Amnistía con Amnistía se paga,
columna del exdiputado de Bolivia Luis Eduardo Siles Pérez
Hoy se confirma una verdad que a pesar de los muchos intentos por esconderla, ha salido a la luz pública y constituye un aporte valioso a la verdad histórica que poco a poco se va reconstruyendo sobre los lamentables y violentos sucesos de septiembre y octubre 2003.
Inmediatamente luego de asumir el mando de la Nación, el 31 de octubre de 2003, el señor Carlos Mesa emitió el primer Decreto 27234 para establecer una inverosímil y sui géneris amnistía selectiva para todos los líderes sindicales que participaron en las movilizaciones liberándolos incluso de una investigación, en el juicio de Evo Morales contra Gonzalo Sánchez de Lozada.
De esta forma “amnistió” a los que organizaron la violencia, secuestraron, emboscaron con armas de fuego al Ejército, asesinaron, interrumpieron las comunicaciones, el transporte y el flujo de ambulancias y socorro medico, quemaron oficinas públicas y propiedades privadas, usando armamento como fusiles, dinamita, y bombas molotov. De ahí en adelante, el Juicio de Responsabilidades sólo continúa para los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. Las Fuerzas Armadas de la Nación por exclusión, son las castigadas, ellas, que evitaron que las muertes y daños fueran mucho mayores y que preservaron la unidad nacional hasta hoy amenazada.
Gracias a esta “amnistía” los señores Evo Morales, Felipe Quispe, Jaime Solares y Roberto de la Cruz, por mencionar solo algunos, nunca fueron investigados a pesar de que en enero de 2003 firmaron públicamente la creación del “Estado Mayor del Pueblo” para “la movilización y masificación del bloqueo en todo el territorio nacional, tanto en el campo, como en las ciudades contra el gobierno…”. A pesar de que algunos dirigentes reconocieron que dieron órdenes de emboscar a las Fuerzas Armadas, ni siquiera fueron convocados como testigos. A pesar de que hicieron reiteradas y recurrentes convocatorias a la guerra civil, la fiscalía ni siquiera los mencionó.
Más tarde, cuando la Comisión de Fiscales responsable de la investigación rechazó la proposición acusatoria -ya que no había igualdad de justicia si una parte había sido extraída del juicio, el señor Carlos Mesa la disolvió, y en 24 horas, anuló la Resolución, cambió al Fiscal General, cambió a nueve Fiscales de Distrito y nombró inconstitucionalmente a jueces de la Corte Suprema en lo que se llamó “Viernes Negro” del 30 de julio de 2004.
La participación del Señor Mesa en los meses previos al 17 de octubre de 2003 debe aun ser esclarecida. Lo que es ya evidente es su manifiesto interés en ratificar que se le atribuya toda la responsabilidad, jurídica y política, al Ex presidente Sánchez de Lozada. Así, su propio rol queda eximido de un papel mucho más cercano al de la deslealtad, o peor.
La reciente decisión de la Asamblea Legislativa de liberar al señor Mesa del juicio de responsabilidades por los llamados “petrocontratos” confirma y ratifica en forma estridente el manejo absolutamente político de la justicia, cuando amnistía con amnistía se paga.
Luis Eduardo Siles Perez fue Diputado Nacional de Bolivia y ahora es jefe del opositor centroderechista MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario.
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