Reordenamiento y distribución fiscal de ingresos por hidrocarburos

Por Boris Gómez Úzqueda

Con motivo de la deliberación de una nueva Ley de Hidrocarburos (LH) en el Parlamento, urge una remodelación de la visión y pensamiento sobre ingresos generados por hidrocarburos.
¿En qué debería el Estado central, gobernaciones autónomas y Municipios destinar la cantidad impresionante de recursos generados por el gas boliviano?
Sin entrar en disquisiciones y consideraciones relacionadas a grandes procesos de industrialización de gas en valor agregado, que ciertamente generarían otro tanto de miles de millones de dólares en ingresos adicionales Estado tanto por government take como por participaciones accionarias de proyectos conjuntos, urge reformular las finanzas de los actuales esquemas de negocios de exportación de gas.
Particularmente relacionados a aquellos ingresos por venta de gas a Brasil (exportación oscilante entre 20-31 Mmm3d millones de metros cúbicos por día) y a la Argentina (de 5 a 20 Mmm3d), cuya reciente adenda podría generar ingresos y negocios (periodo 2010-2026) de cerca de 24.000 millones de USD (tomando en cuenta la proyección de cotización media del bbl -barril de petróleo- a 70 USD en el mercado internacional). O “mínimamente” 18.000 millones de USD (si el bbl se cotiza en el mercado internacional en 54 USD). De esas cifras corresponderían al Estado central el 50% (por government take o regalías, participaciones e Impuesto Directo a Hidrocarburos). De manera que se podría contar, fácilmente, en las arcas estatales con cerca de 9.000 millones de dólares (3.000 millones USD en regalías, y 5.000 millones USD por concepto de IDH), en el entendido de que se exportaría considerando el valor más bajo de bbl (54 USD) en el periodo de tiempo señalado. De estar el bbl a 70 USD el Estado percibiría 12000 millones USD (por regalías 4.500 millones USD y por IDH 7.500 millones USD). Si el precio del petróleo sube, se eleva el precio del gas natural de exportación, porque existe una fórmula de cálculo de precio basada en una “canasta” de fuels que el gas reemplaza.
Cifras multimillonarias que de no ser previamente planificadas en infraestructura, reinversión en proyectos de industrialización a escala de gas, tecnología, educación, salud y modernización del Estado para salir de la pobreza, desgraciadamente podrían ser despilfarradas en programas de bajo impacto y sin sentido.
Aquí entran en escena, nuevamente, las regiones productoras que van a reclamar nueva formulación de porcentajes de regalías y nueva distribución del IDH a ser administradas por sus respectivas gobernaciones. El IDH grava exportaciones de gas natural en “boca de pozo” de campos situados en regiones productoras.
Y eso que éstas cifras son, reiteramos, sin considerar las relacionadas a exportación a Brasil ni a los proyectos de industrialización de gas en valor agregado (en conversión de diesel, en generación eléctrica, en plantas de petroquímica y en energías de nueva tecnología, entre otros) que ciertamente requerirán nuevas fórmulas de venta e ingreso, dado que se exportaría valor agregado en vez de exportación primaria de materia prima.
En la reciente adenda con Argentina, sólo como ejemplo, el megacampo de gas Margarita es el principal suministrador de gas a ese país. Conforme anunciaron las compañías multinacionales a cargo de ese campo, en los próximos cinco años se invertirán 1.500 millones USD tanto en Margarita como el otro megacampo Huacaya para elevar la capacidad de producción de gas. Las gobernaciones autónomas de Tarija y Chuquisaca, en consecuencia, tiene la palabra con relación a la fiscalización de ingresos por regalías e IDH generados en sus áreas de producción, debiendo en consecuencia mejorar sus ingresos vía una nueva fórmula de distribución que debe estar incluida en la nueva LH.
Ciertamente no nos hemos atrevido a sugerir modelos de distribución, ni de porcentajes de regalías, pero es un debate pendiente que el Estado central debe encarar con las regiones productoras autónomas, de modo que una LH sea el instrumento definitorio de un nuevo modelo de distribución fiscal. Nuevamente queda demostrada la importancia suprema de los hidrocarburos, del gas particularmente, en la economía boliviana. En consecuencia un modelo de NPE Nueva Política Energética se constituye necesaria para tener una visión adecuada a largo plazo.
Boris Gómez Úzqueda es máster en Administración, ejecutivo de una compañía de servicios en energía, industria e hidrocarburos.