futuro y el de miles de ciudadanos.
Es por todo lo expuesto, que a sabiendas de que estos irregulares actos son de su conocimiento, dejamos constancia por escrito en la fecha de la nota, que será ante su mirada, en su gestión y bajo su mandato que se viole flagrantemente la Constitución Política del Estado promulgada con su firma y que el 19 de abril además de quedar grabado en nuestra memoria como un funesto día, demostrará al mundo… que en Bolivia la ley no se aplica para todos con igualdad y justicia!!! Quedando nuestra esperanza depositada únicamente en los tribunales internacionales.
Un estado de derecho sin derechos, es un estado de anarquía, por lo que al no encontrar en sus actos como máxima autoridad del Estado, imparcialidad, igualdad y atención oportuna, exigimos cumpla su deber constitucional denunciando el incumplimiento de la norma suprema y paralizando la infame injusticia que será consumada en contra de un pueblo que no hizo nada mas que ser muy leal y muy fiel a la Republica de Bolivar!!!!
De no hacerlo, el pueblo de Tarija lo juzgará a usted y a sus complices!!!

¡Somos libres cual libre es el cóndor
Que el espacio recorre veloz:
Tarijeños, más rey no tenemos
En la tierra y en el cielo que Dios!!!!

Dr. Alan Echart
Asambleista de la Asamblea Legislativa del Estado de Tarija - Bolivia

Gobernador de estado boliviano del Beni denunció golpe de estado por gobierno de Evo Morales

Beni.- El gobernador suspendido de Beni, Ernesto Suárez, denunció una conspiración de la Fiscalía, Judicatura y la Asamblea Departamental para concretar el "golpe de Estado" en su contra.

En conferencia de prensa cuestionó al fiscal de materia Luís Carlos Saucedo, quien presentó una acusación incompleta para que sea suspendida la asambleísta Sonia Elizabeth Suárez Araúz, lo que permitió tener los votos suficientes para desfectarlo como Gobernador.

En su criterio, también hubo complicidad de la Asamblea Departamental en el "golpe de Estado", porque primero recibieron la acusación en su contra y luego la correspondiente a la asambleísta Suárez, sin embargo primero se dio lectura a esta última para que asuma el suplente y conseguir los votos que el oficialismo necesitaba para suspenderlo.

Dijo que a Sonia Elizabeth Suárez la suspendieron el 16 de diciembre, sin pruebas y sin cumplir lo que manda la ley, después el 19 trataron de corregir y enmendar el error.

"Lo triste es que aquí no vale la democracia, aquí no importa el voto, aquí no importa el debido proceso, el tener que ir a una elección y emitir su voto y que salgan autoridades electas", enfatizó.

La ABI buscó una respuesta en las instituciones cuestionadas pero no fue posible hablar con ninguna de sus autoridades, ya que en algunos casos se encontraban ocupadas.

Tarija, la gran ausente del debate energético boliviano

Por Boris Gómez Úzqueda. Analista en energía y columnista de El País. Máster en Administración de Negocios y consultor del sector privado. Síguelo en twitter @bguzqueda

Llevar el título de “primera región productora de gas natural” debiera ser suficiente motivo para liderar la propuesta nacional y el debate de una nueva Ley de Hidrocarburos LH, formulando –desde el consenso de Tarija- una NPE Nueva Política Energética para Bolivia.
Desde siempre hemos sostenido que Tarija es el motor de la economía boliviana del nuevo tiempo: la formulación de una visión en donde Bolivia exporte energía como valor agregado al Continente tendrá como base de sustentación los reservorios de gas descubiertos y por descubrir del Chaco y los negocios que en base a ello se lleven a cabo en beneficio boliviano.
Varias personalidades académicas, políticas, institucionales de la dirigencia de Tarija han expresado su preocupación –a la que me adhiero- de la falta de propuesta de NPE desde Tarija para liderar el debate de una nueva LH. Desde Tarija al Parlamento debiera llevarse un proyecto de LH moderno atractivo de capitales y abriendo el país al mundo en inversión petrolera y gasífera.
Analistas y entendidos coincidirán conmigo que Tarija debe liderar el nuevo tiempo boliviano en temas de hidrocarburos, sin desmerecer a ninguna región, Tarija debe convocar a las regiones productoras a lograr consensos e ideas que deban plasmarse en una LH.
Es la oportunidad histórica boliviana para convertir a Tarija en su “canal de Panamá” o en su “Dubai” de los negocios energéticos, por donde confluyan gasoductos, líneas eléctricas y se transporte energía, entendida como excedentes de diesel a partir del gas natural, excedentes de electricidad generada por gas, una nueva gama de productos plásticos producidos a partir del gas y para mercados del cono sur continental y conviertan a Tarija en un centro de negocios especializados en la industria de hidrocarburos, moderno, con nueva infraestructura y tecnológicamente acorde a las exigencias del mundo moderno.
¿Porqué no hacer de Tarija, por ejemplo, el centro internacional de negocios de América Latina? una especie de Dubai (ciudad de Emiratos Árabes Unidos) latinoamericana un hub de negocios en energía.
La actividad de los negocios en valor agregado en gas van a generar actividades adyacentes: construcciones, inversiones financieras y movilización del aparato industrial y productivo de Tarija, haciendo de Tarija un centro geográfico continental en donde la energía para las industrias y la producción sea a costo cero y se exporte energía para países de alta demanda como Argentina, Brasil y Chile.
Los temas de Tarija en energía son los temas de Bolivia y del cono sur latinoamericano. Por ello subrayar en el seguimiento a los proyectos que ejecuta la gobernación de Tarija, en materia de hidrocarburos, que deben dar prioridad a la industrialización de gas en valor agregado.
Ver cómo van los proyectos relacionados a interconectar a Tarija al Sistema Interconectado Nacional de Electricidad – SIN en tanto haya una nueva termoeléctrica para consumo local y exportación de excedentes de electricidad, ver cómo va la eventual sociedad entre Tarija y ENDE.
Asimismo ver cómo va la marcha del proyecto de la planta separadora de líquidos que YPFB anunció que estará en marcha el año 2013, y que es de conocimiento público.
Si bien es cierto ha habido importantes esfuerzos regionales en “masificación” del uso del gas, instalando redes primarias, secundarias e instalaciones domiciliarias se debe concentrar la atención de Tarija en lo principal y estructural: Tarija debe proponer una nueva LH al país, ante la inacción del ejecutivo central.
Los grandes temas de Tarija son los temas de Bolivia. No es la primera vez que se le ofrece a Tarija proyectos de industrialización del gas para generar más ingresos y empleos. ¿Pero cómo van esos proyectos?
Se debe volver a insistir en que Tarija y sus instituciones deben conocer cuánto de reservas de petróleo y gas tiene el país y principalmente el departamento necesarios para una planificación energética en el marco de una NPE.
Tarija debe liderar nuevas propuestas –a ser incluidas en una LH- para ver cómo se va a redistribuir ingresos por regalías e IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), e insistir en una búsqueda global de capitales externos en exploración a escala del territorio nacional y regional.
Dado que la nueva CPE en su artículo 300 faculta a los Gobiernos Autónomos Departamentales “participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos en el territorio departamental en asociación con las entidades nacionales del sector” Tarija debe empezar a realizar los proyectos y a exigir ejecutarlos.
En lo inmediato está pendiente el estudio para verificar la relación entre los campos Margarita y Huacaya
Finalmente, y no menos importante, reiterando que Tarija debe liderar y una propuesta de LH debe ser parte de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EIBH), evaluando la factibilidad de varios proyectos para industrializar el gas y obtener productos con valor agregado, aportando criterios y nociones en proyectos concretos como GTL (gas a líquidos) para producir diesel y gasolinas ‘ecológicas’ y polietilenos, entre otros.
Se debe pasar del análisis a la acción.
La EBIH anunció que varios proyectos –hoy en análisis de factibilidad- utilizarán como materia prima los líquidos que se obtendrán con la instalación de la Planta Separadora de Líquidos que YPFB y Enarsa pondrán en marcha hasta el año 2013 en Madrejones, Tarija.
¿Y que dice Tarija ante estos proyectos?
Anexo a la industrialización de gas en valor agregado viene el tema de movilizar parte de las RIN –reserva internacional neta- que alcanza a casi 12 mil millones de dólares y que deben ser puestos, en una proporción, en negocios de escala de valor agregado y por supuesto que será en suelo de Tarija y tendría que tener la opinión técnica de Tarija.
A ello agregar que como Bolivia es un país gasífero por lo que tiene la potencialidad y la posibilidad de llevar adelante proyectos de petroquímica a partir de la trasformación química del gas natural, y también proponer –vía nueva LH- inversiones concretas para avanzar en una planta de Amonio, fertilizantes fosftados para la fabricación de explosivos y en la producción de úrea como proyectos que “van de la mano” con otros como la producción de polietilenos polipropilenos planta de metanol, planta de cloro-soda, PVC, y otros.
Todos éstos criterios pueden ser plasmados con un nuevo escenario político de establidad, con una NPE y una nueva LH que sea impulsada desde Tarija

No puede incrementar precio de combustibles en Bolivia

• El Parlamento tiene la obligación de debatir una nueva Ley de Hidrocarburos
• El Ejecutivo tiene la misión de preparar la NPE

Por Boris Gómez Úzqueda, máster en administración, consultor en negocios.

No existe argumento técnico ni económico para que se incremente el precio de carburantes en el país.
Siendo Tarija la potencia nacional y continental en proyectos y negocios en hidrocarburos desde Tarija se debe sugerir al Ejecutivo nuevos modelos de pensamiento en el negocio energético.

