Los sectores acusan al Estado de ineficiente por no solventar el pago del Bonosol

Los sectores acusan al Estado de ineficiente por no solventar el pago del Bonosol

Naira Menacho G.

El Gobierno podría en un futuro recortar el 50% del IDH para pagar las rentas y bonos comprometidos por el Ejecutivo. Sectores, Prefecturas, Municipios y Universidades aceptan la renta vitalicia, pero rechazan el recorte de los recursos y señalan al Gobierno de ineficiente.
El anuncio de imposición que realizará Morales, sobre el pago de la renta vitalicia, aunque no sea aprobada por el Senado, desencadenó una masiva protesta por parte de todos los actores que participan del IDH.
El pago de 2.400 bolivianos que beneficiará a más de 640 mil personas desde el 2008, demandará al gobierno un gasto de 190 millones de dólares, llegando a restar a los municipios más del 17% de sus ingresos.
Según el nuevo planteamiento que hiciera el Presidente en el proyecto de Ley de la Renta Universal de Vejez (Dignidad) enviada el día de ayer al Congreso Nacional plantea modificar cada tres años el monto. Además, que los 2.400 bolivianos podrán ser pagados incluso en especie.
Para asegurar la renta a la dignidad, el estado pretende ocupar el 30% de los recursos que se asignan a las los departamentos de país, sin embargo según un análisis realizado esto podría significar que en el futuro el Gobierno llegue destinar hasta el 50% de los recursos del IDH para solventar este pago.
Al respecto Gabriel Dabdoub, presidente de la Cainco, señaló que el Gobierno Central, cuando realizó la mal llamada nacionalización de los hidrocarburos, que consistió en la firma de nuevos contratos, aseguró el pago del Bonosol y el Juancito Pinto, pese a que en su momento se advirtió que esta medida afectaría el pago de estos bonos. “El Gobierno Central al momento no ha podido cumplir con su promesa de hacerse cargo del Bonosol, porque no se están manejando de manera eficiente los recursos del Estado, puesto que también el TGN ha recibido un importante incremento en sus cuentas por concepto del IDH”, enfatizó.
Según Boris Gómez Úzqueda, analista en medios internacionales en el tema de energía e hidrocarburos, al respecto sostuvo que “hay una expresa confiscación de recursos de IDH a las regiones, siendo una de las más afectadas Tarija que perderá por el capricho de algún burócrata más de 250 millones de Bolivianos”.
Aseguró que esta nueva ley que propone el Ejecutivo es una simple movida de la dirigencia estatal para impedir el fortalecimiento de las regiones. También dijo que lo que se ve es un ataque a las regiones desde la perspectiva financiera, para que el pueblo no reclame que la nacionalización no funciona, añadió.
Por su parte Mauricio Medinaceli, ex ministro de hidrocarburos explicó que el rol que asume YPFB en estos momento es muy importante porque es ésta institución la que recibe todo el dinero por los hidrocarburos, aproximadamente 2.000 millones de dólares al año y aseguró que con un adecuado manejo de los fondos podrían financiar el Bonosol. Sin embargo comentó que la nacionalización no resultó porque no se realizó un análisis, solo fue un impulso al calor política que vio la línea ideal para un determinado proceso pero que provino de un análisis extenso como se debería hacer.