Cuando el pueblo se movilizó en diciembre de 2005 para emitir su voto
en las urnas y elegir un nuevo gobierno, nunca se imaginó que estaba
facilitando la expansión del narcotráfico. Buscando el final de la
partidocracia tradicional, ubicó en el gobierno a un grupo de
cocaleros decididos a convertir a la hoja "sagrada" en el factor de
acumulación económica y eje sobre el cual se produciría una gravísima
escisión nacional.
Ahora el pueblo boliviano sabe que fue un error y por eso los
indicadores de popularidad y aceptación del gobierno caen en picada.
Del inicial golpe de imagen que se trató de exportar al resto del
mundo mostrando a un indígena en el Poder hasta la verdad que ahora
salpica el rostro nacional ensuciado por la coca para la cocaína, han
transcurrido solo dos años y la verdad aflora descarnada.
El matutino La Prensa publicó el día domingo 6 de abril una nota que
por sí sola debía haber generado una repulsa nacional y un debate
serio sobre lo que está sucediendo en el país. Sólo la reunión entre
Prefectos e Iglesia pudo bloquear las repercusiones de lo publicado
en ella y los medios se perdieron, una vez más en lo anecdótico, para
dejar a un lado el fondo de las cosas.
Quiero insertar lo más importante que dijo La Prensa: "Según las
estadísticas nacionales proveídas por la FELCN a la revista, entre
2006 y 2007, más de 600 comunidades fueron la "tapadera" empleada por
los delincuentes para instalar más de 20 mil pozas de maceración y
fábricas de estupefacientes. Cochabamba lidera las cifras con 330
pueblos involucrados, 166 de ellos pertenecientes a la provincia
Chapare; le siguen Santa Cruz con 119 (Yapacaní concentró 31 de los
casos); La Paz y El Alto con 82 villorios, 21 de éstos eran de la
provincia Aroma; la provincia fronteriza de Yacuiba, en Tarija, con
26 aldeas... (más información en la infografía de estas páginas).
Los números no toman en cuenta a los Yungas (La Paz) y el Chapare
(Cochabamba), regiones donde se presentaron en el último par de años
6.287 casos de este tipo (171 y 6.116, respectivamente), con la
destrucción de 17 mil pozas y factorías de producción de droga en las
cuales estuvieron inmiscuidos provincias, cantones, comunidades,
áreas verdes protegidas y de colonización, sindicatos cocaleros e
inmuebles cercanos a las carreteras. A la par, la Fuerza Especial ha
determinado que el "encubrimiento rural" hacia el narcotráfico va de
la mano, específicamente, de otro delito: el contrabando"
Esta es la base sobre la que descansa el señor Evo Morales máximo
dirigente cocalero antes que Presidente de la República. Y ese es el
gobierno que tenemos ahora. Lo que no sabíamos pero sospechábamos es
que: "También hay otras áreas rurales potosinas próximas a Chile que
caen en lo mismo", sentencia Sanabria al retomar lo sucedido en
Luzareta y Queñuani. No especifica lugares, pero afirma que en otras
zonas hay una participación directa o indirecta de los pobladores en
la elaboración de pasta base de cocaína, especialmente por la falta
de conocimiento de la Ley 1008. "Hay corregidores o jilakatas —
contratados por familias— que los azuzan y les ofrecen ingresos
extras y mejoras en la infraestructura de las localidades. A cambio,
les exigen protección y que no pasen la información a los agentes de
la Fuerza Especial".
Este rubro intercambia la mercadería en la frontera. Sanabria revela
que los dirigentes o parentelas rurales involucrados llevan la droga
hasta los límites con Chile y la permutan por dinero o hasta por
productos de contrabando, especialmente vehículos "chutos" (sin
papeles de internación o robados en otros países). Por ejemplo: el
kilo de pasta base se cotiza en Bolivia hasta en 1.200 dólares (2.500
dólares en Chile) y un coche último modelo "chuto" que traspasa el
territorio chileno cuesta, en promedio, 5.000 dólares, entonces se
trocan cinco kilos del narcótico por un automóvil del mismo precio".
Si usted nota en la carretera La Paz – Oruro observará que como nunca
se tienen coches de color blanco recorriendo como "taxis" de una
comunidad a otra. Uno puede pensar que las remesas enviadas desde
España hacen posible este crecimiento de los motorizados en el
altiplano, pero ahora sabemos la fuente que los hace posibles. Y en
el valle cochabambino sucede lo mismo. Estos son los "movimientos
sociales" y el resultado de la cooperación intelectual de
organizaciones no gubernamentales incrustadas en el Palacio quemado.
Estamos no cabe duda ante la empresa estatal más importante después
del gas y que no tiene una contabilización serie en las cuentas
nacionales. Estatal porque cuenta con el apoyo decidido del gobierno
para facilitar toda esta tarea al narcotráfico.
No es extraño que desde estos lugares se produzcan movilizaciones
mercenarias por instrucciones del gobierno para bloquear el Congreso,
avasallar Sucre, bloquear caminos y lo peor para enfrentar el
referéndum oriental del 4 de mayo. Total es la manera que tienen de
pagar la protección de la que gozan.
Altiplano, valles y el oriente están abrazados por los tentáculos del
narcotráfico por eso la resistencia, por ejemplo de Yapacaní y
pueblos del norte cruceño en contra de las autonomías, la debilidad
de Evo Morales es su propia debilidad. Y ahora podemos explicarnos
porque al gobierno no le interesa la economía nacional en su cara
legal exportadora y hace caso omiso de la inflación que golpea a las
urbes empobrecidas de las ciudades. Está en otra cosa. Está en el
negocio de la coca para la cocaína.
Mientras trata de victimizarse ante la comunidad internacional,
expande la coca con el escudo protector de la exclusión y la
discriminación racial. No en vano Evo Morales se mostró como víctima
de la censura internacional, en la cumbre de Río, diciendo que se lo
trataba como narcotraficante desde hace mucho tiempo, sin que le
puedan probar nada.
Ahora tenemos datos, hechos y lugares, el donde, el cómo y quiénes lo
hacen. ¿Será que podemos mirar al cielo para ignorar lo que sucede en
nuestra tierra?
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