Bonos solidarios e inversiones energéticas

por Boris Gómez Úzqueda

Hay una pata rota en la ‘política energética’ gubernamental: si bien la arista social está cubierta –hay dinero del gas destinado a ciudadanos vulnerables como niños y ancianos–, en la perspectiva comercial no hay nuevas inversiones ni negocios para la industrialización ni el cambio de matriz energética. Y en el lado político hay un contundente quiebre de la democracia.
Es un hecho reconocido hasta por el ministro de Hacienda que no habrá inversiones inmediatas para acelerar el tan esperado cambio de matriz energética de gasolina y diésel a gas natural comprimido (para vehículos), o para mejorar las condiciones de generación de electricidad, o instalaciones de gas domiciliario. Y en 2007 ¡seguirán subvencionando el diésel y el GLP!
La nacionalización –y toda la política energética estatal– descansa su cara ‘social’ en el bono Juancito Pinto y, aunque lo nieguen, en una medida que sobrevive de las reformas estructurales de los hidrocarburos de mediados de los años 90 como el Bonosol. El bono Juancito Pinto es ‘nieto’ del Bonosol; ambas son medidas que se han tomado para darle ‘rostro social’ a las reformas del sector energético.
Está flojeando, sin duda, el tema de las inversiones en el sector que provocó que no haya excendentes (ni de gas ni de dinero) necesarios para acelerar el cambio de matriz energética –proyecto contemplado en el gubernamental Plan Nacional de Desarrollo– y que de continuar las subvenciones (de GLP) y las importaciones (de diésel) se seguirá socavando las arcas del Tesoro General. La subvención llegará a más de 160 millones de dólares, que bien podrían ser destinados a fortalecer a más receptores de estos bonos o generar mayor inversión pública, aunque en los contratos –recientemente aprobados por el Parlamento, pese a las quejas y las dudas expresadas por el ex ‘hombre de la nacionalización’ Andrés Soliz Rada– hay la esperanza de que las compañías invertirán en exploración y explotación de petróleo y gas. Ojo que con el incremento de la cotización del petróleo en el mercado internacional estas subvenciones se tornarán crónicas.
La modernización tecnológica e industrial energética (por ejemplo, de diésel a gas y de ahí a líquidos a través del ‘gas to liquids’) requiere inversiones serias, que no pueden darse en países con visos de transitar de una democracia al autoritarismo. ¡Medio país protesta en defensa de la democracia!
Como las multinacionales –que recientemente cambiaron sus contratos y pasaron de operadoras y comercializadoras a prestadoras de servicios técnicos– están esperando que la nueva y refundada corporación petrolera estatal (YPFB) tome el mando de toda la cadena hidrocarburífera como socia mayoritaria, continúa la pregunta: ¿cuándo vendrán las ansiadas inversiones –de la mano de la nacionalización– para el descubrimiento de nuevos reservorios de petróleo y gas, además de la certificación de reservas existentes? La respuesta es sencilla: vendrán millones de dólares –o euros– en un entorno comercial favorable y en democracia.
La noticia buena de 2006 fue que Bolivia logró un superávit del PIB (5,9%) y un ahorro de 500 millones de dólares, que tendrán que destinarse como ‘cuota de arranque’ para YPFB a fin de iniciar la industrialización. Y esto es gracias a la renta petrolera, recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que creció 380 millones de dólares adicionales y que podrían ser reinvertidos en el sector por la ‘refundada’ y como ‘gancho’ para que las multinacionales que operan en el país y otras vean que este Estado puede poner su cuota parte.