Medidas que evitarían gasolinazos
Hubiera sido importante que el Estado central exija la conversión a GNV de vehículos chutos, basados en los registros informáticos que cursan en la Aduana.
Los Municipios del país que fueron receptores de los vehículos denominados chutos y que fueron desechados en otros países podrían cargarles un impuesto municipal adicional, para desincentivar su adquisición y reparar en algo el daño ambiental que generarán, además de todo el consumo extra de combustible, grasas, lubricantes etc.

En el fin de acrecentar que todos los vehículos se conviertan a utilización de gas natural comprimido o GNV se debe incorporar a las gobernaciones a esquemas financieros de los subsidios de instalación de GNV y además a los municipios para que otorguen comodatos de terrenos en donde se deben instalar “corredores azules” a capitales privados”. Se denomina corredores azules a los puntos de carga de GNC.

Adicionalmente entre otras medidas para evitar gasolinazos están las de reducción de costos en “empresas estatales” de fábricas de cartón, de leche, proyectos de compras de aviones, satélite y otros que no son rentables, y más bien incentivar con dinero fresco a que las subsidiarias estatales de petróleo suban producción de líquidos en campos administrados por el Estado, para de alguna manera romper con la dependencia de diesel venezolano y romper la barrera de producción de líquidos que está estancado en menos de 45 Mil barriles diarios.

Con el dinero de la subvención Bolivia podría tener planta de GTL
Aunque es algo tarde se podría ahorrar subvención carburantes 2012 de USD 755 millones, que sumado a lo que se gastó en 2011 de casi USD 600 millones y a la subvención de años 2007-2008-2009-2010 que llega a USD 600 millones, se tiene casi una cifra exorbitante de casi 2000 MM USD (dos mil millones de dólares) despilfarrados.

Si el actual ejecutivo central hubiera puesto en marcha una nueva Ley de Hidrocarburos y su promesa de industrialización a escala de gas natural, abriendo al país a inversiones externas, destrabando la CPE y estableciendo facilidades fiscales a proyectos de industrialización de escala, y dándole una solución estructural al tema hidrocarburos en el país, y poniendo en marcha el proyecto de planta de GTL (gas a líquido, gas to liquids) que sería puesto en marcha entre 2010-2010 a un consumo de 4 Mmm3d en una planta que debió empezar a construirse en el Chaco boliviano ya se avizoraría la producción de 12750 PDD Diesel, 2500 PDD Nafta y consumiendo un promedio de 4-5 Mmm3d de gas natural, sin que afecte el consumo interno ni el nivel de provisión de gas natural. Según ese plan gubernamental, que está en varios portales estatales, se habrían requerido 5 años de construcción con operaciones previstas para 2015 y a una inversión de 500-600 Millones USD.

Lógicamente era mucho más barato tener una planta de conversión de gas a diesel para mercados externos y el interno que haber despilfarrado dinero en subvenciones.

Esquema de financiamiento de industrialización
Pese a que hay voces disonantes en el país que indican que una planta de GTL no es posible por su costo y porque el país no tiene “espalda” financiera para tal proyecto, sería importante realizar un esquema de financiamiento que permita movilizar las RIN hasta 6000 millones de dólares y movilizar dineros de la banca nacional sumados a capitales externos, lo que daría como resultado un importante capital para proyectos de ésta naturaleza que tendrán un efecto en la rentabilidad muy importante porque el Estad se convierte en socio y esperará rentabilidad en vez de rentismo.

De todas formas hace falta más gas

Por Boris Gómez Úzqueda-Máster en Administración de Empresas.

Los planes de exploración de nuevos bloques y de certificación de nuevos reservorios en el país no han avanzado como esperaban en éste quinquenio y en el año y las inversiones externas e internas en el negocio energético tampoco han sido de las mejores. Aunque no estamos a fin de año ésta será la frase de fin de año: no hubo avance en materia de hidrocarburos.
Un caso concreto que va “apurando” la necesidad de gas: el tema de la industria siderúrgica del Mutún, bajo administración multinacional, que requerirá entre 6-8 Mmm3d (millón de metro cúbico diario) de gas natural para el arranque de su primera fase del proyecto y entre 9-11 para el segundo estadio del proyecto. Hace un par de años en una columna comenté que el gigante proyecto siderúrgico, como el del litio en Potosí, requieren grande volúmenes de gas por día y adicionalmente a ello requiere ser transportado desde los centros de explotación hasta el Mutún. En el caso de la siderúrgica requieren gas para la transformación del acero y para la generación de electricidad. Casi todo el volumen de gas consumido internamente!
Por ello era importante haber definido una NPE Nueva Política Energética en 2006 para proyectar y tener una visión de país por los próximos 30 años, de manera que no hubiera ocurrido éstos desbalances a los que la administración estatal está obligada a hacer malabarismos por falta de oferta de gas natural, particularmente.
En otro prueba de la “seriedad” del Estado boliviano hace unos días el propio ministro del sector energético dijo que la compañía multinacional a cargo del proyecto podría “irse”.
Al margen de los contratos que Bolivia tiene de provisión externa de gas natural con Argentina y Brasil, hay un tema preocupante de falta de gas para el consumo interno.
Cada vez los industriales de Cochabamba, Tarija y de La Paz se quejan –con justicia- de falta de oferta de gas.
La producción de gas natural nunca superó la barrera de los 45 Mmm3d. Nunca! Ni los mejores analistas ni los técnicos del Estado podrán desacreditar la cifra indicada. La producción rondó siempre entre 38-40 Mmmm3d.
En el mercado interno la demanda debe ya sobrepasar los 10 Mmm3d y apenas se le oferta menos de 7 Mmm3d. Siempre se hizo malabarismos con los compradores externos: por varios años se cesó la exportación de gas a Cuiabá y se redujo entregas a Brasil.
Para el 2015 Bolivia va a requerir mínimamente entre 75-80 Mmm3d, considerando que el proyecto Mutún estará ya funcionando a capacidad, se iniciará un proyecto de industrialización a escala de gas (la planta de conversión de gas a líquidos, por ejemplo), se cumplirá con los requerimientos internos de consumo, etc.
Lo que se reclamaba hace 5 años sigue siendo materia de debate: no existe una NPE, no hay la Ley de Hidrocarburos, no se mejoró las condiciones de refino, no hay mayores ductos, no se tienen cifras importantes invertidas en desarrollo de campos, ni en exploración intensiva y lo que es peor y es para reclamar: se han endulzado la boca –los que sabemos- con el tema de la industrialización de gas y a la fecha no existe nada de eso.
Pero bueno, más allá de las quejas y consideraciones, más allá de los “aliados” y “grandes amigos” que el régimen boliviano mantiene con los totalitarismos de Venezuela e Irán –que por cierto les importa un reverendo rábano la situación energética boliviana, dado que esos regímenes tienen sus propios proyectos, mercado y geopolítica energética muy diferente a la nuestra- lo cierto es que hace falta más gas para el consumo interno. Los cortes de luz –impensables en los “detestados” gobiernos neoliberales- hoy son frecuentes. Los “foquitos ahorradores” son la gran solución de los administradores del Estado ante un hecho que debiera enfrentarse en su real dimensión: Bolivia es un país del gas y para su desarrollo requiere capitales externos para explorar, explotar, comercializar e industrializar el gas, pero con mentalidades abiertas, globales y no endurecidas por falsos principios.

Amnistía con Amnistía se paga, columna del exdiputado boliviano Luis E. Siles

Amnistía con Amnistía se paga,
columna del exdiputado de Bolivia Luis Eduardo Siles Pérez

Hoy se confirma una verdad que a pesar de los muchos intentos por esconderla, ha salido a la luz pública y constituye un aporte valioso a la verdad histórica que poco a poco se va reconstruyendo sobre los lamentables y violentos sucesos de septiembre y octubre 2003.

Inmediatamente luego de asumir el mando de la Nación, el 31 de octubre de 2003, el señor Carlos Mesa emitió el primer Decreto 27234 para establecer una inverosímil y sui géneris amnistía selectiva para todos los líderes sindicales que participaron en las movilizaciones liberándolos incluso de una investigación, en el juicio de Evo Morales contra Gonzalo Sánchez de Lozada.

De esta forma “amnistió” a los que organizaron la violencia, secuestraron, emboscaron con armas de fuego al Ejército, asesinaron, interrumpieron las comunicaciones, el transporte y el flujo de ambulancias y socorro medico, quemaron oficinas públicas y propiedades privadas, usando armamento como fusiles, dinamita, y bombas molotov. De ahí en adelante, el Juicio de Responsabilidades sólo continúa para los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. Las Fuerzas Armadas de la Nación por exclusión, son las castigadas, ellas, que evitaron que las muertes y daños fueran mucho mayores y que preservaron la unidad nacional hasta hoy amenazada.

Gracias a esta “amnistía” los señores Evo Morales, Felipe Quispe, Jaime Solares y Roberto de la Cruz, por mencionar solo algunos, nunca fueron investigados a pesar de que en enero de 2003 firmaron públicamente la creación del “Estado Mayor del Pueblo” para “la movilización y masificación del bloqueo en todo el territorio nacional, tanto en el campo, como en las ciudades contra el gobierno…”. A pesar de que algunos dirigentes reconocieron que dieron órdenes de emboscar a las Fuerzas Armadas, ni siquiera fueron convocados como testigos. A pesar de que hicieron reiteradas y recurrentes convocatorias a la guerra civil, la fiscalía ni siquiera los mencionó.

Más tarde, cuando la Comisión de Fiscales responsable de la investigación rechazó la proposición acusatoria -ya que no había igualdad de justicia si una parte había sido extraída del juicio, el señor Carlos Mesa la disolvió, y en 24 horas, anuló la Resolución, cambió al Fiscal General, cambió a nueve Fiscales de Distrito y nombró inconstitucionalmente a jueces de la Corte Suprema en lo que se llamó “Viernes Negro” del 30 de julio de 2004.

