Después de la Autonomía, que venga Hidrocarburos

Por Boris Gómez Úzqueda

Ya está en proceso de aprobación la Ley Marco de Autonomía para el país, seguramente el Legislativo tendrá que encarar la deliberación urgente de una nueva Ley de Hidrocarburos.
Definitivamente la “llave” de la economía boliviana gira y lo hará por las próximas décadas en torno al gas y su nueva economía de valor agregado y negocios encadenados que podríamos, como Estado boliviano, ser capaces de llevar adelante en exitosas sociedades mixtas con capitales externos, y salir, definitivamente del círculo de exportación primaria para –superada esa barrera tecnológica, financiera y regulatoria- pasar a establecer negocios de valor agregado esto requerirá, sin duda, una nueva ley sectorial.
Bolivia tuvo sus etapas de “pensamiento” y visión en hidrocarburos bien marcadas, las dos previas nacionalizaciones y la visión del “triángulo energético” de mediados de los noventa para rematar, actualmente, al proceso de “nacionalización” y posterior “industrialización”. Recordemos, nuevamente, que la nacionalización de 2006 no tiene de respaldo legislativo una Ley de Hidrocarburos, vale decir que continúa ejerciendo bajo la actual ley 3058 cuyo gran mérito –que tampoco corresponde a los padres de la nacionalización- es el haber incrementado notoriamente el tributo a la producción en un 50% de ingresos, vale decir que en el periodo de subida de los precios del barril de petróleo obviamente engrosó la cacha estatal notablemente. Lo raro es que en cinco años de gestión estatal no se hayan preocupado de tener una Ley de Hidrocarburos acorde la necesidad boliviana que está inmersa en el mercado latinoamericano del gas natural.
El nuevo tiempo llegó para quedarse: está definitivamente demostrado que los negocios de industrialización de gas natural –principal proyecto de Bolivia por los próximos cien años- debe estar enmarcado en una legislación moderna que atraiga inversiones, tecnología y mercados internacionales para que con seguridad –y sin que hayan más nacionalizaciones- se animen a desarrollar esa potencialidad dentro el territorio boliviano generando productos energéticos de valor agregado.
La nueva Ley de Hidrocarburos debe establecer específicamente las condiciones de participación estatal y privada en nuevos procesos de exploración, encadenando una exploración exitosa a posteriores procesos de producción y de industrialización. De manera de cubrir todo el espectro que importan operaciones upstream y downstream.
La nueva norma debe establecer un nuevo sistema estatal de hidrocarburos y energía: un superministerio a cargo de desarrollo del sector, una YPFB remozada con carácter corporativo tipo multinacionales privadas, el real fortalecimiento de la empresa boliviana de industrialización EBIH, y una Agencia Nacional de Hidrocarburos que esté a cargo de la regulación. Todas deben tener autonomía de recursos y presupuestos orientados a proyectos rentables.
Quizá para tener una Ley de Hidrocarburos moderna y global haya que reformular el acápite correspondiente en la Constitución que es muy cerrada en la perspectiva energética. Con relación a la participación indígena: es importante la presencia proactiva de los pueblos indígenas, ya no con dádivas o recompensas sino con presencia en los directorios de Ypfb y de la EBIH.
El reto principal de la Ley a deliberar debe ser movilizar parte de los 8000 millones de dólares que el Estado boliviano tiene como RIN reserva internacional neta a proyectos de industrialización a escala de gas en valor agregado: proyectos compartidos para plantas termoeléctricas, gas para siderúrgica del Mutún, la correspondiente al Estado y la provisión a la otra parte privada, proyectos en petroquímica de segunda generación, en plantas de GTL gas a líquidos, proyectos de nuevos gasoductos de integración al norte a Trinidad, proyectos de provisión de LNG a países del norte del Continente y proyectos de nuevas energías como DME dimetil éter para mercados asiáticos. Todo el proceso de industrialización acompañado a cumplimiento de contratos con la región.
Hemos estado insistiendo la necesidad de una Ley de Hidrocarburos desde 2005, cuando se supo que habría nueva administración estatal porque la vocación boliviana en economía es la producción de gas, su comercialización y su industrialización. Países más pequeños con menos gas tienen importantes industrias de valor agregado de gas, caso chile que produce metanol y caso Trinidad & Tobago que exporta LNG, porque tienen legislación adecuada a inversiones externas.
Éste instrumento legislativo es básico para movilizar los flujos de capital ahorrado de Bolivia en su RIN que pueden tener mejor destino en proyectos de valor agregado en gas natural.

Boris Gómez Úzqueda, máster en Administración, ejecutivo de una compañía privada.