La Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia de La Paz negó ayer, por octava vez, la libertad del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, por hallar nuevos indicios que podrían entorpecer la investigación de corrupción en su contra.
La presidente de la Sala Penal Segunda y la vocal, Dora Villarroel, ratificaron la resolución del juez Primero de Instrucción en lo Penal, Carlos Guerrero, quien determinó la detención de Ramírez el pasado mes de febrero.
“Ante la inexistencia de nuevos elementos de prueba que permitan al Tribunal modificar la decisión del juez, el recurso interpuesto por el abogado José Paredes es inviable, por tanto la Sala Penal Segunda de la respetable Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, confirma la resolución cuestionada en todos los términos de su redacción”, precisó el presidente la Sala Penal Segunda.
A su turno, el fiscal José Fernando Villarroel, alegó que “la conducta del imputado no ha cesado, por el contrario se encontraron nuevos indicios que obstaculizan la investigación o la averiguación de la verdad”.
Recordó que una reciente requisa en celdas de Santos Ramírez, en el penal de San Pedro, se halló material de escritorio en blanco con el membrete de YPFB y listas de funcionarios de esa empresa lo que hace presumir que utiliza estos elementos para alterar las pruebas de cargo.
El destituido ex presidente de YPFB, está imputado por conducta antieconómica, asociación delictuosa, la firma de contratos lesivos al Estado y otros tipificados en el Código Penal.
Ramírez fue encarcelado acusado de peculado, tras el escándalo que fue descubierto luego del atraco y asesinato del principal ejecutivo de Catler Uniservice, Jorge O´Connor, en enero de este año, cuando sicarios le arrebataron 450 mil dólares que provenían de un pago a cuenta de YPFB, que el Ministerio Público sospecha era una comisión para su persona.
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