La participación del Señor Mesa en los meses previos al 17 de octubre de 2003 debe aun ser esclarecida. Lo que es ya evidente es su manifiesto interés en ratificar que se le atribuya toda la responsabilidad, jurídica y política, al Ex presidente Sánchez de Lozada. Así, su propio rol queda eximido de un papel mucho más cercano al de la deslealtad, o peor.

La reciente decisión de la Asamblea Legislativa de liberar al señor Mesa del juicio de responsabilidades por los llamados “petrocontratos” confirma y ratifica en forma estridente el manejo absolutamente político de la justicia, cuando amnistía con amnistía se paga.



Luis Eduardo Siles Perez fue Diputado Nacional de Bolivia y ahora es jefe del opositor centroderechista MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario.

Carlos Mesa, Evo Morales y sus decretos de Amnistía

Por (foto) Carlos Sánchez Berzain, exministro de Defensa, exministro de Gobierno y exministro de la Presidencia de Bolivia (2002-2003)

El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) ha publicado en rotativos bolivianos el domingo 4 de septiembre pasado un artículo titulado “Sobre el juicio de octubre”, en el que respalda la írrita sentencia dictada por los tribunales de justicia de Evo Morales contra los miembros del Alto Mando Militar y dos exministros del gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997; 2002-2003). Trata de justificar los decretos de amnistía (27134 y 27237) que firmó para perdonar a los causantes, responsables y ejecutores de los hechos luctuosos que en octubre de 2003 dieron a Mesa –su traición por medio- la Presidencia de la República de Bolivia. Sobre la sentencia, lo que hace Carlos Mesa es respaldar el resultado totalmente antijurídico y violatorio de los derechos humanos del tribunal de Evo Morales. Lamenta la sentencia contra el Almte. Aranda al que califica como militar de honor y ejemplo de respeto institucional, pero a quien con la amnistía y acciones en este proceso ha mandado premeditadamente a la cárcel. Todos los miembros del Alto Mando hoy convertidos en “presos políticos”, han sido siempre militares de honor y ejemplo de respeto institucional, no porque Mesa lo diga sino porque son generales de la democracia, con servicios impecables, que defendieron al país, no mataron ni mandaron a matar a nadie, actuaron de acuerdo a su competencia constitucional, bajo la autoridad y responsabilidad del poder político democráticamente establecido. Es un “linchamiento” anunciado desde la acusación hecha por Evo Morales, con quien Carlos Mesa pactó la denominada “agenda de octubre” para llevar adelante el juicio contra las autoridades derrocadas. La Corte Suprema rehusó dar curso al trámite y fue la presión del gobierno de Mesa la que impuso remitir los antecedentes al Congreso. La Comisión de Fiscales responsable de la investigación rechazó la proposición acusatoria y querellas porque no encontró materia justiciable valorando los decretos de amnistía sólo para los agresores del orden público, y los miembros de esta Comisión fueron suspendidos y procesados por el Fiscal General y el Fiscal de Distrito designados por Carlos Mesa; disolvieron esta comisión y formaron otra para producir una sentencia de culpabilidad. Mesa omite el detalle que el pleno del Congreso Nacional rechazó la acusación por mayoría y él, Carlos D. Mesa, desde el Palacio de Gobierno, forzó ilegalmente una segunda votación (el caso estaba terminado) haciendo incluir a todo el gabinete y a los miembros del Alto Mando. La opinión pública se da cuenta que el juicio ha sido urdido por Carlos D. Mesa y Evo Morales para tapar sus crímenes; así lo pactaron en la “agenda de octubre” y los decretos de amnistía son parte del pacto. Sin el desprestigio público del presidente derrocado y de los miembros de su gobierno, la traición y conspiración de Mesa se hacen evidentes y los crímenes cometidos para el derrocamiento encontrarán sus autores nacionales y extranjeros liderados por Evo Morales. No se da amnistía a un inocente, la amnistía es admisión de la comisión de delitos. Ignorando deliberadamente esta verdad Mesa trata de justificar sus decretos como “una decisión política” con dos falsos argumentos: “contribuir a la pacificación del país” y “neutralizar la arbitraria Ley 2494 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana promulgada en agosto de 2003”. Sobre esto, el Vicepresidente de Goni olvida deliberadamente: 1.- Que la convulsión social fue promovida en el occidente del país, iniciada por Evo Morales, quien rompió en agosto de 2003 el dialogo nacional propiciado por la Iglesia Católica. Los hechos de violencia hicieron crisis en septiembre con el secuestro de turistas nacionales y extranjeros en Sorata y la emboscada armada a la columna de evacuados en Warisata. Más de dos tercios del territorio nacional nunca estuvieron en conflicto, de donde “pacificación de país” es sólo un pretexto; prueba de ello son los lugares de los muertos y heridos con los que Evo y Mesa hacen política hasta ahora. 2.- La Ley 2494 del Sistema de Seguridad Ciudadana fue redactada y aprobada en julio y agosto de 2003 por Mesa, entonces Vicepresidente de la República y Presidente del Congreso. Es una ley tramitada y sancionada bajo la presidencia legislativa de Mesa. Si consideraba que era una ley arbitraria ¿por qué no se opuso a su tramitación, por qué la aprobó y mandó al Ejecutivo para su promulgación?... ¿que cambió de agosto a octubre de 2003? 3.- El DS 27234 de 31 de octubre de 2003 de Mesa, establece: “Artículo 2 (AMNISTÍA) .I.- Se decreta amnistía para TODOS LOS DELITOS comprendidos en la Ley 2494 de 4 de agosto de 2003 –Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana- con relación a las acciones realizadas a partir del momento de vigencia de la ley y hasta el momento de entrada en vigencia del presente Decreto Supremo”. Esta ley no introdujo nuevos tipos delictivos, agravó las penas. TODOS LOS DELITOS de dicha ley son “instigación pública a delinquir, evasión, fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas, asfixiantes, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, lesión seguida de muerte, robo, robo agravado y extorsión”. Si se lee la descripción de estos delitos, ¿cómo Mesa puede sostener –confesando su felonía- que tenía que perdonar delitos comunes para pacificar al país y perdonar sólo a quienes crearon las condiciones para que él llegue a la Presidencia? ¿No se da cuenta que al defender este perdón está mostrando su propio interés en la amnistía? ¿Se ha olvidado –además- de los muertos en su gobierno? Si el propósito es el encubrimiento mantengan la amnistía. Si son capaces de enfrentar la verdad Morales debe derogar los decretos de amnistía de Mesa. ¡No es difícil entender la diferencia!

Los Caifaces en acción. Recuerdos del presente

Por Humberto Vacaflor Ganam/Analista político boliviano

La exhibición de actitudes canallescas contra la marcha de los indígenas de diversas étnias por el parque TIPNIS en el centro del territorio boliviano hace inevitable identificar a expertos en movimientos sociales que han optado por olvidar todos sus principios y convertirse en obedientes sátrapas.

Durante años, esos expertos habían estado acumulando experiencias sobre la manera cómo actúan los movimientos sociales. En algunos de ellos parecía una especie de apostolado. Hasta que decidieron quitarse las máscaras.

Estuvieron muchos años preparándose para la llegada de este momento, cuando ellos, haciendo de ministros del gobierno del caudillo, debían actuar sin ningún miramiento, sin concesiones a la moral ni a la decencia. Este, para ellos, es el fin de la historia. Son los Caifaces del movimiento indígena.

Desde que comenzó la marcha, el 15 de agosto, el despliegue de actitudes cobardes, de acusaciones deshonestas, con escuchas telefónicas, con maquinaciones para engatusar a los indígenas, con amenazas hechas a través de terceros, con un coro de medios oficialistas y oficiosos empeñado en mostrar a los machistas como golpistas y perversos, quedó claro que la octava marcha indígena hacia La Paz se las estaba viendo con un poder inescrupuloso y canallesco.

La maquinaria de difamación de la marcha fue despiadada. Se dijo que los dirigentes estaban borrachos, una acusación que entró en silencio sólo cuando un dirigente indígena recordó que el caudillo también marchaba borracho cuando solía protestar. Se dijo que los dirigentes de la marcha eran sirvientes de una agencia de cooperación internacional, hasta que alguien recordó que más de un ministro del gobierno, y el propio hoy presidente de Bolivia, recibieron ayuda de alguna de esas organizaciones. Por momentos dio la impresión de que todo el conflicto enfrentaba a marionetas manejadas por organizaciones no gubernamentales extranjeras, de ambos lados.

El trabajo de esta canalla consiste en mentir, para ocultar que la carretera debe pasar por el parque sí o sí, como lo admite el caudillo, porque hay contratos firmados y comisiones vigentes. Deben tratar de marear la perdiz de la opinión pública diciendo que el gobierno ofrece siete, ocho y más “alternativas” para el segundo tramo de la carretera, pero ocultan que todas esas “alternativas” consisten en pasar por el corazón del parque. Deben ocultar que el caudillo ha prometido a los cocaleros de la zona denominada Chapare nuevas tierras para explotar, y que el parque es la “tierra prometida”, además de los otros parques nacionales. Deben negar que en el Choré ya existe una zona de exclusión, con narcotraficantes colombianos, igual que en Colombia, donde los cocaleros se han hecho fuertes ante la oposición de los campesinos de Yapacaní. Deben negar que el único propósito del caudillo es cumplir con los cocaleros. Que la Pachamama (diosa de la Tierra) le importa un rábano al cocalero. Que eso de ser líder indígena es algo que le colgaron de la solapa (cuando usaba solapa y no los bordaditos, tan monos, que usa ahora) quienes querían que él fuera un estadista. Duro trabajo tienen estos “expertos”.

Sólo me queda una curiosidad. ¿Saben, estos expertos, que el país los ha identificado? ¿Cómo explicarán a sus hijos que en algún momento tuvieron que hacer el trabajo sucio, alquilados por el caudillo?

