Por Boris Gómez Úzqueda*
Pareciera que quienes están reclamando por un serio proceso de reforma del sistema estatal que controla el sector energético y de hidrocarburos en Bolivia -entre los que me incluyo modestamente- repetimos fórmulas hasta el cansancio de lo que mínimamente se tendría que encarar en 2011 para que Bolivia retome el camino de ser importante centro distribuidor de valor agregado de energía en el cono sur. No es repetición de ideas, sino símplemente sentido común: Bolivia necesita una nueva Ley de Hidrocarburos con urgencia.
Es ya tiempo de poner en marcha esa potencialidad boliviana de generar industrias de valor agregado del gas: electricidad con plantas termoeléctricas, diesel sintético (GTL) a partir del gas, nuevos energéticos como el di methil éter sustitito del GLP y como combustible, úrea, metanol, fertilizantes, petroquímica de segunda generación para plásticos, solventes, pinturas y otros, además de exportación excedentaria de gas modalidad LNG (gas natural licuificado).
Debe concluir el debate insulso que si tenemos menos gas o si nuestras reservas se esfumaron. No es importante. Los mejores especialistas en geología del país me han comentado –y sus análisis son públicos- que Bolivia tiene menos del 20% de su territorio explorado y que con inversión adecuada en perforación exploratoria, se van a encontrar nuevos reservorios que posteriormente serán certificados y aptos para su comercialización. Los contratos con Argentina, Brasil y eventualmente la industrialización (junto con la puesta en marcha del proyecto siderúrgico el Mutún y el mercado interno) estarán garantizados siempre y cuando haya -paralelamente- inversión en exploración para motivar la producción.
Los procesos de exploración – producción e industrialización van “de la mano”. Varias veces hemos sugerido que el Estado boliviano debe asociarse con capitales externos para –en el marco de una adecuada NPE Nueva Política energética- financiar ése trípode y reposicionar a Bolivia como centro de distribución de energía del Continente. No es un cliché. Los escépticos dudan de la posibilidad de financiar éstos procesos.
La solución parte porque la dirigencia política tome decisiones financieras: por un lado movilizar, como capital de aporte del Estado, hasta 6000 millones de dólares de las RIN –reserva internacional neta- que últimamente está cercana a los 8500 millones de dólares, comprometer el valor de mercado y en Bolsa de Valores la monetización de hasta 3 TCF (trillón de pié cúbico de gas) de las reservas de gas a certificarse a futuro mediano, aceptar el ofrecimiento del presidente de Asoban que le dijo a los medios que “el sistema financiero privado dispone de 4 mil millones de dólares para invertir en proyectos estatales de industrialización del Litio y los hidrocarburos” y con ese colchón de más de 10 000 millones de dólares asociar a Bolivia con capitales externos para hacer un programa intensivo de exploración, de producción y de industrialización en contratos joint venture.
Para esto se requiere, obviamente, una nueva Ley de Hidrocarburos y un ambiente de estabilidad democrática que garantice la inversión externa.
En ésta década debe haber la política del “pentágono energético” traducida en sus siguientes aristas: Exploración de nuevos territorios, Producción de líquidos y gas, Industrialización en valor agregado para mercados externos, Infraestructura social, imprescindible para educación, aeropuertos, carreteras, riego y salud y proyectos en desarrollo de Litio y Hierro: con energía a bajo coste los proyectos de litio y hierro van a ser mucho más rentables.
Esas aristan van a reconfigurar el mapa del desarrollo nacional, van a generar ingresos por renta y rentabilidad y van a reducr drásticamente la pobreza. No es discurso. Es realidad: el gas es posible de industrializarlo y convertirlo en medio de lucha contra la marginalidad y pobreza.
* Máster en Administración de Empresas consultor del sector privado en energía, industria, tecnología e hidrocarburos.
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