Hay polémica entre oficialismo y algunos analistas independientes sobre el informe –que circula por interné- de la compañía especializada Ryder Scott que en junio pasado habría certificado otro volumen de reservas de gas, menores a los que tradicionalmente fueron motivo de análisis en el medio energético.
La información que circula motiva a pensar en que aquellos proyectos a largo plazo no puedan ser llevados a la práctica por falta de cifras exactas de disponibilidad de gas natural.
Según los análisis de la compañía –contratada por la estatal de petróleo y gas de Bolivia- las reservas de gas boliviano estarían en 8 TCF (trillón de pié cúbico), que a primera vista denotaría una “declinación” de las reservas.
Aún se espera la voz oficial –y quizá hasta una segunda opinión técnica por otra compañía evaluadora de reservas- para saber el estado de las mismas.
Al margen de las consideraciones sobre el voluminoso informe de las reservas, lo que sí está muy claro -y nunca dejo de serlo- es que: en cinco años de administración estatal con mayoría legislativa y electoral no hay una NPE Nueva Política Energética ni una Ley de Hidrocarburos que fomente, entre otras, la exploración de nuevas áreas territoriales y la producción.
Quizá el meollo de todo radique en que en todo este tiempo quienes estuvieron al mando del sector energético no tienen experiencia en el mundo corporativo petrolero- gasífero, por ello la cantidad de ministros y ejecutivos de Ypfb que han circulado.
Además de la ausencia de una política pública energética esto significó en la redacción de muchos mini-planes, de todo nombre y calibre (plan de desarrollo de hidrocarburos, plan de inversiones, estrategia de industrialización) mismos que certeramente no demuestran cuántas reservas de gas existen ni cuántas se van a utilizar en cada uno de esos planes que –además de cruzarse entre ellos- no han priorizado lo que sí debiéramos priorizar: darle valor agregado al gas y evitar su industrialización fuera de las fronteras.
Dejar de exportar primariamente materia prima para exportar valor agregado a mejor precio y a mayores mercados: exportar electricidad, fertilizantes, plàsticos, metanol, diesel y otros derivados del gas natural.
La única solución para el tema de las reservas es incrementar dinero estatal –de las RIN reserva internacional neta-, por ejemplo, en exploración intensiva ¿porqué no movilizan hasta cinco mil millones de dólares de las RIN en exploración e industrialización? Es una cifra –aunque muy muy importante- pero nada significativa en negocios energéticos de escala en el mundo del petróleo y gas.
Todos los analistas y expertos han coincidido algo que es de sentido común: no puede un Estado tan pequeño como el boliviano encarar exploración, producción, comercialización y encima valor agregado (industrialización) obviando la participación de capital privado multinacional.
Una política pública en energía debe estar enfocada a ser el horizonte a seguir, el objetivo a cumplir por los próximos veinte años, mínimamente.
A menos reservas y a menor cantidad de exploración y a menor cantidad de pozos perforados con menor producción lógicamente habrá menos gas que disponer para los contratos externos y para cumplir con la agregación de valor (petroquímica, electricidad, fertilizantes, gas a diesel, LNG y nuevos energéticos como dimetil eter).
Ante la baja no queremos pensar en que haya podido haber una mala explotación de esos recursos, quizá los experimentados geólogos tengan la palabra en éste acápite que es también responsabilidad del Estado el normar y velar su correcta explotación.
Seguramente con ese nivel actual –según la certificación- de reservas alcance para alcanzar para cumplir contratos y quizá para industrialización en alguna de sus fases iniciales, pero dejar de explorar y producir pondrá en aprietos a Bolivia en un futuro mediato.
Boris Gómez Úzqueda es máster en administración de negocios, tiene estudios en gerencia de hidrocaburos y es técnico en operación de plantas y de transporte de hidrocarburos. Es consultor del sector privado.
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