Racionamiento eléctrico en Bolivia y Venezuela

por Boris Gómez Úzqueda

Tengo la obligación como boliviano de aportar, en la medida de mis conocimientos y posibilidades, al diseño de políticas públicas para el desarrollo, en el caso concreto relacionadas a energía e hidrocarburos.

Por ello es que desde 2006 sugerí tanto al Poder Legislativo como al Presidente de Bolivia la urgente convocatoria a un consejo nacional de energía e hidrocarburos como espacio de notables ciudadanos que entiendan a cabalidad los temas relacionados a gas, petróleo, electricidad y energía. En Bolivia hay bastantes técnicos entendidos y muy bien capacitados que bien podrían ser convocados por la dirigencia estatal.

Bueno empecemos el tema: no es nuevo pero es recurrente. Ya están empezando algunas voces a pedir “uso racional de electricidad” lo que de por sí no está mal, pero que refleja tres realidades: 1. la oferta de electricidad está en menor proporción que la demanda. 2. El gas aún no está siendo utilizado como fuente principal de generación eléctrica a través de nuevas termoeléctricas y 3. Urge una reforma del sistema eléctrico boliviano, desde lo técnico hasta su legislación.

El sector industrial disparará los niveles de consumo eléctrico y la baja afluencia de capital externo –o interno- en generación van a hacer crisis en algún momento.

Y volvemos a Venezuela: allá hay racionamiento eléctrico. Resulta inconcebible que en una potencia petrolera con ingresos multimillonarios deba hacer racionamientos de electricidad. Sobre el tema: la Corporación Eléctrica Nacional advierte en el informe correspondiente al primer semestre de este año que va entre 2008 y el primer semestre de 2011, solo se han incorporado 1.590 MV (megavatios) o 11.3 % MV del total ofrecido en el plan 2008-2014 para satisfacer la demanda eléctrica venezolana. Este nivel de potencia en generación que equivale a 11,3% del total ofrecido en el plan de la actual administración estatal venezolana -aliados incondicionales de sus pares bolivianos-, el cual alcanza 13.980 megavatios, al sumar los proyectos de generación eléctrica que entre 2008 y 2014 se comprometieron a realizar Corpoelec, Petróleos de Venezuela y la Siderúrgica del Orinoco.

La analogía entre lo que ocurre en el "socialismo del Siglo XXI" venezolano y Bolivia es muy preocupante. Allá no están pudiendo satisfacer su demanda eléctrica y aqui los problemas están empezando a presentarse.
Muchos empresarios e industriales de todo el país han afirmado que la ausencia de políticas públicas claras relacionadas a energía e hidrocarburos son parte de ese problema: el no atraer inversiones en nueva infraestructura energética son parte del problema.

No hace mucho el presidente de la Cámara de Industrias de La Paz manifestó que el sector industrial del país prevé “una crisis de energía eléctrica a partir del mes de agosto”. Además de otras quejas de otros sectores por falta de oferta de gas industrial. En Tarija ni qué decir.

La clave no está en el racionamiento, que si bien es importante, no es la solución al problema. La clave está en tener una nueva Ley de Hidrocarburos y una nueva Ley de Electricidad. Entre ambos instrumentos promover el ingreso de capitales externos para mayor exploración de gas, mayor certificación de reservas, producción y consecuente construcción e instalación de termoeléctricas con visión de futuro: cubrir mercado interno y exportación a mercados externos. Allí se habrán “matado dos pájaros de un tiro”. Por un lado generar electricidad vía termoeléctricas de gas natural y cubrir demanda interna y por otro lado empezar la exportación de valor agregado de gas como electricidad a mercados circundantes generando mayores divisas que por venta de materia prima.

En ésta época del año las cifras se ponen críticas: tanto en electricidad como en gas natural: la oferta eléctrica y de gas estarán casi “empatadas”. Creció la demanda pero no la oferta. Cualquier economista sabría explicar esto. Cifras más o menos: Bolivia genera electricidad en cerca de 1.081 megavatios (MW) y la demanda in crescendo es 1.030 MW.

Las “reservas” de electricidad deben estar cerca a 100 MW lo que, sin dudas, es muy poco considerando que debieran haber entre 150-250 MW para garantizar crecimiento de industrias, y comercio.

Y la planta de Entre Ríos (Tarija) junto a la generación de “ciclo combinado” de Guaracachi (Santa Cruz) van a “salvar” la demanda, pero la idea es mirar más allá. Y aquí entra en juego El Alto, Cochabamba y Trinidad. Plazas que con termoeléctricas debidamente planificadas podrían cubrir demandas internas y externas. Toda la demanda estará “sostenida” por las plantas Carrasco y Valle Hermoso (Cochabamba) y Kenko (La Paz) con algo así como 150-160 MW.

Una verdadera política pública en energía contemplaría un agresivo plan de infraestructura eléctrica: fabricación, instalación, montaje y puesta en servicio de las unidades de generación eléctrica en base a gas natural, para mercado interno y exportación.

Si no se incorpora al gas como llave central en la concepción de la generación eléctrica boliviana las cosas no marcharán bien. Pero bueno, son ideas a consideración.

* Boris Gómez Uzqueda es Máster en administración, tiene estudios en hidrocarburos y es ejecutivo y consultor del sector privado.

Crisis energética boliviana, por Marcelo Miranda Loayza

marce_miloa@yahoo.com

Una hermosa noche de luna llena, algunos cenando a la luz de las velas y otros caminando guiados por la grandiosidad del reflejo lunar, para muchos pareciera una velada ideal con aires románticos, lo curioso es que cuando uno ve los rostros de las personas que supuestamente la están pasando de lo lindo observamos todo menos rostros de felicidad y amor, lo que ocurre es que el aire romancero de las noches bolivianas es pura y única responsabilidad de la pésima gestión del Ministerio de Hidrocarburos y Energía del supuesto pujante y maravilloso Estado Plurinacional de Bolivia que al más puro estilo de los nuevos gobiernos de disque izquierda latinoamericanos viene ejecutando una serie de “apagones†escalonados en las principales ciudades del país, obviamente todas y cada una de las autoridades del gobierno del MAS señalan que esto es una falacia y que los cortes intempestivos de energía eléctrica en horas pico se deben a pequeñas fallas fortuitas y no a la nula inversión del estado en materia energética, solamente esperamos que a nuestros gobernantes no se les ocurra copiar las jocosas ideas del baño socialista de tres minutos que promocionaba por todos los medios posibles el presidente Hugo Chávez.

Seamos claros, nadie en nuestro continente es tan loco o tonto para no apoyar las diversas campañas existentes sobre el ahorro de energía, definitivamente es necesario concientizarse sobre este aspecto el cual nos afecta a todos, pero no por ello las autoridades competentes deben dejar de asumir sus responsabilidades, no se puede negar que en varios países de la región las pésimas administraciones gubernamentales están llevando poco a poco a un desastre energético de proporciones, y esto no es culpa de la CIA norteamericana ni de la derecha cavernaria, si no de la poca o nula inversión en materia energética, en el pasado la solución no paso por la privatización y en el presente tampoco por la nacionalización, estamos estancados en un peligroso hoyo oscuro, lo lamentable es que las únicas ideas sobre el tema pasan por los baños socialistas de Chávez o las supuestas conspiraciones de la derecha cavernaria que publicita Evo Morales, en definitiva más que crisis energética el continente vive una triste crisis de ideas.

Es necesario despertar del romanticismo idealista en el cual vive sumergido varios países de nuestro continente, ya que con discursos sempiternos populistas la gente no conseguirá comida ni abrigo, controlando todos los medios de comunicación posibles y demandando a todo aquel que se oponga abiertamente a las políticas oficialistas tampoco se lograra que los índices de pobreza en la región rebajen ni mucho menos, vamos mal y a este paso iremos a oscuras a tientas, sin luz y sin ideas.

Por lo menos en Ecuador, Bolivia y Venezuela, los únicos esfuerzos realizados se vienen canalizando en enjuiciar a todo aquel opositor que se atreva a poner en tela de juicio sus políticas de estado que supuestamente tienen una gran carga ecológica y social, lastimosamente la realidad es otra, sino pregúntenle a los pueblos indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) los cuales no son tomados en cuenta en sus demandas para parar la construcción de una carretera que pasaría por este hermoso parque, obviamente como estos no son parte de los “cocaleros originarios adeptos al MAS son tachados de súbditos de la derecha y del imperialismo norteamericano (el cual dicho sea de paso no pasa por sus mejores momentos) no se, pero para mi esta forma de pensar y de actuar hace pensar en por lo menos en Bolivia existen algunos indígenas originarios que son MAS originarios que otros.

Por lo pronto parece nomás que tendremos que acostumbrarnos a las noches a luz de luna y veladas con candelas románticas, eso si, sin quejarse de las bajas de energía sin previo aviso, no vaya a ser que terminemos enjuiciados por la falta de aires bohemios o acabemos siendo tildados de derechistas cavernarios infiltrados de la C.I .A norteamericana.

Vivimos en tiempos de crisis no solo de energía sino también de ideas.

Opositor boliviano Luis Eduardo Siles: EEUU no necesita armar shows para recortar ayuda y demostrar crecimiento del narcotráfico en Bolivia

El vocero del partido opositor de centro derecha en Bolivia, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el ex parlamentario Luís Eduardo Siles (Foto) ironizó las declaraciones del Jefe de Estado de Bolivia, Evo Morales, quien en la víspera acusó a los Estados Unidos de montar un plan para meter droga en su avión para implicar y desprestigiar su gestión de gobierno con el narcotráfico.

