Los números de la `nacionalización` confiscatoria

Por Boris Gómez Úzqueda

Las dos banderas políticas de la dirigencia estatal fueron derrotadas por su propia impostura e inconsistencia: primero su abortado producto denominado “constitución” que refleja una distorsionada visión nihilista de la historia; y segundo su “modelo” de política energética denominada “nacionalización” que es una abierta confiscación a ingresos por hidrocarburos a regiones productoras y no productoras, que es un robo al bolsillo de los ciudadanos.
Resulta evidente el manejo altamente discrecional de cifras sobre producción y recaudación en el sector Hidrocarburos que desde abril 2007 no tienen actualizadas sus planillas de liquidaciones oficiales de pagos recibidos para establecer montos a recibir por beneficiarios de IDH y regalías perjudicando a Universidades, municipios y prefecturas.
El desabarajuste resulta mayor si consideramos que -acápite aparte del recorte ilícito de recursos de IDH que debieron ser destinados a salud, educación e infraestructura y no así a alimentar rentismos-, las Prefecturas han generado ya una deuda cobrable contra la dirigencia estatal que ya les debe también a las regiones por incremento de precios de venta de gas en el mercado internacional.
No vamos a redundar en el atraso en inversiones y en la falta de herramientas de gestión de la industrialización de gas en valor agregado, ni vamos a insistir en el reclamo de que no existe una política energética integral, ni una planificación a largo plazo; pero sí vamos a reclamar que el incremento de precios de venta de gas a Brasil (de USD 3,38 a 4,45 por millar de BTU) y Argentina (de USD 4,54 a 5,76) son mayores a los proyectados por ingresos en el presupuesto general de la Nación, resultando que el Poder Ejecutivo arrastra una deuda con las regiones cercana a mil millones de Bolivianos. Y ojo que esos incrementos no son por la buena negociación planteada por la dirigencia estatal, sino es la propia inercia del incremento de precios energéticos en los mercados globales que permiten éste veranito de cifras al país.
Hay una cantidad exorbitante de dineros fiscales que el TGN y quizá el “refundado” Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) deben explicar cómo fueron destinados, más aún ahora que el país está en emergencia por desastres naturales y ante su empecinamiento de pagar una renta solidaria (otro Bonosol) sin utilizar fuentes alternativas de financiamiento sino echando mano de recursos públicos regionales.
La fiesta del despilfarro tiene que dar cuenta sobre el 70% de recursos IDH que se le han recortado a Prefecturas (algo más de Bs. 1.292.700.000,00 Mil, Doscientos Noventa y Dos Millones, Setecientos Mil 00/100 Bolivianos), que perjudican presupuestos regionales destinados a mejorar condiciones de vida. Es una prueba contundente de que hay una mala intencionalidad para liquidar a la única trinchera de defensa de la democracia contra el autoritarismo que son los prefectos de Tarija, Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Pando, cortándoles sus ingresos.
Ésta danza de números de la “nacionalización” -que no funciona pero quita dinero- tiene que responder a las Prefecturas por cifra superior a Bs. 449.300.000,00 (Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Millones, Trescientos Mil 00/100 Bolivianos) que por incremento de precios del gas en el segundo semestre 2007 han reconfigurado –con nuevos precios aplicados al cálculo- un nuevo monto de IDH favorable a los gobiernos departamentales sin mencionar deudas similares que la dirigencia estatal mantiene con Municipios y el sistema universitario autónomo.
Sólo por gestión 2007 la dirigencia estatal adeuda a La Paz, su principal bastión de soporte político, Bs. 135.040.000,00 (Ciento Treinta y Cinco Millones, Cuarenta Mil 00/100 Bolivianos), a Santa Cruz Bs. 123.980.000,00 (Ciento Veintitrés Millones Novecientos Ochenta Mil 00/100 Bolivianos), mostrándonos una seria incapacidad de manejo gerencial de la cosa pública y gastando a manos llenas plata ajena.