Dinero del gas para las Fuerzas Armadas

Boris Gómez Úzqueda

Recientemente, la dirigencia gubernamental anunció que cada unidad militar del país recibirá hasta cincuenta mil dólares para “mejorar la infraestructura y dar mejores condiciones a los soldados” con recursos que provendrán de la cooperación internacional ¿venezolana?
Han prometido a las Fuerzas Armadas un porcentaje del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos). Esto sería mejor y muy digno en relación con cualquier dinero de ‘cooperación internacional’. La idea central debe ser potenciar las FFAA a fin de que se generen nuevos líderes internos, que, desde la institución, sean promotores de la democracia.
Pese a que se hizo público que las FFAA presentaron un plan de fortalecimiento, modernización y potenciamiento financiado con una parte del IDH, no tenemos mayor información de que desde el Ejecutivo se haya puesto evidentemente en práctica tal propósito. O que, por lo menos, haya voluntad para incluirla en la nueva repartición porcentual del IDH, que la dirigencia estatal siempre anda propiciando con el afán de perjudicar a las prefecturas que no le son afines.
Los $us 50.000 para cada unidad quedarán ‘chatos’ ante la eventual puesta en marcha de un proyecto serio, estructurado e institucionalizado de traspaso de recursos para contar con unas Fuerzas Armadas que encajen en el siglo XXI.
El Ejército, la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea –en estos tiempos en los que no se pueden concebir guerras entre países de la comunidad dado el avance del Derecho Internacional– están cumpliendo un nuevo rol: el aporte directo al desarrollo en el marco de la defensa de la Constitución, la ley y la democracia.
Por eso es absolutamente imprescindible que sigan forjando cuadros de dirección que sean actores directos en la producción y, por qué no decirlo, en el debate político de orientación y promoción de la democracia. Si bien es cierto que la fuerza militar no delibera y es el guardián de la Constitución, es mejor contar con soldados, oficiales y jefes que aporten al estudio del fenómeno político de construir una democracia incluyente. Las Fuerzas Armadas tienen todo el derecho constitucional de ser parte del diario debate en la construcción de la nación, dada su condición de institución fundamental de la patria.
Y se entiende la modernidad a partir de la creación y la consolidación de escuelas y universidades militares en todas las áreas, que permitan a una cantidad de jóvenes acceder a carreras técnicas, a ingenierías dedicadas a la producción, a la investigación y al desarrollo de todas las áreas de la industria, y no solamente a cumplir con la ‘obligatoriedad’ del servicio militar. Requieren equipos, tecnología y logística que les posibilite tener control real de ciudades, montañas, ríos, selvas y fronteras, y actuar e interactuar con la Policía y otras fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, así como en la preservación de la integridad territorial de enemigos internos y externos.
El pedido de modernizarla y ponerla al servicio de la integración, como indiscutible reservorio de ‘bolivianidad’ y fuente creadora de unidad y preservación de la ‘doctrina de la construcción de la nación’, es un mandato hoy postergado. Es una vergüenza que nos preciemos de ser un Estado democrático y que se mantenga postergado el avance de la institución.
¿Por qué se olvidaron de las Fuerzas Armadas?

fuente: http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-06-11/vernota.php?id=3366