“El gobierno de USA no necesita armar los shows que el masismo dice que va armar. Le basta con el hecho de que todo un General, el General de Policía Sanabria, nada menos que el encargado de la lucha anti droga de Morales este preso en USA acusado de traficar con cocaína. Por si esto fuera poco, el amauta que posesionó al Presidente, Valentín Mejilones fue encontrado con 350 kilos de cocaína líquida, la hermana de Margarita Terán, que pertenece al círculo más intimo del presidente también fue hallada con más de cien kilos. Alcaldes del MAS, concejales, y muchas autoridades han sido acusadas de traficar hoy en Bolivia y las afirmaciones del gobierno mostrando datos de fabricas destruidas o cocales erradicados no pueden tapar el hecho de que Bolivia va camino a convertirse en un narco estado” afirmó el ex legislador y opositor boliviano.

Luis Eduardo Siles señaló que las declaraciones de Morales son una cortina de humo que surgen a partir de la decisión asumida el miércoles de la pasada semana por la Comisión de Política Internacional del Congreso americano de aprobar la enmienda para eliminar recursos económicos de cooperación para Argentina, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, esta anulación de cooperación internacional de EEUU será gravitante en temas de inversión en proyectos de desarrollo alternativo, salud y lucha antidroga.

“Las reticencias sobre el avión muestran que el gobierno está muy preocupado por la información que dará Sanabria sobre el nivel de penetración del narco tráfico en las más altas esferas del gobierno de Bolivia, y se encaja en la sempiterna cortina de humo masista, que consiste en tapar escándalos con mentiras y engañifas”.

Corrupción acorrala al gobernador de Pando, del partido del presidente boliviano Evo Morales

Acusado. Una excontadora mostró documentos que implican a Luis Flores Roberts (FOTO), actual gobernador del Estado boliviano de Pando y fiel seguidor del presidente socialista Evo Morales Ayma y parte de su familia en el supuesto desvío de dinero público mediante empresas fantasmas. EL DEBER investigó el caso en Cobija

Por periodista Pablo Ortiz. Cobija, Pando.

Claudia Silvana Salas está sentada en una mesa larga, situada al medio de una habitación húmeda, de paredes desnudas y grises. Ella vocifera contra un policía que permanece tieso y en silencio a su lado. “Claro que tengo abogado. Esto es mentira, yo no he consumido bebidas alcohólicas aquí. Esto es porque denuncié a un teniente y dos policías por manosearme”, le grita, mientras firma un comparendo para presentarse en la oficina del gobernador del penal de Villa Busch.


Salas lleva dos semanas presa, pero su fiereza combina a la perfección son su camiseta con estampas de piel de tigre. Ella denunció al gobernador de Pando, Luis Flores Roberts (MAS), de haber tejido una red de corrupción con ayuda de su familia para apropiarse del dinero de la Gobernación y la familia del gobernador respondió con una demanda por robo que la tiene presa.
El calor es casi insoportable pese a que estamos en invierno, pero en la celda de Salas todo parece hervir. Ahí se encierra para contar su verdad. Dice que el gobernador y su familia crearon tres empresas para venderle artículos de escritorio a la Alcaldía de Cobija, primero, y a la Gobernación de Pando, después, y que en muchas oportunidades los artículos nunca salieron de la librería Franz Tamayo.


Esta declaración la respalda con los libros contables de dos de las supuestas empresas contables, Roca Import Export y Carsa Internacional. El gobernador Flores, de forma escueta, responde que esto es un problema personal entre su familia y la exfuncionaria de la Franz Tamayo y deja el caso en manos de la justicia.


Y la justicia está involucrada en el caso de dos formas. La primera es en el caso de la familia Flores Roberts contra Salas, a la que acusan de haber cobrado cuatro cheques por Bs 72.000. Por este proceso, la casa de Salas fue allanada y se secuestraron bienes y documentación. Ella fue cautelada y enviada a la cárcel.
La segunda es la denuncia que Vicente Rocha, presidente del Comité Cívico de Pando, presentó contra el gobernador en la Fiscalía de Pando. Roberto Illánez, fiscal anticorrupción asignado al caso, explica que el proceso “está en pañales” y que esta semana citará al gobernador para una declaración informativa.


Mientras el caso en su contra avanza raudamente, Salas se sienta sobre la cama de una plaza con colchón de paja y ofrece uno de los dos tocos hechos con madera de cajones de manzana que tiene en su celda. El mobiliario lo completa una mesa endeble tapizada de perfumes y esmaltes para uña.
Salas ahora es acusada por el gobernador y su familia de haberlos estafado y de intentar extorsionarlos a cambio de su silencio. También que tuvo problemas con la ley al haber acuchillado a algunas personas. Ella misma reconoce que los Flores Roberts la acusan de haber matado a una persona en Guayaramerín en 2002, pero asegura que es falso, que ese año tenía solo 17 años y vivía en Riberalta, no en ‘Guayará’.


Sin embargo, Salas se convirtió en una ‘peligrosa delincuente’ solo hace un mes. Ella trabajó en la librería Franz Tamayo en varias oportunidades entre 2004 y 2009, cuando ingresó por última vez para hacerse cargo de la contabilidad (es secretaria ejecutiva y tiene estudios de contaduría) de las empresas ABC Internacional, Roca Import Export y, después, Carsa Internacional.
Asegura que cuando volvió a trabajar en 2009 ya estaban creadas las empresas ABC y Roca. Pese a que tenían direcciones distintas (la Roca en la av. Internacional S/N y la ABC en la Bruno Racua esquina Nicolás Suárez), las dos se manejaban desde la oficina de la Franz Tamayo y existían solo en papeles. María Isabel Roca figura como propietaria de la Roca Import Export, pero ahora trabaja como niñera en una casa cuna que depende de la Gobernación de Pando y percibe un sueldo inferior a Bs 1.000. Cuando se la buscó en Cobija informaron de que la habían convocado a Recursos Humanos. Cuando se la contactó por teléfono, pidió 10 minutos para responder a las acusaciones. Luego apagó su celular. Salas asegura que Roca y la falsa dueña de ABC recibían Bs 1.000 por mes por cobrar los cheques que salían a su nombre de la Alcaldía de Cobija. Estos montos eran cobrados y entregados a la familia Flores Roberts.


A Salas le tocó hacer los trámites para abrir Carsa Internacional. Asegura que el dueño, Carlos Saavedra Pérez Velasco, tenía miedo de participar en la operación, que decía que iba a terminar preso, pero igual lo hizo. Salas cuenta que una de las pruebas de que las empresas están vinculadas es que todas funcionaron en casas que pertenecen a la madre del gobernador, Rosa Roberts. Es más, Roca y Carsa tienen la misma dirección y en la documentación que tiene Salas figura una copia de pago de impuestos de un inmueble de la av. Internacional S/N a nombre de Roberts.
En esos mismos papeles figuran las facturas de venta de mercadería de la librería Franz Tamayo a Carsa y luego el traspaso de esta a la Gobernación. En todos los casos fueron hechos por la misma persona. La letra de Claudia Salas figura en los documentos. Es más, en los libros de compra de Carsa las únicas adquisiciones que figuran aparte de las extendidas por Roberts son tarjetas telefónicas de las empresas Tigo y Entel.


Cuando uno visita Carsa, cuesta creer que sea una empresa próspera. La empleada que atiende la empresa, una habitación de unos 24 metros cuadrados, atiborrada de cartapacios, material de escritorio y artículos de plástico, cuenta que hay pocos compradores porque la librería está mal ubicada, que en la zona solo hay venta de repuestos para motos y que cuando alguien quiere comprar material de escritorio va al centro.


Saavedra llega en su moto y niega cualquier acto de corrupción. Reconoce que su mercadería la compra en la librería de la madre del gobernador, asegura que también hace compras en otros establecimientos, pero en sus libros de compra no existen registros de ello. También admite que no tiene recursos como para importar mercadería de forma directa y que no demandará a Salas. “Lo que quiero es que devuelva mis papeles. Que la enjuicie el gobernador”, dice el hombre, visiblemente cansado del problema.


El gobernador, mientras tanto, insiste en que este es un problema personal entre Salas y su familia y que se volvió político, anuncia juicios contra ella por uso de instrumento falsificado. Añade que está dispuesto a someterse a cualquier investigación. Mientras, Salas sigue presa en la cárcel de Villa Busch, asegura que su problema con Flores es personal, no político, y que está dispuesta a todo para demostrar que el gobernador “se roba la plata del pueblo”.

Los supuestos Pasos

Empresas. Según la denuncia de Claudia Silvana Salas, el exalcalde de Cobija y actual gobernador de Pando, Luis Flores Roberts, y su familia crearon tres empresas a través de testaferros para apropiarse de contratos y el dinero de ambas instituciones.

Los ‘dueños’. Salas indica que ABC Internacional estaba a nombre de una mujer ligada sentimentalmente a un hermano del gobernador; Roca Impor Export era de María Isabel Roca, extrabajadora de la librería Franz Tamayo y del Ministerio de Trabajo y actual funcionaria de la Gobernación de Pando. Carsa es de Carlos Saavedra Pérez Velasco, un escritor cobijeño.

Vinculados. En todos los casos sus únicos clientes significativos eran el municipio de Cobija (ABC y Roca) y la Gobernación (Carsa). El resto de las ventas facturadas son bajas o extendidas a nombres de personas que no figuran en el padrón electoral de Pando (inventados).

Proveedor. En el caso de Carsa, el único proveedor registrado en sus libros es la empresa Franz Tamayo, de propiedad de la madre de Luis Flores, Rosa Roberts. Saavedra defiende su derecho de comprar al que desee. Hay una compra en la que adquiere mercadería por un monto cercano a Bs 19.000 y la vende a la Gobernación de Pando con una diferencia de Bs 6.

Denuncias. El presidente del Comité Cívico de Pando envió la documentación proporcionada por Salas a la Fiscalía de Pando, a la Asamblea Legislativa Departamental y al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. En la Fiscalía y la Asamblea Legislativa ya se iniciaron las investigaciones y Flores será citado.

