sábado, 26 de febrero de 2011

Trasladan a penal de máxima seguridad a gobernador opositor boliviano




Bajo el justificativo de "preservar su integridad física", el gobierno boliviano del Presidente socialista Evo Morales Ayma decidió trasladar al ex gobernador opositor del estado norteño de Pando Leopoldo Fernández Ferreira (foto) de la cárcel de mínima seguridad "San Pedro" al penal Chonchocoro, de máxima seguridad, ambos en la capital de Bolivia, en La Paz.

De acuerdo con el director de Régimen Interior, Jorge Sueiro, la medida es de su competencia, luego de contar con evidencias sobre el riesgo que Fernández corría en San Pedro, donde otros reos se manifestaron contra la existencia de privilegios.

Fernández enfrenta un juicio por la matanza de unos 17 campesinos afines al presidente Evo Morales, hecho conocido como la masacre de Porvenir, en septiembre de 2008. Pero está -extrañamente- sin juicio y preventivamente detenido a petición del Gobierno.

La ex autoridad también desconoció entonces la declaratoria de estado de sitio en esa región amazónica y hace poco más de dos años está recluido en San Pedro, una de las cárceles más antiguas de Bolivia, enclavada en el mismo centro de la ciudad de La Paz.

El traslado de Fernández es cuestionado por sus abogados de la defensa, legisladores del opositor partido Convergencia Nacional y sus familiares, aunque el ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, estimó que en este caso no hubo violación de derechos humanos.

Albarracín dijo a la prensa que existen normativas, sancionadas por la Asamblea Legislativa en mayo de 2010, que facultan al Director General de Régimen Penitenciario - excepcionalmente- para disponer el traslado inmediato de un reo, cuando exista riesgo inminente de su vida.

La ley, dijo, también establece que la autoridad debe presentar, en el plazo de 48 horas, un informe al juez de la causa, quien definirá si el traslado se mantiene o se revierte.

"El sólo traslado no implica la vulneración del derecho; pero si en la ejecución de esa medida se utiliza violencia, la persona afectada tiene todo el derecho de denunciar a las instancias pertinentes, incluso internacionales", aclaró Albarracín.

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