Sobre ofertas electorales

por Boris Gómez Úzqueda

Los ejes temáticos centrales en la arquitectura legislativa, normativa y regulatoria de un Estado moderno, en cuanto se refiere a energía e hidrocarburos, tienen que ver con una Constitución Política del Estado (CPE) moderna, ágil y adecuada a los tiempos globales; una nueva ley de hidrocarburos y energía; una ley de electricidad y una ley de biocombustibles y energías alternativas, es decir, un marco legal que sea atractivo y complementario con las inversiones multinacionales.
La actual CPE no está acorde con los tiempos modernos. Necesitamos otra. La CPE va a dar el marco general: Bolivia acepta contratos de riesgo compartido en negocios de exploración de nuevas áreas, de explotación de nuevos reservorios y de negocios de comercialización de gas con otros mercados; adicionalmente acepta contratos de riesgo compartido en todas las iniciativas de industrialización a escala de gas.
La nueva ley de hidrocarburos será más específica al modelar el diseño de país que queremos ser: atractivo en inversiones. Debe haber, evidentemente, un acápite especializado de ‘industrialización’ como prioridad para nuevos negocios entre el Estado y compañías multinacionales. Debe establecer el marco de lo que son los ejes del desarrollo de nuevas reservas de gas con valor agregado: gas a líquidos (diésel), gas a electricidad, gas para petroquímica de segunda generación, gas para fertilizantes y úrea, gas para nuevos energéticos como dimetil éter, gas excedente para exportación vía LNG…
Las regiones productoras de hidrocarburos deben intervenir con voz y voto. El gran coejecutor de la política estatal de energía e hidrocarburos y de la industrialización a nombre del Estado debe ser Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a cargo de subsidiarias especializadas para cada iniciativa (p. ej., una subsidiaria para la producción de gas a líquidos). Por ello, la nueva CPE que se discutirá, con una nueva ley del sector, debe estar sustentada –para el caso específico que comentamos– en una política de Estado.
El marco regulatorio es importante para la nueva visión de país exportador con valor agregado que puede ser Bolivia en el periodo 2015-2020.
En el afán de incentivar la investigación y el desarrollo de nuevos productos, Bolivia puede ponerse a la vanguardia con una ley de biocombustibles, que de igual forma sea complementaria a la ‘ley madre’, que sería la nueva ley de hidrocarburos y energía, basada en una nueva Carta Magna.
Evidentemente, toda esta arquitectura legal debe ir acompañada de un proceso técnico serio y coherente. Elevar la producción de gas de 40 Mmm3d (millón de metros cúbicos) a mínimamente 80 Mmm3d; de 50.000 Bbl (barriles por día) a 100.000 Bbl; mejorar las condiciones de refino y de transporte, reducir la importación de diésel y evitar ‘huecos’ financieros por subvenciones a combustibles.
En lo macro, urge acelerar alianzas de riesgo compartido con compañías que quieran nuevos bloques exploratorios para certificación de nuevos reservorios. Tomará tiempo, pero se reencauzará al país a la senda de la que nunca debió haber salido: erigirnos en centro energético continental.
Entre tanto se buscará mercados, se fortalecerá los actuales contratos y se buscará fórmulas de negocios de industrialización a escala de gas pensando en mercados de ultramar. Hay que evaluar nuestra capacidad de reservas, nuestros volúmenes de exportación y la posibilidad de industrialización.
La vocación boliviana es la energía y los hidrocarburos. La oferta electoral debe estar orientada a ello.