Una mujer contra una familia poderosa
La tesis de defensa del gobernador Luis Flores Roberts de que Claudia Silvana Salas ha convertido una pelea personal en un asunto político tiene sus fundamentos en los problemas que tuvo Salas con uno de sus hermanos desde principios de año.
Según admite la misma Salas, todo se inició en enero, cuando ella exigió el pago de bono de frontera, algo que le fue negado. Por su trabajo, asegura que recibía un sueldo de Bs 3.420, pero pese a ser un sueldo aceptable para Cobija, ella se consideraba explotada, ya que era usual que se quedara hasta medianoche para terminar los libros de las supuestas empresas fantasmas y la de la librería Franz Tamayo, que sí funciona en el centro de Cobija y que actualmente se está ampliando para convertirse en un edificio de cuatro niveles.
Salas asegura que se ‘rebeló’ porque ni siquiera pagaban todo el monto para las AFP, ya que asegura que la Franz Tamayo maneja doble planilla para evitar pagos a las AFP y la Caja Nacional de Salud; pese a que el personal gana entre Bs 1.200 y 3.500 en planilla figuran con sueldos que apenas pasan los Bs 15 al sueldo mínimo. En cambio, desde el lado de la familia del gobernador, la acusan de haberlos querido extorsionar y muestran como prueba un video en el que se habla de un monto de Bs 500.000 a cambio del silencio de Salas. Ella dice que le tendieron una trampa.

Rocha busca sanciones para Flores
Vicente Rocha ya sabe qué es estar muerto. Lo estuvo por casi tres meses, luego de que su nombre fuera incluido como una de las víctimas campesinas del enfrentamiento y masacre del 11 de septiembre de 2008 en Porvenir. Junto a otras tres personas figuró como muerto en el informe sobre los hechos de la Unasur y salió de la clandestinidad en enero de 2009 para aclarar que seguía con vida.
Ahora es el presidente del Comité Cívico de Pando y principal acusador del gobernador Luis Flores Roberts. Personalmente presentó las denuncias por supuesta corrupción ante la Fiscalía, la Asamblea Departamental y el Ministerio de Transparencia.
Según el gobernador, Rocha tendrá que responder en un juicio que le seguirá por uso de instrumento falsificado y ya no representa a los cívicos de su departamento, porque ocho de los diez directores lo desconocieron. Rocha se defiende y asegura que los directores ya habían sido suspendidos de sus funciones por no asistir a las reuniones cívicas y que si bien es cierto que perdió un fallo en la justicia fue por presentar un recurso de amparo antes de agotar otras vías legales.
El cívico asegura que no tiene miedo a las posibles demandas del gobernador y que aún espera que la autoridad demuestre que no malversó fondos públicos.

Golpe de Estado en Bolivia, por Waldemar Peralta Méndez

El autor es un abogado boliviano, actual Secretario Ejecutivo en RED DE PRESOS Y PERSEGUIDOS POLITICOS DE BOLIVIA "LIBEREN LA VERDAD". Fue líder cívico social del Estado de Tarija en Bolivia y vive en Washington D. C., Estados Unidos.

La toma del Control de los diferentes Poderes en Bolivia en busca del Totalitarismo en los últimos años, ha dejado de ser un aspecto de análisis subjetivo para concretarse en una realidad objetiva, indiscutible e irrefutable. El nombramiento de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional mediante Decreto, violando la Constitución que establecía que los mismos deberían haberse elegido mediante sufragio universal, así como también la prorroga inconstitucional del Fiscal General del Estado y el arbitrario nombramiento de un diputado oficialista en el cargo de Contralor General del Estado, son resultado de violación a la constitución , así como también las decenas de autoridades judiciales en los diferentes departamentos vinculadas abiertamente con el gobierno, son la constataciones más evidentes y claras de la aniquilación del Estado de Derecho y la independencia de Poderes en Bolivia.

Álvaro Uribe ex presidente de Colombia afirma: “Es igual de grave el golpe de Estado a una de las ramas del Poder Público como es el Ejecutivo, así como también el golpe de Estado a otra de las ramas del Poder Público” . En Bolivia se vive actualmente un golpe de Estado contra el Poder Judicial, frente al silencio pasivo de la comunidad internacional, en especial la latinoamericana, esa misma que se rasgo las vestiduras y condenó rotundamente el “Golpe de Estado en Honduras” contra Zelaya y que generó a nivel mundial toda una cruzada en contra del hecho.

La pregunta a la comunidad internacional debería ser la siguiente: ¿Cuál es la diferencia entre el golpe a Zelaya y el golpe al Poder Judicial en Bolivia, si los dos se dan en contra de uno de los poderes del Estado? Obviamente que ninguno, sin embargo ese silencio de “líderes demócratas” de América Latina y su permisibilidad a estos sistemáticos golpes de Estado, están condenando a Bolivia como también a Venezuela, al mismo destino que corrió Cuba y consolidando una dictadura descarada sin precedentes, frente a la inmutable posición de los Organismo Multilaterales que están obligados a pronunciarse y condenar exactamente igual el golpe en Bolivia, como lo hicieron en el caso del golpe contra Zelaya, sin embargo saltan a la vista motivos políticos que impiden que estos cumplan su trabajo, hecho que de continuar los convertiría en cómplices de estos golpes.

En estos últimos tiempos en Bolivia se han revelado pruebas de cómo autoridades de Gobierno, afirmaron tener control del poder judicial y establecían planes para perseguir y derrocar a autoridades democráticamente constituidas, las cuales están respaldadas en grabaciones y que tenían como objetivo utilizar la justicia como una arma de persecución política, así como también se han dado casos que Ministros de Estado, han convocado públicamente a derrocar y a enterrar a prefectos opositores, entre las decenas de ejemplos que se podría citar y que origino incontables presos y perseguidos políticos, así como también varias autoridades derrocadas, frente a un Poder Judicial sometido que jamás tomo alguna acción al respecto.

Estos sucesos en cualquier otro país del mundo, hubiesen causado una serie de procesos penales contra los autores de estos hechos, sin embargo en Bolivia se han convertido en hechos recurrentemente comunes, que han arrastrado a la sociedad Boliviana a ser víctima de la mas aberrante indefensión.

En los últimos días se llevo a cabo en Bolivia la preselección de candidatos a Autoridades del Poder Judicial, este proceso se realizo en un ámbito totalmente viciado, irregular, digitado y manipulado, en el cual se revelaron decenas de vínculos de estos candidatos con el gobierno, que pasaban desde la constatación de ser actuales funcionarios del mismo, hasta la de haber sido candidatos políticos del partido de gobierno. Frente a esta realidad la oposición acertadamente propuso la anulación del proceso, sin embargo al no poder concretarse esta demanda promovió el Voto Nulo para la elección de los postulantes en el Congreso de Bolivia, hecho que hay que destacar de sobremanera, la unidad que se mostro en ese escenario coyuntural tan difícil. Sin embargo la realidad actual exige retomar la iniciativa traducida en la denuncia incesante de los atropellos que vive Bolivia, ya que no se trata de una simple elección de un poder del Estado con algunas irregularidades menores como se la quiere hacer ver por parte del Gobierno, sino mas bien se trata de un GOLPE DE ESTADO a uno de los Poderes Públicos de Bolivia, país miembro activo de una comunidad internacional y de organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la OEA entre otros.

Cabe destacacar que de continuar esta permisibilidad al copamiento del poder en Bolivia por parte de actores internacionales, estos estarían solapando un franco GOLPE DE ESTADO, es por este motivo que va a ser determinante el poder mostrar al mundo la lamentable realidad de Bolivia ante todas las instancias posibles para de esta manera incentivar la condena generalizada a los autores de la construcción de un nuevo régimen totalitario, ya que los antecedentes nos han mostrado que estas acciones bien respaldadas tienen resultados efectivos, presionando sin tregua a los organismos internacionales para que cumplan su obligación.

Carlos Sánchez Berzaín: exministro boliviano de Defensa asilado en Estados Unidos:«La amnistía para Evo es una prueba de su culpa»

FOTO: Carlos Sánchez Berzaín era ministro de Defensa de Bolivia durante el corto periodo de gobierno del Presidente de derecha Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) derrocado por una insurrección indígena liderada -entre otros- por el entonces diputado indígena de ultraizquierda Evo Morales, hoy convertido en Presidente de Bolivia.

El ex ministro de Defensa boliviano hoy está en Estados Unidos desde 2003, cuando salió del país por el caso de ‘octubre negro’.

Luego de ocho años insiste en su inocencia y contrataca al afirmar que hay pruebas para procesar a Evo Morales y su entorno.

