Regiones productoras accionistas de las capitalizadas

Por Boris Gómez Úzqueda

El financiador de la bestia autoritaria-centralista son los recursos que genera la venta de gas, protegida bajo el paraguas de una Ley de Hidrocarburos que no es de ésta administración gubernamental. La "nacionalización" no generó un peso en la pretendida "industrialización" ni en "mega inversiones" que ni la aliada de los dirigentes gubernamentales PDVSA puede ahora cumplir por la inestabilidad de Bolivia.

Ahora, en una jugada maestra de cintura pseudojurídica los totalitarios centralistas –al haber fracasado en su oportunidad de planificación energética a largo plazo- echan mano a los pocos recursos que se generan producto de contratos suscritos en la década de los noventa, en detrimento de las regiones productoras (Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca) a las que el autoritarismo les retiene –amén de otras confiscaciones IDH- parte de ganancias (cerca de 35 millones de Dólares) por los líquidos que acompañan al gas exportado en el contrato GSA a Brasil.

La fijación de precios del gas para exportación –de acuerdo a Ley de Hidrocarburos- señala que el precio del gas "rico" descompuesto en "despojado" (o "seco", con poder calórico medido de 1000 BTU) y el de licuables (fraccionamiento de GLP, y gasolina natural superior a 1.000 BTU por pie cúbico), y que han sido tema de diversos debates en su momento ya que si bien es cierto que no se viola el contrato de exportación de gas por fraccionar GLP y evitar que se lo lleve "la corriente" en el gasoducto se entiende que la legislación de hidrocarburos señala que la liquidación de regalías a las regiones productoras es sobre la base del precio de gas efectivamente pagado para exportar.

Ero la viveza criolla de los totalitarios no tiene fin: decretos del Poder Ejecutivo (No. 29434 y No. 29444) ilegalmente re-direccionan que los recursos económicos generados por el fraccionamiento de GLP y gasolina natural del GSA (separación técnica) se calculan en lugar distinto a Río Grande (punto referencial de entrega del gas destinado al GSA a Brasil), ganando así unos pesos extras para seguir movilizando huestes y violentos que cercan el Congreso, que amedrentan a las regiones y Dios sabrá para que tanto dinero ingresado a las arcas del totalitarismo.

Y todo por la falacia jurídico-contable de separar el cálculo de los licuables fuera del cálculo de regalías e IDH medida ilegal parte de la gran confiscación de recursos económicos de departamentos productores.

En lo técnico la separación del GSA (separándole GLP) significa por esa venta a nuestros vecinos cariocas una buena cantidad (afectados calculan en algo más de 150 millones de dólares adicionales al contrato principal) de los que por lo bajo 15% (11 por regalías y 4 por IDH) correspondería a los departamentos productores.

Como justificativo los autoritarios han dicho –otra de sus mentiras- que esos recursos generados de la separación de licuables serán para "industrialización" a cargo de la estatal YPFB, otra de las cantaletas porque la estatal está pasando las peores crisis de mando de su historia con varios ejecutivos echados, y sería destinado –dicen también- para "la recuperación de las capitalizadas Chaco, Andina, Transredes y Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB)" (según D.S. No 29444).

Que se solucione el problema por lo sano: que las gobernaciones sean, entonces, accionistas de las capitalizadas porque los dineros con los que se adquirirá las acciones para lograr mayoría y control fiscal de las mismas vienen de las regiones productoras y no del Estado central.