Las ilegalidades del MAS, por Luis E. Siles ex Parlamentario

La monotemática respuesta del oficialismo al referéndum cruceño gira
alrededor de su eventual ilegalidad. Esta afirmación fuera discutible
si quienes la realizan majaderamente tuvieran por lo menos un decimo
de la autoridad moral necesaria. Tanto el presidente, que preside
agrupaciones de personas que destinan su producción en un 95 % al
narcotráfico y el vicepresidente, encarcelado en el pasado por actos
de terrorismo y actor principal de los grotescos atropellos al
parlamento, a la constituyente, al sistema judicial y a las
libertades, se encuentran en una posición ridícula a la hora de
denunciar sobre prevaricación. Quienes ayer asaltaban remesas y hoy
distribuyen plata foránea a discreción solo logran auto
caricaturizarse al señalar con el dedo.

Fueron cabalmente los gobernantes de hoy, en su rol de supuestos
revolucionarios, quienes institucionalizaron este peculiar sistema
de gobierno, a medio camino entre la oclocracia y el chavismo,
mediante el cual la legalidad o falta de ella se define en función
de quien es el infractor. La "forma multitud" la teorización de la
turba como forma de estado, y del linchamiento como método de
coerción, monstruosa criatura del señor García Linera, es la que ha
desatado una situación de anomia jurídica de la que Bolivia tardará
décadas en recuperarse.

El proceso de violación a la constitución y las leyes empezó en
Bolivia a mediados del año 2000, alcanzó su paroxismo en los tristes
hechos de octubre de 2003 y fue una constante presente en los
principales hitos de todos los gobiernos de Bolivia sin excepción,
desde esas fechas. El derrocamiento de Sánchez de Lozada fue
obviamente un acto ilegal, como lo fueron la inclusión de la asamblea
constituyente y el referéndum en la Constitución, ilegalidades
completas e integrales, aprobadas bajo la presión de la turba, como
la consulta sobre los hidrocarburos que por su ambigüedad mas parecía
un trabalenguas.

El estrepitoso fracaso de La asamblea constituyente una tragicomedia
que incluyó cuartelazos, muertos, heridos y maniobras de una grosería
primitiva, como dar por aprobadas mociones sin los 2/3 requeridos o
convocar a reuniones sorpresivamente en otra ciudad a la una de la
mañana, entre muchas otras, acabó por sepultar cualquier posibilidad
de que impere el respeto, no solo por la ley, sino por el otro. La
asamblea no solo decretó que era prohibido hablar de algunos temas
sino que se sentó en la decisión de los bolivianos de 4 departamentos
que habían expresado su opción por la autonomía.

Es con esos antecedentes que debe ser analizado el ejercicio
electoral de santa Cruz, que fue escrupulosamente respetuoso de los
procedimientos legales dentro de las características del contexto, y
que en sí, no constituye si no una consulta legitima, voluntaria, y
civilizada ante el abrumador atropello del que han sido objeto la
ley, y la democracia en Bolivia.