-En estos días el Gobierno insiste en su presencia en el país para juzgarlo por el caso denominado octubre negro…
-El juicio de responsabilidades por octubre negro es una gran farsa jurídica de Evo Morales y un acto de persecución política.
Es una farsa jurídica porque es un proceso iniciado por los responsables del derrocamiento de un gobierno constitucional, el 17 de octubre de 2003. Entonces, quienes están de acusadores deberían ser los acusados. La gente que se llena la boca diciendo que los que estábamos en el Gobierno en ese momento cometimos delitos son en verdad los criminales que, rompiendo el proceso democrático, incurrieron en delitos comunes como el asesinato, bloqueo de caminos, secuestro de personas, daños a la propiedad. Así lograron derrocar a un Gobierno. En base a esa ‘victoria’ llevaron al poder a Evo Morales.
No hay nadie más interesado que yo en que esos hechos se investiguen y se esclarezca no solo lo que pasó en octubre de 2003, sino también en febrero de ese año, con todo el proceso previo de complot y sedición. Porque cuando llegamos al poder el 6 de agosto de 2002 y Gonzalo Sánchez de Lozada se posesiona, ese mismo día Evo Morales hace una declaración pública y convoca a derrocar a Goni.
Luego viene un proceso que se llama las mesas de diálogo que yo dirijo, como ministro de la Presidencia. Porque en ese momento no es que había un mal Gobierno, pero había una crisis económica mundial que había afectado a Bolivia. Banzer y Quiroga nos dejaron el país en mal estado, por eso hicimos las mesas de diálogo, con unas fuerzas sociales poderosas e inquietas dirigidas por Felipe Quispe en el altiplano y por el dirigente cocalero Evo Morales.
Ese diálogo avanzó hasta diciembre, pero el proceso se rompió por insistencia de Evo en los primeros días de enero de 2002, con un bloqueo cocalero que produce las primeras confrontaciones en el trópico de Cochabamba.
Después viene el caso llamado febrero negro, donde, aprovechando un motín policial, hay un intento de derrocar a Sánchez de Lozada. Después hay otro proceso para complot y subversión, en el que se incorpora al vicepresidente Carlos Mesa. A principios de agosto, estando en medio de otro diálogo nacional, convocado por la Iglesia católica, Evo rompe luego de volver de Caracas con el dinero suficiente para poner en marcha el proceso de derrocamiento.
- ¿Usted tiene pruebas de todas estas afirmaciones?
-Casi ocho años después, no necesito más pruebas porque las pruebas están en la prensa y en la boca de los propios actores.
Comencemos: en Bolivia Evo Morales y su gente se han llenado la boca diciendo que derrocaron a Goni Sánchez, por tanto, han confesado públicamente, no solo una sino decenas de veces. Han puesto su participación en el derrocamiento de Goni como un mérito para formar parte de la nueva burocracia que hoy maneja el país.
Otra prueba: hoy en día, la gente en Bolivia no tiene ninguna duda de que ese quiebre institucional no se hubiera producido de no haber sido por Carlos Mesa, que tenía el desespero de ser presidente de la República, que traicionó al Gobierno democrático. Si no hubiera sido Mesa que da su famoso paso al costado y permite que Evo Morales acelere el destrozo institucional y llegue a un proceso electoral en 2005, tampoco todo esto hubiera pasado.
Son hechos que se llaman jurídicamente pruebas evidentes, que están en la opinión pública.
Por otro lado, Felipe Quispe ha salido a decir que ellos tendieron la emboscada de Huarisata. Los periódicos han reflejado que los primeros muertos en ese lugar fueron soldados que estaban defendiendo a la gente que venía de un secuestro de varias semanas en Sorata.
Hay cosas que no se saben de octubre, como por ejemplo que había gente atacando los cuarteles. No precisaba la tropa salir, la gente iba hasta ellos. Eso está documentado, pero esos documentos no salen de los cuarteles porque los mandos están subordinados a Evo Morales.
- ¿Con estas pruebas se puede llevar a juicio a los que ahora son los acusadores?
- Tendría que ser así, pero no se puede esclarecer un tema cuando los autores de los delitos son los dueños de los jueces, los dueños de los fiscales, los dueños de un ambiente de temor público que se ha instaurado en Bolivia.
Yo acuso públicamente a Evo Morales, a gente que está en su gabinete, al entorno de la dirigencia cocalera, al propio Sacha Llorenti, de haber llevado adelante una conspiración para derrocar al Gobierno de Sánchez de Lozada, para romper la democracia y tomar el poder. Queremos que eso se investigue, llevando adelante en primer lugar la derogatoria de los decretos supremos de amnistía firmados por Carlos Mesa.
- ¿Cuánta influencia tienen esos decretos?
- Carlos Mesa firma a los pocos días del derrocamiento de Goni el decreto 27234, del 31 de octubre de 2003, con el que básicamente perdona por todos los delitos cometidos a la gente que atacó el orden público, a la gente que bloqueó, a la gente que robó, a la gente que mató.
Ese decreto es un acto de perdón, y no se perdona a inocentes. El hecho mismo de dictar una amnistía es una confesión de los delitos cometidos. Con esto quedan librados desde Evo Morales hasta el último tirapiedras.
Pero como la gente se estaba librando de la cárcel más allá de lo que ellos querían, dictan un segundo decreto supremo, el 27237, que establece que la amnistía del decreto 27234 alcanza únicamente a los ciudadanos cuyas acciones se hubieran realizado entre el 5 de agosto y el 2 de noviembre de 2003, en el ámbito de la protesta social, en contra de las decisiones asumidas por el Gobierno. ¡Ellos mismos están fijando las fechas de su conspiración en documentos públicos!
- ¿Con estos documentos y pruebas, usted acepta un juicio en Bolivia?
-¿Cómo quiere usted que exista un juicio justo para la gente del Gobierno? Yo no tengo problema de estar en juicio para que surja un esclarecimiento histórico y que la gente sepa la verdad. Pero cómo se puede pretender que exista un juicio justo si la gente que ha causado el problema está con amnistía. En cambio estamos incluidos en el proceso las personas que teníamos la obligación legal de mantener el orden público.
Yo me pregunto, qué hubiera pasado si estos señores comienzan a realizar bloqueos, aíslan La Paz y nuestro Gobierno cruza los brazos. Se habría incurrido en el delito de incumplimiento de deberes. Lo que hicimos fue actuar según lo que la ley manda, a través de decretos, por eso actuaron la Policía y las Fuerzas Armadas. Los criminales que causaron los desmanes son perdonados con dos decretos de amnistía y la gente que salió a defender la democracia está enjuiciada.
Yo quiero un juicio, pero con jueces imparciales, no con los jueces que ha nombrado Evo Morales. Yo quiero un juicio con toda la gente que participó en los hechos de octubre, porque la base de un juicio es la investigación, la búsqueda de la verdad, pero no vamos a encontrar la verdad si los tipos que están acusando son los que han cometido los crímenes.
Los fiscales y los jueces que conocen estas causas son gente que ha llegado haciendo de la promesa de una sentencia de culpabilidad (contra nosotros) parte del mérito para ascender en su carrera. Para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, para llegar a ser fiscal, hay que decir que se debe condenar a Sánchez de Lozada, que hay que traer a los ministros que están perseguidos o exiliados, y que hay que encarcelar a la gente que está en Bolivia.
Para que exista un proceso justo, como principio universal, tiene que haber presunción de inocencia, que en Bolivia no existe; debe haber un debido proceso, que tampoco existe; tiene que haber amplitud de la investigación, pero aquí una parte de los protagonistas tiene amnistías; debe haber juez imparcial, pero los jueces son de ellos; y además el juez, así lo establece también la Constitución, tiene que ser uno designado con anterioridad a los hechos que se juzgan, y esa es otra condición que no se cumple.
Lo mismo ocurre con el caso de Leopoldo Fernández, el caso del supuesto terrorismo en Santa Cruz, pues las acusaciones contra gobernadores opositores son actos de persecución política. La única diferencia con el juicio de octubre negro es que nosotros fuimos los primeros. Y hubo gente que creyó que ahí se acababa todo, que haciendo leña de los que salieron del país a ellos les podía ir mejor. Pero mucha de la gente que pensaba eso también se encuentra en el exilio. O está perseguida por el mismo mecanismo. En Bolivia se ha judicializado la política y se ha hecho de la justicia un instrumento de persecución. El caso de octubre negro es nada más el primero, tal vez el más importante porque hay un presidente del país involucrado. Pero todos los expresidentes, incluido Carlos Mesa, el traidor, están amenazados por el mismo mecanismo.
- ¿Por qué cree que cada vez sale a relucir esto del juicio?
- Es un buen sistema de propaganda, todavía les sirve, aunque menos que antes. Creen que derrotando a Sánchez de Lozada terminan con el neoliberalismo. Lo que han hecho es terminar con la democracia. Ellos creen que pueden justificar a partir de eso el inicio de un proceso que llaman de cambio, pero que es en verdad un proceso de liquidación de las libertades en Bolivia.
El caso de octubre negro les sirve como bandera porque sostienen económicamente a un grupo de personas para hacer manifestaciones. Manipulan políticamente a sus víctimas, porque no son víctimas del Estado, son víctimas de Evo Morales y su movimiento subversivo.
Por eso, insisto, este juicio es una farsa. Una farsa que puede hacer un Gobierno que se da el lujo de invitar a un ministro iraní perseguido por terrorismo; un gobierno que denuncia la convención de Ginebra. El día que tengamos un juicio en serio, tendremos a Evo Morales sentado en el banquillo del acusado y al país enterándose de la verdad.
El único resultado de este juicio, además de la propaganda, es que ha generado exilio político. El primero fue el presidente Sánchez de Lozada, y hay ministros en varios lugares del mundo. Hay rehenes, esa gente enjuiciada, que no puede salir del país. El otro día han agredido al exministro Adalberto Kuajara. Hay presos políticos, como el general Juan Véliz. Evo Morales ha convertido a Bolivia en el sindicato cocalero que él manejaba, donde no había ley ni regla que no fuera la suya.

Los textos de la sindicación

Primer decreto. El decreto 27234, emitido el 31 de octubre de 2003, establece, en su artículo 2: “Se decreta amnistía para los delitos comprendidos en la Ley 2494 de 4 de agosto de 2003, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con relación a las acciones realizadas a partir del momento de la vigencia de la Ley y hasta el momento de entrada en vigencia del presente decreto”.

Segundo decreto. El 4 de noviembre se emitió el decreto 27237, que establece: “La amnistía decretada en el artículo 2 del Decreto Supremo 27234 del 31 de octubre de 2003 alcanza únicamente a ciudadanos cuyas acciones se hubieran realizado entre el 5 de agosto y el 4 de noviembre de 2003, en el ámbito de la protesta social, en contra de las decisiones y políticas asumidas por el Gobierno nacional”.

Bolivia: Hay ahorro, pero baja inversión

por Armando Méndez Morales, economista con el grado académico de Magíster en Ciencias Económicas, obtenido con distinción máxima en la Universidad de Chile, es profesor universitario emérito de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz (UMSA) y Miembro de Número de la Academia de Ciencias Económicas de Bolivia.

Entre otros cargos públicos fue Presidente, Vicepresidente y Director del Banco Central de Bolivia. Viceministro de Presupuestos y Contaduría General del Estado, Subsecretario del Tesoro General de la Nación (hoy denominado Viceministro) en dos oportunidades, Subsecretario de Recaudaciones Tributarias (hoy Viceministro), Ministro de Hacienda a.i. Presidente del Banco de la Vivienda S.A.M., Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Preinversión y Gerente General del Banco Agrícola. Trabajó en el sector público de Bolivia veinte años. En organismos internacionales, fue Presidente del Directorio Ejecutivo de FONPLATA y miembro titular de los Directorios de la Corporación Andina de Fomento y del Fondo Latinoamericano de Reservas. Asistió a varias reuniones internacionales en representación de Bolivia.

Con fecha 2 de junio del año en curso, el Fondo Monetario Internacional publicó el último informe sobre el comportamiento de la economía boliviana, destacando el adecuado desempeño macroeconómico de los últimos años. Este buen comportamiento tiene su explicación en los muy favorables términos de intercambio, en el aumento de las exportaciones y en una política macroeconómica prudente.

Pasa desapercibido en dicho informe, la baja inversión privada que se da en Bolivia. Para el año 2009 esta habría llegado a ser el 5,4 por ciento del PIB y para el año 2010 probablemente un 7.1 por ciento. El dato correspondiente al año 2009 se lo compara con diez países de la región, donde se concluye que el país ocupa el último lugar. Paraguay y Uruguay superan a Bolivia con una tasa de inversión del orden del diez por ciento, cada uno, y así, sucesivamente, los países superan a Bolivia, siendo Chile el país de más alta inversión privada en la región y con un 19 por ciento.

Hasta ahora el Instituto Nacional de Estadísticas no ha publicado datos sobre el comportamiento de la inversión en Bolivia para los años 2009 ni 2010. Los disponibles se refieren a los años anteriores. Según estos la inversión privada para el periodo 2006 al 2008 habría estado en el orden del 7,2 por ciento de un total privado y público del 15.1 por ciento del PIB, lo cual indica que menos de la mitad de la inversión total del país fue privada.

Seguramente esta inversión privada señalada para los últimos años fundamentalmente estuvo dirigida al sector hidrocarburífero y proviene del extranjero. Según datos que procesa el Banco Central de Bolivia la inversión extranjera representó casi tres puntos porcentuales del PIB para el periodo comentado, lo cual indica que la inversión de los nacionales sólo habría sido algo más del 4 por ciento del PIB en sectores diferentes al hidrocarburífero, monto insignificante si queremos apuntalar al desarrollo económico.

¿Por qué esta baja inversión privada? En el pasado la respuesta habría venido por la falta de ahorro interno, lo cual era cierto. El país tenía que acudir al ahorro externo para invertir montos mayores a su ahorro propio. Sin embargo, desde el año 2004 el ahorro interno empieza a crecer. Ese año el ahorro que dispone el país, tanto interno como externo, alcanzó al 16 por ciento del PIB, conducta que se ha ido incrementando de manera notable hasta llegar a superar al 29 por ciento, el año 2008.

Ese año, en total, inversión pública y privada, habría estado en el orden del 17 por ciento del PIB, por lo que hubo un exceso de ahorro del orden del 11 por ciento. Cabe la pregunta ¿por qué los bolivianos no están invirtiendo lo que están ahorrando?

Volviendo al pasado, en los años ochenta me tocó realizar una investigación sobre oportunidades de inversión en Bolivia. El triste resultado fue que no habían oportunidades de inversión. Esto pareció una paradoja. Pero no es así, cuando se profundiza el tema. Lo que pasa es que en Bolivia no hay sentido de innovación o de creación de algo nuevo. A lo mucho, imitar lo que hacen otros. Pero para hacer esto se requiere gente calificada, empresarios, normas claras y simples que regulen la actividad empresarial y un acentuado relacionamiento con empresarios del exterior, lo cual no existe en Bolivia.

El panorama actual no cambió, por el contrario empeoró. Con seis años de gobierno del Movimiento al Socialismo en los cuales, una vez mas, se juega a la revolución y al socialismo, las condiciones para un vigoroso desarrollo empresarial privado han empeorado. La poca seguridad jurídica que existía ahora ha desaparecido. Cualquier momento, en el campo, los “movimientos sociales” se toman tierras y minas. En la ciudad los que ahorran prefieren mantener estos recursos en forma líquida, “atesoran”, o invierten en la compra de vehículos, de casas y de departamentos, pero no en hacer empresas.

Plantean que IDH reducido a regiones sea para El Alto

FOTO: MARTÍN CASTRO SOLÍZ, analista social.
En una propuesta formulada en la prensa, el 09 de septiembre de 2008, se planteó que los recursos que el Gobierno boliviano de Evo Morales restó a los departamentos de la denominada “medialuna” (norte-oriente-sur, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando), por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), deberían pasar a las organizaciones sociales de la ciudad de El Alto(oeste) en compensación por la dura y ardua lucha sostenida en la recuperación de los hidrocarburos.

El criterio corresponde al dirigente social de la ciudad de El Alto, Martín Castro Soliz (foto), conocido como “Tincho” en la urbe alteña, quien plantea que “todo el recorte que las prefecturas sufrieron por IDH sea direccionado únicamente a proyectos sociales en El Alto”.

Castro justificó su propuesta indicando que “en El Alto se libró la guerra del gas, por la que defendimos que ese energético no sea llevado a Estados Unidos a través de un puerto Chileno y de paso fuimos los que combatimos esa idea y sugerimos una real integración con el Perú”.

Comentó que en 2003, pocos meses antes de la guerra del gas de octubre por la que sectores sociales de El Alto se opusieron a la venta de gas a Estados Unidos, en episodios violentos que concluyeron el 17 de octubre de 2003 con el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, proclamó la “urgencia y necesidad de hacer una alianza para construir un gasoducto al Perú, vía El Alto y desde un puerto peruano hacer exportación de gas”, dijo Castro “y esa acción me valió un juicio penal”.

Martín Castro Soliz fue sometido a un proceso penal por el entonces ministro de Defensa Freddy Teodovic Ortiz.

Bolivia: autos "chutos": la historia no contada

Por Gary Rodríguez A., es economista y gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

Una de las cosas buenas de internet es que lo que se dice o escribe, queda registrado allí para siempre. Siendo que los autos chutos de Bolivia forman parte de la historia en el ciberespacio, quise rendir con este artículo un homenaje a la persona que hace unos seis años los bautizó así.
Corría el 2005 cuando el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) entregó en acto público en La Paz el estudio titulado El contrabando en Bolivia: Una visión heterodoxa. En la ocasión, uno de los autores del libro se refirió a los vehículos indocumentados como autos chutos, lo que llamó la atención de la prensa paceña que inmediatamente pidió una explicación de lo que significaba tal término. Generoso como en vida fue el Lic. Alfonso Kreidler Guillaux —asesor general del IBCE por aquel entonces—, se deleitó explicando su significado, dejando más que complacida a la nutrida audiencia, y quedando él feliz por haber socializado un dicho oriental que era desconocido en el altiplano.
Quienes vivimos en Santa Cruz sabemos que chuto puede significar “estar desnudo” o “desprovisto de alguna cosa”, estar “incompleto” o “falto de algo”. La referencia de autos chutos vino a significar que tales vehículos no tenían papeles al haber sido internados de contrabando. Desde entonces, el uso del término autos chutos se generalizó, en reemplazo de un denominativo anterior, el de vehículos bárbaros.
Volviendo al 2011, resulta curioso ver cómo Carlos Marx tuvo razón en ciertas cosas (aunque en otras falló consistentemente), vgr., cuando dijo que la historia se repite, como en espiral. Ocurre que al igual que lo que pasa hoy con la generosa Ley de Saneamiento de Vehículos Indocumentados promovida desde el Órgano Legislativo, durante el gobierno neoliberal del 2005 fue también el Poder Legislativo (pese a la abierta oposición del Poder Ejecutivo) el que se mandó una ley para legalizar lo ilegal.
Fuertes reclamos en contra del perdonazo provocaron amplios titulares como: “¿Se quiere o no combatir el contrabando?”, “La amnistía a autos chutos es rechazada”, “La invasión de los chutos golpea al mercado de autos”,
“Rechazo a legalización de autos chutos”, “Alarma en sector privado por amnistía de autos chutos”. Vea en internet cómo la historia de ayer se repite hoy.
El estudio del 2005 recordaba que en los cuatro años anteriores, 60.000 vehículos se habían beneficiado de procesos de regularización. Kreidler sostenía entonces que el ingreso de otros 25.000 autos “chutos” resultaría un “verdadero escándalo” y que “la prensa debería investigar a fondo, qué intereses están en juego, y quiénes están detrás de esto”. “Uno se pregunta”, dijo, “si es que realmente hay voluntad política para combatir este delito en Bolivia, cuando cada año el Gobierno sintomáticamente cede a presiones de propietarios de vehículos indocumentados, claramente, contrabandeados”. ¡Qué diría hoy nuestro recordado Buby Kreidler si viera que el registro para el perdonazo plurinacional va acercándose a los 100.000 vehículos!
Sin embargo, en el 2005 no solo hubo actores privados preocupados por la amnistía. El entonces viceministro de Política Tributaria, Juan Brun, sentenció: “No porque necesitemos plata vamos a perforar el sistema tributario”.
Volviendo al 2011, y dado el descomunal déficit fiscal previsto para este año, más de uno podrá justificar lo que está pasando con aquello de que la necesidad tiene cara de hereje.